sala de prensa




Exigimos cortes no mafias asociadas a la alianza criminal


En apenas dos días, el sistema de justicia ha dado muestras evidentes de su nivel de cooptación por estructuras criminales y del gravísimo riesgo para quienes defienden el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos.

En una resolución a todas luces espuria, el miércoles 26 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), da trámite a una solicitud de antejuicio en contra del juez presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul de Paz. El juez Xitumul sufrió una agresión el dos de febrero del presente año, por parte del inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Lindo Cuxaj Ajpop. El inspector Cuxaj condujo un registro ilegal del vehículo del juez Xitumul y durante la acción lo agredió físicamente, al tomarle por el cuello. El juzgador presentó denuncia por abuso de autoridad pero el miembro de la PNC también recurrió a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ), así como a la solicitud de antejuicio.

La Junta Disciplinaria resolvió, con base en la prueba presentada, que no había lugar a sanción alguna en contra del Juez de Mayor Riesgo. No obstante, la CSJ, pese a dicho antecedente, ha dado trámite al antejuicio en contra del Presidente de un tribunal que ya sentenció a Roxana Baldetti por el caso “Agüita Mágica”, así como a cuatro altos ex jefes militares -entre ellos Benedicto Lucas García- por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violencia sexual y detención ilegal de su hermana Emma Guadalupe.

El jueves 27, la Jueza Susan Salazar Escobar, titular del juzgado de primera instancia penal de femicidio actuó arbitrariamente en la audiencia de primera declaración de Juan Francisco Solórzano Foppa. El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue criminalizado por la dueña de Vea Canal, Karina de Rottman quien lo demandó por supuesta violencia contra la mujer, luego de que este publicara un tuit en el cual la aludía por incumplir el convenio de pago con la SAT. En el caso intervino el Secretario General del Ministerio Publico (MP), Rony López quien pese a indicación de fiscales de que no había delito que perseguir, ordenó presentar el caso penal.

Si bien Solórzano Foppa fue liberado de cargos, durante la audiencia la jueza Salazar, en forma arbitraria expulsó de la sala a la representación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). El señor Solórzano, quien ejercía un derecho inalienable debió declarar sin acompañamiento de observación independiente, pese a que el caso no incluye elemento alguno que amerite protección a la supuesta víctima cuya denuncia pervierte el sistema de protección de la violencia contra las mujeres. Estos hechos constituyen una expresión alarmante del uso indebido del sistema penal como arma de represión en contra de operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en ejercicio de sus derechos y libertades.

Por lo tanto, como organizaciones de derechos humanos expresamos nuestro apoyo al juez Pablo Xitumul de Paz y a Juan Francisco Solórzano Foppa, acusados de manera espuria. De igual forma manifestamos nuestro respaldo a OACNUDH y a la UDEFEGUA, cuya labor ha sido obstaculizada.

Exigimos a la CSJ anular su disposición de iniciar antejuicio en contra del Juez Pablo Xitumul. A la Jueza Salazar Escobar, que deje de violentar el debido proceso y no impida presencia de observación independiente en casos de personas defensoras de DDHH. A la Fiscal General Consuelo Porras que investigue, sancione y procese el actuar del Secretario General Rony López.

Llamamos al movimiento social y a la sociedad guatemalteca a defender el Estado de Derecho y las garantías constitucionales ante el grave riesgo de arbitrariedad que pretende instalar la #AlianzaCriminal.

Guatemala, 28 de junio de 2019


CAFCA - CALDH - CIIDH - ECAP - ICCPG - ODHAG - SEDEM - UDEFECGUA - UNAMG




DESPEJAR LA SOMBRA DE IRREGULARIDAD. Pronunciamiento sobre la situación del Fiscal contra Delitos Electorales.



Pronunciamiento de la Convergencia por los Derechos Humanos en apoyo a las comunidaes afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy.



Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala


Resumen:

En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Destaca los avances y desafíos, con enfoque en temas relacionados con justicia, seguridad, la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, personas con discapacidad y migrantes, y derechos económicos, sociales y culturales. La Alta Comisionada describe las actividades de la Oficina y concluye con una serie de recomendaciones a varias instituciones del Estado y otros interesados.





8 DE MARZO: Día internacional de la mujer


En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.Además de Clara Zetkin hay que señalar los nombres de otras pioneras en la reivindicación de los derechos de las mujeres como Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kolontái, Nadezhda Krúpskaya e Inessa Armand.




JORNADAS POR EL ESTADO DE DERECHO