sala de prensa

Centenario de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos

Sin dilaciones, ni excusas, el Personal Sanitario requiere de equipo de protección ante el Covid19


Las organizaciones sociales, populares, indígenas, de mujeres y de derechos humanos abajo firmantes, expresamos:

1. Por toda la sociedad es conocida la precariedad crónica del Sistema de Salud, como resultado del histórico abandono al que el Estado de Guatemala lo ha sometido. Esto ha provocado que más de un 20% de familias en el país, no cuenten con ningún tipo de servicios de salud y que los existentes se provean en un marco de insuficiencia de personal médico y sanitario y de insumos básicos para la plena garantía del Derecho a la Salud.

2. Aunado a lo anterior, una creciente deuda ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS- por parte del Estado y de la iniciativa privada, produce que en su conjunto, la población guatemalteca esté al desamparo y sin posibilidades de gozar de salud.

3. En este marco, nos sorprende una pandemia que desde finales del año pasado golpea a la humanidad. Sin embargo, y a pesar de la experiencia observada en el abordaje exitoso de n1uchos países, en Guatemala, siguen sin generarse las estrategias que nos permitan efectivamente contener la enfermedad.

4. Una de las medidas más importantes para atender con relativo éxito a esta pandemia, consiste en incrementar las tasas de inversión hacia la garantía del Derecho a la Salud, situación que no está ocurriendo, a pesar de que el Congreso de la República aprobó varios créditos y una ampliación presupuestaria para el efecto.

5. Desde hace días se han hecho públicas varias denuncias desde el personal sanitario, tanto en los Hospitales Nacionales Roosevelt y San Juan de Dios, así como del Hospital de Villa Nueva y el provisional del Parque de la Industria y otros. En las mismas, manifiestan que no cuentan con Equipo de Protección adecuado para realizar sus labores de atención a la población que asiste a dichos centros, puestos y hospitales del país.

6. La respuesta desde el Gobierno de Alejandro Giammattei, incluyendo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha sido la estigmatización, difamación y criminalización del personal médico y sanitario y no la debida diligencia para proveer de recursos.

De esa cuenta, las organizaciones abajo firmantes demandamos:

1. Hacer valer el mandato constitucional del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y cumplir con la solicitud de la destitución del Ministro de Salud Pública para que la cartera pueda disponer de una persona que ejecute de manera ágil y eficiente las recomendaciones de expertos. En particular, lo relativo a brindar de todo el Equipo de Protección necesario para el personal médico y sanitario y a cualquier otro personal dentro de los Centros, Puestos y Áreas de Salud, así como a Hospitales.

2. Agilizar el abastecimiento del adecuado Equipo de Protección de Personal y la contratación de personal pertinente para no desatender otros servicios de salud esenciales. Esto implica agilizar la utilización transparente de los recursos disponibles.

3. Valoramos positivamente la creación de la Comisión para la atención de la Crisis de la Pandemia y la designación del reconocido profesional Edwin Asturias. Sin embargo, nos permitimos valorar que su trabajo no será efectivo si la corrupción y el esquema elitista y autoritario continua por parte del Gobierno de Alejandro Giammattei.

Gratitud y admiración al personal sanitario que atiende a quienes hoy sufren de la Pandemia del SARS-CIVODl 9.

Guatemala, 22 de mayo de 2020

RECHAZAMOS VETO PRESIDENCIAL AL ALIVIO ECONÓMICO


El Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2020, "Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por Ia pandemia del Covid-19", que incluye moratoria de pago por servicios básicos y prohibición de suspenderlos.

Dicho decreto fue trasladado al Ejecutivo, presidido por Alejandro Giammattei Falla, el 7 de abril, a fin de que este lo conociera, sancionara o vetara. El presidente Giammattei esperó hasta el último minuto para vetar el Decreto y enviarlo de vuelta al Congreso, el cual tiene que reunir dos tercios de votos (107) para rechazarlo y enviarlo a publicar como aprobado. Días antes el Ministro de Economía, el empresario Roberto Antonio Malouf Morales afirmó que dicha norma debía ser vetada porque podría promover "una cultura de impago" en la ciudadanía.

Previamente, el gobierno de la república autorizó en los decretos de Estado de Calamidad y por medio del Ministerio de Trabajo (Mintrab), la suspensión de los contratos laborales en el sector privado, en un claro ejercicio de favoritismo hacia el mismo y en detrimento de las personas trabajadoras.

No es secreto que la situación de suspensión de contratos laborales, los despidos que se han producido, la disminución de jornadas laborales para reducir el pago al personal, así como la reducción o eliminación de los ingresos de personas que laboran por cuenta propia ha golpeado la economía de cientos de miles de familias guatemaltecas. De allí que la disposición contenida en el Decreto 15-2020 era un paliativo a la situación de agobio que estas familias pueden enfrentar.

Tampoco es secreto que el acceso a energía eléctrica, servicio de agua entubada, así como telefonía y comunicaciones resultan vitales en las condiciones que impone la pandemia del Covid-19, algo que ni el presidente Giammattei ni su gabinete desconocen. Por lo tanto, haber vetado este decreto no tiene razón de ser y violenta de forma flagrante los artículos 1o y 2o de la Constitución Política de la República.

Por lo tanto, como Convergencia por los Derechos Humanos:

1. Rechazamos y condenamos el veto presidencial contenido en el acuerdo gubernativo 61-2020 porque solo sirve a los intereses comerciales de los empresarios que controlan estos servicios y atenta contra las medidas necesarias de resguardo sanitario de la población guatemalteca.

2. Exigimos al Congreso de la República rechazar mediante voto calificado el veto presidencial, por contravenir a los intereses de la mayoría y ordenar la publicación del mismo.

3. Exhortar al Procurador de los Derechos Humanos para que acuda en amparo ante la Corte de Constitucionalidad a fin de proteger a la ciudadanía de las consecuencias de una acción egoísta y elitista del gobierno de la república, en detrimento de la mayoría de la población.

4. Llamar a las organizaciones sociales y comunitarias a pronunciarse en contra de esta disposición y a reclamar a sus diputados distritales que actúen en beneficio de la población que representan y no de intereses corporativos.

Guatemala, 29 de abril de 2020

Lanzamiento internacional de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019


EN LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS MILITARES CONDENADOS Y EN PRISIÓN PREVENTIVA PRETENDEN SALIR DE LA CÁRCEL


En estos momentos en los que la sociedad guatemalteca atraviesa una crisis frente a la Pandemia del COVID- 19, y cuando miles de sobrevivientes del genocidio respetan el aislamiento social promovido por el Estado de Calamidad, con limitaciones de acceso o medios de comunicación e imposibilitados de sus derechos de alimentación, trabajo y salud; vemos con suma preocupación las intenciones de salir de prisión, de cuatro militares condenados y uno en prisión preventiva por graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra.

Es preocupante que sectores vinculados a intereses de impunidad, hayan presentado en estos días uno acción de Amparo ante lo Corte de Constitucionalidad solicitando que estos cinco exmilitares sean beneficiados con arresto domiciliario, con el argumento de evitar su contagio de coronavirus, utilizando de esta forma una situación de crisis para facilitar la Impunidad y evadir la ley aplicada en las respectivos sentencias y procesos abiertos por delitos de gravedad universal.

Esta no es lo primera vez que se interponen acciones para cambiar la situación de los condenados y evitar su condición de reclusión por lo que manifestamos nuestro inconformidad y rechazo total ante las solicitudes hechas, e instamos o los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que rechacen los acciones planteadas pues el Amparo pretende otorgar privilegios incompatibles con lo gravedad de los hechos cometidos, violencia sexual, genocidio y desaparición forzado que sigue cometiéndose mientras no aparezcan los víctimas de sus actuaciones:

• Los ex militares Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Benedicto Lucas García, fueron Juzgados y condenados en un tribunal de mayor riesgo, demostrando así que cometieron desaparición forzado, violencia sexual y delitos contra los deberes de humanidad en el caso Molina Theissen. Y actualmente, mientras su sentencia condenatoria causa firmeza, por orden judicial y con base en el principio de legalidad se encuentran privados de su libertad asignados a la cárcel Mariscal Zavala, sin embargo, por su situación de salud fueron enviados al Hospital Militar, lo que ya constituye un privilegio sobre los demás privados de libertad;

• El ex militar Raúl Dehesa Oliva, se encuentra en prisión preventiva por el caso de la Zona Militar No. 21- CREOMPAZ. Benedicto Lucas García, aunque yo fue condenado por el coso Molina Theissen, también enfrenta otros dos procesos judiciales por los que se encuentra en prisión preventiva: caso Zona Militar No. 21 y Caso Genocidio contra el pueblo maya lxil (1978-1982). En el cual está procesado también Manuel Antonio Callejas y Callejas. Por ambos casos los jueces de garantía respectivos tomaron la decisión de mantenerlos en estas condiciones por la gravedad de los crímenes de los que son sindicados, así como por la posibilidad de fuga.

• Las sanciones por los delitos de lesa humanidad cometidos por estos exmilitares tienen que ser proporcionales o los crímenes que cometieron, por lo que las medidas como prisión domiciliaria no son aceptables, al contrario, eso constituiría un nuevo mecanismo de impunidad.

Es responsabilidad del Estado de Guatemala, específicamente el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Salud garantizar la salud y la vida de las personas privadas de libertad, dentro de las Instalaciones destinadas a su reclusión bajo estricto aislamiento. El arresto domiciliario no es garantía de una mejor condición para la salud de estas personas, al contrario, y por los antecedentes de estos exmilitares deben permanecer en su centro de reclusión.

LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DEBEN SER JUZGADOS Y LOS RESPONSABLES CONDENADOS NO MÁS IMPUNIDAD

Coordinación Genocidio Nunca Más

Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León"(AEU)
Asociación Feminista Lo Cuerda
Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Conoce tu Pasado
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Woqib'Kej
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Familiares del Diario Militar
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. Guatemala)
lmpunity Watch (IW)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
The Human Rigth Defender Proyect (HDRP)
Unidad de Protección o Defensoras y Defensores en Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Convergencia por los Derechos Humanos

Plataforma de Víctimas

Asociación Civil Oxlajuj Q'anil
Asociación de Autoridades Ancestrales Indígenas Campesinas de Víctimas del Conflicto Armado Interno
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)
Asociación de Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ)
Asociación de Vecinos de Chicoyogüito (AVECHAV)
Asociación de Víctimas de Uspantán
Asociación de Víctimas por la Paz y lo Justicia Oxlajuj Kej
Asociación de Víctimas Rudy Monterroso, San Marcos
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes de BV
Asociación Memoria, Dignidad y Esperanza (AMDE), Santa Lucía Cotzumalguapa
Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR)
Asociación Q'anil Maya Kaqchikel
Comité de Desplazados Internos Los Josefinos, Petén
Comité de Familiares de Sobrevivientes de Las Dos Erres, Petén
Comité de Familiares de Víctimas, El Recuerdo, Petén
Comunidades de Población en Resistencia CPR-lxcán
Comunidades de Población en Resistencia CPR-Sierra
Consejo de Mujeres Mayas lxmucané
Consejo Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CONAVIC)
Coordinadora de Desplazados forzados de las colonias de la ciudad Coordinadora de Organizaciones de Víctimas del Municipio de lxcán (CORVIMI)
Coordinadora de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en Alta Verapaz (COSAI)
Coordinadora de Víctimas Qanil de Chimaltenango
Coordinadora de Víctimas Qanil de San Andrés Sajcabaja
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)
Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI)
Coordinadora Regional de Oriente y Nororiente
Desplazados Forzados del lxcán Grande de Escuintla
Movimiento Nacional de Víctimas Q'anil Tinamit
Movimiento Regional de Víctimas de Alta Verapaz
Red Nacional de Víctimas
Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales (UNACODHI)

Plataforma de guatemaltecos y guatemaltecos en el exilio víctimas del terrorismo de Estado Víctimas, sobrevivientes, querellantes y organizaciones que apoyamos el caso CREOMPAZ

Organizaciones Guatemaltecas en Canadá

Elders for Environmental Justice-Montreal
AWL-OLDER Women Live Collective (CKUT) Todos por Guatemala
Comisión de Derechos Humanos de América Latina - CDHAL
Representación Fundación RIGOBERTA MENCHÚ CANADÁ

Guatemala 17 de abril de 2020.

El COVID-19 no discrimina; tampoco lo hagas tú.



Sólo con la verdad y el pleno respeto a las garantías constitucionales y democráticas saldremos adelante


La Convergencia por los Derechos Humanos frente a una serie de acciones tomadas por el Presidente de la República, Alejandro Giammattei, tanto en el Decreto que da vida al Estado de Calamidad Pública, las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, así como en las reiteradas Cadenas Nacionales y conferencias de prensa, expresan:

1. Tal y como lo expresamos en el Comunicado de Prensa del 26 de marzo del presente año (privilegiar la vida y la seguridad de las personas), se recomendó que se actuará en sintonía con las estrategias exitosas que en varios países ya se habían implementado, tales los casos de China y Corea del Sur y que Guatemala tenia ya suficientes ejemplos internacionales de acciones gubernamentales que sólo habían redundado en ampliación de la enfermedad y por ende de la muerte y desolación.

2. Con un sistema de salud empobrecido, Guatemala requiere de medidas extraordinarias no solo para enfrentar el Coronavirus sino para recuperarlo para la población. Lamentablemente, hasta el momento, el gobierno de la república y el Congreso se han enfocado en resolver y atender los intereses del gran capital, de los dueños de los monopolios y del sistema bancario.

3. Lamentablemente el Presidente de la República, el Ministro de Salud Pública y otros funcionarios de manera contradictoria y contraviniendo lo establecido en las mismas normativas que han creado, se han dedicado a cerrar la información para las y los periodistas y por ende para la población en general. Esta decisión de ocultar, restringir la inclusión a fuentes de información, desinformar, incluso hasta mentir implica una clara censura al ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento.

4 . El artículo 35 de la Constitución Política de la República establece que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa y que este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. También recordamos al Presidente de la República y demás funcionarios del Estado guatemalteco que es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.

De tal cuenta que, la Convergencia por los Derechos Humanos, exige al Estado de Guatemala, en particular la Organismo Ejecutivo:

1. Antes que la protección de los históricos privilegios de un pequeño segmento de la población, está la vida y el bien común de toda la población guatemalteca; por lo que nos sumamos a los múltiples llamados de fortalecer y profundizar la medidas de distanciamiento social, inversión en salud y atención a poblaciones en vulnerabilidad, que se han realizado desde la sociedad civil, diversas personas especialistas en salud pública, médicos y médicas que están afrontando la atención en hospitales, centros y puestos de salud, así como grupos organizados de profesionales de distintas especialidades.

2. En esa sintonía, rechazamos categóricamente la pretensión de levantar o flexibilizar la cuarentena o permitir que servicios no esenciales inicien de nuevo sus operaciones.

3. Exigin1os que el Presidente de la República respete, proteja y haga valer el artículo 35 de la Constitución Política de la República y con ello se permita a las y los periodistas la información epidemiológica pertinente y necesaria, sobre los y las afectadas a raíz de la Pandemia del Coronavirus.

4. Así mismo se instalen los procedimientos y mecanismos necesaiios para la debida atención sanitaria, así como la protección a las y los afectados por el Coronavirus, así como a sus familias y comunidades, eso debe incluir la seguridad de la población en general.

5. Al Procurador de los Derechos Humanos iniciar la investigación correspondiente sobre los hechos denunciados por periodistas sobre el cierre de información por parte del Organismo Ejecutivo y Legislativo, resuelva la existencia de violación a los derechos humanos y recomiende la destitución de funcionarios que hubieren incurrido en esta grave y antidemocrática acción. 6. Al Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas iniciar los procesos de fiscalización e investigación de las múltiples denuncias sobre anomalías que pudieran conducir a actos de corrupción, en el marco del Estado de Calamidad Pública.

Guatemala, 12 de abril de 2020.

10 claves sobre el COVID 19: entrevista con el Doctor Eduardo Arathoon


Reconocido como un infectológo experimentado en la región, el Doctor Arathoon también ha liderado la lucha contra el VIH/SIDA, siendo quien demandó al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por no velar el derecho a la salud de los pacientes con sida.

Siendo una persona que le importa la vida, desde el inicio de la epidemia tanto él como la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI) lograron reunirse con el presidente Giammattei para darle su opinión. No obstante, el presidente no ha vuelto a reanudar las conversaciones con un equipo que, con más de tres décadas de atención, tiene mucho que aconsejar.

Aprovechando la entrevista que el medio digital OCOTE le hiciera, resumimos aquí 10 aspectos claves.

1. El panorama más negativo para Guatemala es que se contagie el 60 o 70% de la población y que la gente empiece a morir ahogada porque no hay suficientes respiradores, o que los médicos se tengan que enfrentar a decidir en salvar a una persona y dejar morir a otra, describe Arathoon. Señala las condiciones precarias del sistema sanitario de Guatemala y una estrategia de detección “arcaico” -al centralizar las pruebas en el Laboratorio Nacional de Salud-. El médico pone en duda que el gobierno se esté dejando asesorar de voces calificadas y cuestiona si se están anteponiendo intereses económicos al de las vidas humanas.

2. El Laboratorio Nacional en donde se han centralizado las pruebas del COVID 19 no son laboratorios de servicio, no están a la par del paciente o cerca del paciente; además de eso no tienen la mística de salvar gentes. Ellos lo que hacen es recabar números para entregárselos a los epidemiólogos. Eso está muy bien para medir la epidemia, pero los números son personas y no están tomando en cuenta la vida de las personas.

3. Cuando hacemos una prueba (del coronavirus) nos están regresando el resultado en 24 o 48 horas, mientras tanto el paciente si llegó a un hospital público, está a la par de otros pacientes que tienen síntomas similares -que tienen tuberculosis, por ejemplo-, entonces se están exponiendo a otras enfermedades. Pero si están negativos, también se están exponiendo al SARS-CoV-2. Entonces, llega un momento en que los hospitales se pueden volver centros de multiplicación de infecciones. Eso sucede cuando no existe in situ, en el mismo lugar, el laboratorio.

4. Hemos conseguido mucho equipo, secuenciadores -que fueron lo que usaron en China-, y una máquina que hace la prueba que está haciendo el Ministerio a mano. En tres horas nos saca 80 resultados, esta máquina es totalmente automatizada. De estas hay tres en el país en las clínicas de VIH. Una está en el Roosevelt, que trabajan aparte. Una en la clínica Luis Ángel García (en el Hospital San Juan de Dios), y otra en Quetzaltenango.

5. Por la experiencia con el VIH, se ha conseguido mucho equipo como secuenciadores, ofrecido muchas veces hacerles las pruebas, con este mismo sistema, darles los resultados, saber quiénes son los pacientes, sus celulares y no nos dejaron hacerlo. Y prefieren hacerlo allí, a paso de tortuga, mientras la gente está sufriendo las consecuencias. Gente que se está contagiando, mientras espera los resultados; o que podría contagiar a sus familias y a los hospitales. Porque cuando no tienen muchos síntomas se les manda a su casa, y sin resultados los pacientes no van a tomar muy en serio la cuestión. Entonces, esa lentitud para mí es muy mala… Está haciendo que la gente se contagie.

6. Si algo nos ha enseñado esta epidemia es que tecnológicamente estamos mucho más avanzados. Podemos comunicarnos todos por medio de Zoom en la web, podemos hacer las plataformas como hicimos hace cinco años en Fungired para mandar los exámenes. Esta gente no está haciendo uso de la tecnología, que si no es de punta, por lo menos que sea la de dominio público. Siguen usando los métodos que se utilizaban casi que en 1918 con la epidemia de influenza.

7. Hay intereses políticos que tienen que ver con el control. Alarmar o no a la población. Si están aceptando lo que dice el Presidente o no. Si quieren esconder que la epidemia es muy grande y que va a ser un desastre porque no hay ventiladores. Si uno empieza a pensar mal, tiene mucho campo donde pensar mal. En una epidemia como ésta, lo primero que hay que hacer es ser transparentes, honestos y tratar de escuchar y analizar. Eso fue lo que hizo Corea: ha sido muy transparente en lo que está haciendo y va saliendo adelante. Estados Unidos perdió mucho tiempo gracias a la arrogancia de un ser humano, esos son errores políticos por estar ocultando cosas. Y aquí creo que va camino hacia eso, no hacia eso quizás, porque empezamos a tiempo a separar a la gente, pero hay que tener mucho cuidado en cometer esos errores.

8. Al Ministerio de Salud, vamos a tener que replantearlo después de esto. Que cuando el Presidente se enferme se va a ir al San Juan porque hay buena medicina. Ahora, cuando alguien no tiene un seguro, mira cómo se endeuda porque sabe de las condiciones deplorables en que se encuentran los hospitales. Como sucede en otros países que son los hospitales públicos los que dan el mejor servicio, o que son los únicos que funcionan. Aquí funciona un hospital para gente pudiente y otro para gente pobre. Y eso no puede ser así. Quizás deberían entender que la fuerza de trabajo del país tiene que estar sana.

9. Personas cortoplacistas, con visión cortoplacista, están presionando al Presidente. De la parte económica del país. Pero estas personas, va a llegar un momento en que van a entender que sin población sana no hay economía. Aquí la prioridad, es que son las vidas humanas y no la economía lo que importa.

10. El presidente estaba convencido de que había que hacer el distanciamiento social, pero después ya jamás nos volvió a llamar. Hablamos con él un sábado, y jamás nos volvieron a tomar opinión. Quizás le llegaron a endulzar el oído, le dieron dinero para hacer el hospital y lo compraron. Le compraron la toma de decisiones.

Guatemala, 12 DE ABRIL DE 2020.

La Convergencia por los Derechos Humanos, lamenta el fallecimiento del reconocido y destacado sociólogo

Dr. Héctor Rosada Granados

El Doctor Rosada Granados realizó valiosos aportes al conocimiento de la sociología militar, al estudio de las fuerzas armadas y al análisis del rol desempeñado por estas en la historia reciente del país.

La rigurosidad de sus estudios le permitió ofrecer valiosos peritajes en los procesos de justicia ante graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Que su legado académico perdure como su encuentro con la verdad.

Guatemala, 11 de abril de 2020

RECHAZAMOS LAS INTENCIONES DE QUERER CERRAR LA SECRETARÍA DE LA PAZ - SEPAZ


Las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno rechazamos las intenciones de algunos funcionarios públicos de querer cerrar la Secretaría de la Paz (SEPAZ), el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y otras instituciones que nacieron como parte de los Acuerdos de Paz. Comprendemos que el país enfrenta una grave crisis de salud por la propagación del Coronavirus COVID-19, pero la solución no es cerrar ni debilitar las instituciones encargadas de cumplir los compromisos de la paz.

La SEPAZ y el PNR fueron creados para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y resarcir los daños causados a las víctimas y comunidades afectadas por la violencia del conflicto armado interno. Desde el 2012, ambas instituciones han sufrido un grave debilitamiento por la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores, la mala administración de los funcionarios y su bajo presupuesto. Sin embargo, la SEPAZ y el PNR siguen siendo instituciones importantes para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y garantizar que las atrocidades del pasado no se repitan.

Por lo anterior, solicitamos al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei que nombre lo antes posible a las personas que dirigirán la SEPAZ y el PNR, ya que hasta la fecha no ha nombrado a las autoridades de estas instituciones. Pedimos que designe a personas capaces, honradas y con experiencia en el campo de los derechos humanos. Igualmente pedimos que se garantice el resguardo de los expedientes del PNR porque contienen información de víctimas del conflicto armado interno, y que a dichas instituciones se les asignen los recursos necesarios para que cumplan su mandato. Es importante recordar que la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado interno son personas de la tercera edad, que viven en comunidades indígenas, y que están expuestas a los mismos problemas de salud y pobreza que el resto de la población. Por ello el Gobierno tiene la responsabilidad de atenderlas y garantizar que se respeten sus derechos humanos.

Finalmente llamamos al Procurador de los Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional a velar por el respeto de los compromisos de la paz y que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones con las víctimas y sobrevivientes de las graves violaciones que se cometieron durante el conflicto armado interno.

Guatemala, 11 DE ABRIL DE 2020

Asociación Bufete Jurídico Popula (ABJP), Rabinal / Asociación de Desarrollo Integral de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno Maya Achi “Kajib’ Keej” (ADISCAIMA), Baja Verapaz / Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León” / Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) / Asociación de Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ) / Asociación de Vecinos de Chicoyogüito (AVECHAV) / Asociación de Víctimas de Chimaltenango Asoq’anil / Asociación Memoria, Dignidad y Esperanza (AMDE), Santa Lucía Cotzumalguapa / Asociación Oxlajuj Qanil, Alta Verapaz / Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas “Rudy Monterroso”; San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán / Asociación para la Dignificación y Desarrollo Integral de Comunidades Víctimas del Conflicto Armado Interno de Uspantán (ASODDICVICAIRU) / Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) / Comité de Víctimas de la Comunidad Primavera del Ixcán, Ixcán / Comité en Resistencia de Sobrevivientes del Pueblo Q’eqchi’ (CORESQ) / Comunidades de Población en Resistencia (CPR-Ixcán) / Comunidades de Población en Resistencia (CPR-Sierra) / Consejo Nacional de las Comunidades para el Desarrollo Integral de Guatemala (CONCODIG) / Consejo Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CONAVIC) / Consejo Regional de Víctimas Maya Kaqchikel, Chimaltenango / Coordinadora de Desplazados de las Colonias Marginales de la Ciudad capital / Coordinadora de la Región Oriental; Chiquimula, Zacapa, Jalapa y Jutiapa / Coordinadora de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de Alta Verapaz (COSAI) / Coordinadora de Víctimas del Municipio de Ixcán (CORVIMI) / Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) / Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI) / Coordinadora Regional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Región Maya Mam, Huehuetenango / Desplazados y Retornados de la Costa Sur / Familiares de Víctimas del Diario Militar / Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) / Movimiento de Víctimas Q’anil, Región Maya Quiché / Movimiento Nacional de Victimas “Q’anil Tinamit” / Movimiento Regional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Región Maya Q’ekchi/Poqonchi, Alta Verapaz / Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán / Red Nacional de Víctimas / Sobrevivientes del Caso de Violencia Sexual contra Mujeres Achi / Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales (UNACODHI)


PRIVILEGIAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS


Los artículos primero y segundo de la Constitución Política de la República son contundentes: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común. El Estado tiene el deber de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo Integral.

Esa y no otra es su función. Esa y no otra es la tarea central asignada a las autoridades electas. el Presidente Alejandro Gíammattel y el vicepresidente Guillermo Castillo, así como las y los 160 diputados. quienes tomaron posesión el 14 de enero. Por ello son quienes tienen la responsabilidad de que las políticas públicas con relación a la pandemia del Covid-19 (Coronavirus), tengan como eje de acción. las personas. todas las personas, que habitan este territorio.

Cuando recién cumplían un mes en el cargo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aplicaron por primera vez la prueba del Covid-19. A esa fecha ya se conocía de los impactos de la enfermedad en varios países, así como de los resultados de las estrategias. Tales los casos de China y Corea del Sur. quienes, al final, lograron detener el avance de la enfermedad mediante acciones de distanciamiento social y ejecución masiva de pruebas para atención temprana de casos. La acción tardía, como en los casos de Italia y España, ha representado graves consecuencias para la población y los sistemas de salud de esos países. Guatemala tiene espejos en dónde verse para lo que significa alojar la enfermedad en etapas tempranas. Aunque la enfrenta con la enorme desventaja del rezago de medio siglo en el sistema de salud desmantelado.

Con un sistema de salud empobrecido, lo cual es del conocimiento del presidente Giammattei, según evidenció durante su campaña. Guatemala requiere de medidas extraordinarias no solo para enfrentar el Coronavirus sino para recuperarlo para la población. Lamentablemente, hasta el momento, el gobierno de la república y el Congreso se han enfocado en resolver y atender los intereses del gran capital, de los dueños de los monopolios y del sistema bancario. Las medidas como el seguro escolar, el fondo para las PYMES pero con dedicatoria a las personas políticamente expuestas (entiéndase los mismos diputados y funcionarios), van dirigidas a favorecer a las élites y no a solventar la problemática de los sectores mayoritarios.

Las pequeñas, medianas, micro empresas, profesionales y cuentapropistas (mal llamada economía informal), -quienes son más del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), han sido prácticamente abandonados a su suerte. En tanto que, en una errónea manera de enfrentar la crisis, el Ejecutivo se ha decantado por disposiciones autoritarias y represivas que vulneran los derechos humanos. Mismas que estimulan acciones abusivas como la persecución a personas que se presume padecen la enfermedad o, el caso gravísimo del encierro decretado por el alcalde de lpala que enclaustró a una familia.

Tenemos frente a nuestros ojos un enorme desafío ante una realidad que cuestiona el sistema según el cual han funcionado las cosas. Un sistema que ha empobrecido a la mayoría de la población. Un sistema que ha privilegiado el Interés de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría. Un sistema que ha satanizado el ejercicio de los derechos humanos, quitando con ello la esencia misma de las personas. En ese sentido, consideramos necesario plantear.

Nuestro reconocimiento:
1) A todo el personal de los servicios de salud en todo el país, quienes hacen un esfuerzo titánico, con recursos paupérrimos, para atender a la población y garantizar el derecho a la salud y la vida.
2) A las y los trabajadores de los distintos servicios esenciales y de abasto, quienes sin garantías de seguridad. sin transporte y con la incertidumbre sobre su salud, la de sus familias y su futuro económico, mantienen el abastecimiento de productos esenciales.
Nuestro llamado:
3) A la Presidencia y al Congreso de la República. a enfocar sus políticas en las personas y no en los capitales. Dejar de lado la prepotencia y la atención a la avaricia del gran capital. Para ello, requerimos la adopción de medidas urgentes de alivio económico para quienes laboran por cuenta propia, así como profesionales y las micro. pequeñas y medianas empresas. Medidas como subsidios directos, créditos blandos, reales y condonación de pago de servicios básicos.
4) Requerimos también la realización de pruebas masivas, en especial a quienes están en las primeras líneas de atención a la crisis, a fin de atajar el avance del COVID-19. A la vez, dejar la política de información a cuenta gotas y enfrentar las condiciones reales del estado de cosas para no enmascarar los hechos. Desarrollar campañas masivas de formación y educación ciudadana para persuadir y no forzar a la población al cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico, no humano.
5) A la sociedad en su conjunto, dialogar y comprender sobre la importancia y el valor de la solidaridad. Atender a los principios que sustentan la segundad social de subsidiar desde el privilegio a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad: la población sin recursos, las personas de la tercera edad, las personas enfermas, la niñez y la adolescencia.

Guatemala, 26 de marzo de 2020.


ARTICULACIONES QUE ESTÁN CONFORMADAS POR MAS DE 100 ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE SECTORES TALES COMO: DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, NIÑEZ Y JUVENTUD, MUJERES, MIGRANTES, INVESTIGACIÓN Y SOCIALES, ENTRE OTRAS.

25 de febrero: Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno






Al mejor estilo del #PactoDeCorruptos, el Congreso de la República aprobó en forma amañada la iniciativa 5257 que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para el Desarrollo. Cuando se discutía un punto resolutivo para abordar la situación de emergencia del Coronavirus, los diputados Jorge García Silva (Prosperidad Ciudadana), Mynor Mejía (VAMOS) y Manuel Conde Orellana (Partido de Avanzada Nacional -PAN-), introdujeron la variante para discutir la ley. El congresista Aldo Dávila advirtió de la trampa que intentaban García, Mejía y Conde pero, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez le apagó el micrófono.

Ambas acciones, las de los ponentes, así como la de Rodríguez evidencian la actuaciones concertadas del #PactoDeCorruptos reactivado en la actual legislatura. Al aprobar dicha ley, se promueven reformas encaminadas a restringir derechos y garantías constitucionales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, así como el derecho de petición, entre otros.

Es falso que la propuesta de reforma busque transparencia puesto que con la normativa vigente, las Organizaciones No Gubernamentales, así como asociaciones, fundaciones y entidades debidamente registradas, son fiscalizadas por diversos mecanismos de control estatal. Las reformas introducidas tienen en cambio un carácter abiertamente autoritario y arbitrario pues deja en manos de las autoridades la discrecionalidad de cancelar el registro a organizaciones que les resulten incómodas, que fiscalicen al quehacer gubernamental y cuestionen las acciones de corrupción dentro del Estado, para lo cual, definen como ONG a todas las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones registradas oficialmente, así como entidades religiosas, deportivas y de proyección cultural.

En virtud del grave daño que dicha normativa representa para el ejercicio de derechos, las organizaciones firmantes:

1. Repudiamos a las y los diputados al Congreso que votaron en favor de esta norma que atenta contra las libertades y derechos constitucionalmente garantizados. Al mismo tiempo condenamos la actuación del presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, porque impidió el uso de la palabra al diputado Aldo Dávila, quien se oponía a la aprobación de la ley antiderechos.

2. Requerimos al presidente de la República, Alejandro Giammattei, que en ejercicio del poder que le otorga la Constitución Política de la República, vete el decreto 4-2020 y lo devuelva al Congreso porque el mismo viola libertades y garantías constitucioalmente garantizadas.

3. Afirmamos que haremos uso de todos los recursos legales a disposición para impedir la puesta en vigor de normas restrictivas, autoritarias, arbitrarias e inconstitucionales como la contenida en el decreto 4-2020.

4. Llamamos a todas las organizaciones sociales y movimientos organizados a pronunciarse y movilizarse en defensa de las libertades y derechos que el marco jurídico vigente nos garantiza, a la vez que insistimos en la necesidad de derrotar al #PactoDeCorruptos que ha cooptado y destruye la institucionalidad democrática para usar el poder en beneficio de la #AlianzaCriminal de la que hacen parte.

Guatemala, 11 de febrero de 2020

ORGANIZACIONES NACIONALES:

Agencia de Desarrollo Económico Local Huehuetenango (ASDECOHUE), ActionAid Guatemala, Alas de Mariposas, Alianza Américas, Alianza de Desarrollo Rural Integral (ADRI), Alianza de Desarrollo Rural Integral (ADRI), Alianza de Mujeres, Alianza estratégica de mujeres Cedaw, Alianza Política Sector de Mujeres (APSM), Amigos de La Plaza, Antigua al Rescate, Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI), Asamblea de los Pueblos Huehuetenango (ADH), Asociación Artículo 35, Asociación Altaverapacense Mus Mus Hab para el Desarrollo Integral (ASOMUSHAB), Asociación B’elejeb’ Tz’i’, Asociación Caja Lúdica, Asociación Casa del Niño de Antigua Guatemala, Asociación Civil Diálogos, Asociación Civil El Observador, Asociación Civil Guatemalteca Hogar y Desarrollo, Asociación Civil Verdad y Vida, Asociación CODEVI, Asociación COINCIDIR, Asociación Consejo de Mujeres Mayas Ixmucané, Asociación Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), Asociación Contra el Maltrato Infantil (CONACMI), Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación Corazón del Maíz, Asociación Cristiana de Jóvenes (CJ YMCA), Asociación Cultural Q'anil, Asociación de Abogadas Indígenas Chomija, Asociación de comadronas LUNA, Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial (ADAM), Asociación de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista (ADSOSMHU), Asociación de Desarrollo Comunitario Ixmukane, Asociación de Educación Popular para Adultos, Asociación de Entidades de Desarrollo y Servicio (ASINDES), Asociación de Estudiantes Universitarios “Olliverio Castañeda de León” (AEU), Asociación de Estudiantes y Profesionales de Santa María Tzejá y Aldeas Circunvecinas, Kemba'al No'j (AESMAC, KEMB'AL NO'J), Asociación de familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), Asociación de Jubilados de Guatemala (AJG), Asociación de Mujeres de Petén Ixqik, Asociación de Mujeres Empleadas y Desempleadas Unidas contra la Violencia (AMUCV), Asociación de Mujeres Mayas Majawil Q'ij, Asociación de Mujeres Q'eqchi'es Nuevo Horizonte, Asociación de Mujeres Trans en Acción Guatemala (AMTA), Asociación de Profesionales Mayas Kembal Noj del Ixcán, Asociación de Salud y Desarrollo “Nuevo Amanecer” (ASDENA), Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Asociacion de Servicios y Desarrollo Socioeconomico de Chiquimula (ASEDECHI), Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), Asociación Dejando una Sonrisa, Asociación Dos Soles, Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Generando (ASOGEN), Asociación Gente Positiva (AGP), Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, Asociación Ixoquib MIRIAM para la Promoción Intelectual de las Mujeres, Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), Asociación La Alianza, Asociación Lambda, Asociación maya para el desarrollo integral San Pedro Carcha (AMICAV), Asociación Maya Uk’ux B’e, Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza (AMDE), Asociación Mujer Tu puedes, Asociación Nuevos Horizontes (ANH), Asociación para el Bien Vivir (ASOBIVI), Asociación para el desarrollo de la Juventud (ADESJU), Asociación para el Desarrollo de la Mancomunidad Huista, Asociación para el Desarrollo Integral de Huehuetenango (ACODIHUE), Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi (ADIVIMA), Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), Asociación para el desarrollo maya integral (AMICAV), Asociación para el Mejoramiento habitacional de Guatemala (MEJORHA), Asociación para la Educación y el Desarrollo (ASEDE), Asociación Para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), Asociación Pop No’j, Asociación por la Vida y la Justicia (AVIJ), Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (INCIDEJOVEN), Asociación Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción (REDMPA), Asociación SADEGUA, Asociación Sobrevivencia Cultural y Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, Asociación Somos Jóvenes Diversos en Acción (SOMOS), Asociación Vidas Paralelas ONG, Asociación Visibles, Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox, Autoridades Ancestrales indígenas Campesinas Víctimas del conflicto Armado Interno (AICAVCAI), Bufete para Pueblos Indígenas, Casa de la Cultura 4 de Noviembre LGBTIQ+, Centro de Acción Legal- Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Centro de Diagnóstico (CEDIMUJER), Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Centro de Estudios Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS), Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica (CIPREVICA), Centro Experimental de la Pequeña y Mediana Empresa Rural (CEDEPEM), Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres (CENACIDE ONG), Colectiva Actoras de Cambio, Colectiva de Mujeres Feministas, Colectivo Artefacto, Colectivo de Estudios Rurales Ixim (Cer Ixim), Colectivo Madreselva, Colectivo Noj, Consorcio de Asociaciones del Municipio de Santiago Atitlán del Departamento de Sololá, Comisión Ciudadana de Transparencia de Quetzaltenango (CCTPQ), Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Unidad Campesina (CUC), Concejo ecuménico Cristiano de Guatemala, Consejo Maya Mam Saq Tx´otx, Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), Convergencia Ciudadana de Mujeres, Convergencia Nacional para la Reforma Política (CONAREP), CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS (Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas -CAFCA-, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-, Seguridad en Democracia -SEDEM-, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala - UDEFEGUA-, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas -UNAMG-), Cooperación Migrante, Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH), Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Alta Verapaz (CONGAV), Coordinadora de sobrevivientes del conflicto armado interno (COSAI), Coordinadora para la justicia y dignificación de las víctimas de Alta Verapaz (CODEVI), Diversidad Jalapaneca, El Rescate, Familiares de víctimas del Diario Militar, Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Festivales Solidarios, Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG), Frente Norte del Área Mereopolitana (FRENAM), Frente Popular, Fundación Ecuménica Guatemalteca Esperanza y Fraternidad (ESFRA), Fundación Guillermo Toriello (FGT), Fundación Myrna Mack (FMM), Fundación para el Desarrollo de Mixco, Fundación para el Eco Desarrollo y la Conservación (FUNDAECO), Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria Forestal, Fundación para la Juventud (FUNDAJU), Fundación Pro Petén, Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA), Fundación Tierra Nueva, Gobierno Plurinacional de las Naciones Originarias Maya Chuj Maya Poptí y Maya Q’anjob’al, Grupo de mujeres mayas Q'anil, Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Guatemala Solidarity Project/ Proyecto de Solidaridad con Guatemala, Heifer International Guatemala, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS Guatemala), Iglesia Luterana (ILUGUA), Instituto de Enseñanza Para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas -IIHAA- Escuela de Historia, Instituto de Protección Social (IPS), Instituto DEMOS, Iximulew 2030, Instituto de Investigación para la Incidencia y Formación Docente (EDUCA Guatemala), Juventud Socialista, Juventud Socialista URNG, La Batucada del Pueblo, La Otra Cooperativa, Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Movimiento de Mujeres Indigenas Tz’ununija’, Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), Movimiento de Unidad Progresista y Popular (MUPP), Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán, Movimiento Tzu Kim Pop, Mujeres Aq’ab’al, Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor (MUCACOFUM), Mujeres Mejorando Vidas, Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento (MUJER), Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Observatorio Contra el Acoso Callejero Guatemala (OCAC), Oficina para la Diversidad Sexual y de Género de Cobán, Alta Verapaz, ONG LOJ LAQ CH´OCH´ (Sagrada Tierra), Otra Guatemala Ya (OGY), Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS), ODEHUS, OTRANS Reynas de la Noche, Paz Joven Guatemala. Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales, Indígenas, Campesinas y Trabajadores Guatemaltecas (Fongsguat), Plataforma Urbana, Plataforma Tejedoras de Guipil, Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI), Proyecto Lingüístico Santa María (PLSM), Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Red de Mujeres Sololatecas con Visión Integral (Red MUSOVI), Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas (REDMUCH), Red Financiera de Asociaciones Comunitarias (Red FASCO), Red Jesuita con Migrantes-Guatemala, Red Maya, Red Nacional de Victimas, Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG), Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), Refugio con Visión Diversa, Quiché, Save the Children, Seeds of Help Foundation Inc, Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS), Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA), Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Escuela de Trabajo Social de la USAC. (SINETS), Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU), SOMOS, Til Na’oj, Trabajando Unidos Huehuetenango, Unidad Positiva para el Desarrollo Ciudadano (UPDC), UNSITRAGUA Histórica, Voces de Mujeres, Ysterias, Voz de Cambio Retalhuleu.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

ACCI (Chile), ActionAid USA (Estados Unidos), American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe, Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras (Costa Rica), Asociación de Migrantes Nicaraguenses en Costa Rica, Asociación Kindernothilfe (Alemania), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Tapachula, Chiapas, (México), Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica – AMATE – (El Salvador), Centro Internacional de Derechos para Migrantes, Collectif Guatemala (Francia), Conseil National de la Migration Civil et la Défense des Droits Humains –CONAMICIDH- (Haití), Cooperación Migrante (Estados Unidos), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos -DESMI AC – (México), Enlaces Nicaragüenses, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (México), Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador -GMIES- (El Salvador), Guatemala Human Rights Comission -GHRC- (Estados Unidos), Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo (México), Latin American Working Group -LAWG- (Estados Unidos), Movimiento por la Paz -MPDL- Guatemala (España), Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones -RROCM- (Mesoamérica), Servicios para una Educación Alternativa A.C. - EDUCA – Oaxaca, (México), SHARE Foundation (Estados Unidos), Soleterre - Strategie di Pace, Solidarity Center (Estados Unidos), Síwo Alâr Hombres Trans Costa Rica, Washington Office on Latin America - WOLA – (Estados Unidos).

FIRMAS A TÍTULO PERSONAL:

Ada Valenzuela, Alba Lucía Morales Castro, Allan Kevin Garrido Velásquez, Amanda Judith Beatriz Caicedo Monterroso, Ana Lucrecia Peña Valdéz, Andrea González Acoj, Andy Gabriela Escobar Rivera, Anne Bordato, Matías Eistrup, Byron Anderson Chivalán Pérez, Carlos Manuel Bezares Marroquín, Carlos René Fernández Pérez, César Augusto Espinoza Muñoz, Claudia Flores, Claudia Hernández Ventura, Claudia Virginia Samayoa Pineda, Cristian Eduardo Cermeño Pineda, Daniela María Rodríguez Porras, Debora Eunice Yancoba Xico, Diana Cameros Pecorelli, Dora Marleny López Chen, Dora Mirón Campos, Emanuel Bran Guzmán, Erwin Rolando Melgar Valenzuela, Ester María Zapeta Peñate, Estuardo Secaira, Eugenia Judith Erazo Caravantes, Evelyn Lorena Morales, Felipe Sarti Castañeda, Gabriela Carrera, Gabriela Rodríguez Pizarro (Ex relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para los Migrantes), Giulia Signori, Gloria victoria Sunuc Tuctuc, Gregoria Elizabeth Pedraza Serón, Herlinda Maribel Carrera Guerra, Iduvina Estalinova Hernández Batres, Irma Catalina Citalán Coyoy, Irma Yolanda Caal, Ivonne Solórzano, Jessica Waleska López, Jorge Alberto Santos Contreras, Jorge Félix Núñez Pastor, Jorge Fernando Campo Morales, José Eduardo Cruz, José Raúl Domínguez Illescas, Juan Alberto Jiménez, Juan Francisco Soto Forno, Juana Cedillo, Julia Leonor Silvestre Zavala, Kate Doyle (National Security Archive), Lancerio López, Laura Hurtado Paz y Paz, Luis Argueta, Luis Pablo Méndez Albures, Luisa de Lourdes Cal Ba, Manuel Román, María Catalina López y López, María Chen Manuel, María del Pilar Maldonado Arreaga, María José Aldana, María José Menéndez Leal, María Renee González Rodríguez, Marleny Haydee Montenegro Aguirre, Marta Choc, Marta Isabel Concepción Solís Monterroso, Mateo Adolfo Herrera De León, Maudi Liset Tzay Patal, Max Humberto Conde Estrada, Maya Alvarado Chávez, Miguel Ángel López Guerra, Miriam Alejandra Cama, Óscar Alberto Hernández Melgar, Otto Cuéllar, Paola Mendoza, Patricia Melgar Orozco, Patricia Yat, Rafael Yon Bobadilla, Randal Gregorio Cortez Perez, René Arturo Flores Medina, Roberto Robles Mayen, Rodrigo Batres, Rosa Bernardita Coy Catu, Rudy Armando Hernández Xitumul, Rvdo. José Pilar Alvarez Cabrera, Sandra Morán Reyes, Sara Dalila Mux Mux, Sonia Pernillo, Susana Navarro García, Tania Palencia Prado, Tanya Lisbeth Maldonado Ramírez, Vanessa Sosa, Vilma Belarmina Duque Arellanos, Yolanda Mariayín Quevedo Castillo, Yoni Oswaldo Reyes González, Yuri López Tecu, Zoila Karina Flores Arriola.


PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO


Desde primeras horas del 14 de enero y hasta la noche de ese día, un grupo de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos ejerció su derecho de protesta y manifestación pacífica ante la anunciada juramentación de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera como diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Al tomar posesión de dicho cargo, tanto Morales Cabrera, ex presidente y Jafeth Cabrera ex vicepresidente, podrían obtener inmunidad y con ello mantener derecho de antejuicio pese a los más de 50 posibles casos penales en su contra. De allí que la población que protestaba intentaba impedir que ambos obtuvieran, mediante la juramentación anticipada, la posibilidad de continuar impunes ante los hechos que se les atribuyen.

Sin embargo, el derecho constitucional y universalmente reconocido fue violentado puesto que un despliegue desproporcionado de elementos de las Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC), reprimieron violentamente a quienes expresaban su rechazo a los ex gobernantes. Como resultado de la acción policial, apenas unas horas después de que había asumido como presidente Alejandro Giammattei Falla, fueron detenidos arbitrariamente por la PNC seis personas.

Entre ellos, una joven quien fue esposada a una camilla en ambulancia cuando era atendida por intoxicación con lacrimógena o gas pimienta. Mientras la PNC trasladó a Henry Chial, Diego Tobar, Jorge Julajuj, Fernando Diéguez, Juda Mefi Boset y Diego lván Torres a la torre de tribunales, en tanto Enrique Hemández y otras personas eran trasladados al Hospital Roosevelt. Al menos tres de los detenidos arbitraria e ilegalmente fueron golpeados por la PNC la cual, además según se evidencia en imágenes, portaba arenas ofensivas cuando operaba entre las y los manifestantes.

Por lo anterior, las organizaciones abajo firmantes:

1) Respaldamos y nos solidarizamos con las personas que ejercieron su derecho a la manifestación y expresión de repudio a Jimmy Morales y Jafeth Cabrera que concluyeron un gobierno dedicado a la corrupción, al latrocinio y la destrucción de la institucionalidad democrática.
2) Condenamos la actuación arbitraria y la agresión de la PNC y la FEP en contra del derecho a manifestar, así como la actuación desproporcionada y con excesivo uso de la fuerza.
3) Emplazamos al presidente Alejandro Giarnmattei a sancionar como corresponde al Ministro de Gobernación y a las autoridades policiales a cargo del operativo, tanto los del anterior gobierno como de este, pues, de lo contrario, será directamente responsable de los hechos suscitados y las violaciones a los derechos humanos cometidas.
4) Demandamos del Congreso de la República, en particular de la Comisión de Derechos Humanos, la citación al Ministro de Gobernación y otros funcionarios implicados para que rinda cuentas sobre estos hechos.
5) Requerirnos al Procurador de los Derechos Humanos culminar a la brevedad la investigación y verificación de estos hechos a fin de que su resolución sea conocida por la Comisión de Derechos Humanos.
6) Exigimos a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, que agilice las investigaciones y requiera el retiro de inmunidad a Jimrny Morales a fin de que se le procese por los delitos de que se le sindica.

Guatemala, 15 de enero de 2020

Convergencia por los Derechos Humanos: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Equipo Comunitario y Acción Psicosocial [ECAP), Instituto de Estudio Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG). Justicia Ya, Alianza de Mujeres, Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Red Nacional de la No Violencia (REDNOVI), La Batucada del Pueblo, Asociación de Abogados Mayas, Asociación de Abogados Mayas, Asociación de Profesionales Mayas del lxcán Kemba'l Noj, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Alianza por las Reformas, DEMOS, Coordinadora de Ong y Cooperativas (CONGCOOP)


RECHAZAMOS EL INFORME DE LA MENTIRA Y LA IMPUNIDAD


En su penúltima sesión, la VIII Legislatura se ha despedido al hacer público el informe de la llamada “Comisión de la verdad”, creada por el Presidente del Congreso en octubre del año pasado. Durante las 40 sesiones públicas que realizó dicha sala especifica del Legislativo, fueron escuchadas personas sindicadas por graves delitos vinculados a corrupción relacionada con estructuras de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). De igual forma tuvieron atención de dicha instancia, familiares de personas sindicadas e incluso sentenciadas en los procesos de persecución penal impulsados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), según el mandato que le da vida.

También declararon familiares de convictos por crímenes contra la humanidad como los condenados en el caso Molina Theissen, así como los vinculados al asesinato de José Miguel Mérida Escobar, investigador de la ejecución de Myma Mack. La Comisión también ofreció micrófono a un ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) condenado en otro país por ejecuciones extrajudiciales. En ninguno de estos casos intervinieron ni la FECI ni la CICIG. En tanto que, cuando prestó su declaración una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). ligada a proceso por tráfico de influencias, vinculó a la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (CFJ), sin que dicha instancia tuviese relación ni con su proceso ni con los hechos supuestamente evaluados por la Comisión contra la CICIG. Estas acciones ponen en evidencia la mala fe y la extralimitación en funciones de los Congresistas, así como la ausencia absoluta de la elemental objetividad en su desempeño.

En una primera instancia, el presidente en funciones del legislativo. Felipe Alejos, otorgó a la Comisión atribuciones que son competencia exclusiva del Ministerio Público. Acción que debieron revertir ante resolución de la Corte de Constitucionalidad. La Comisión contra la CICIG se integró con los diputados Juan Ramón Lau, quien la presidió, Manuel Conde Orellana y Luis Hemández Azmitia, de las Bancadas TODOS, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Movimiento Reformador, respectivamente. Y, si bien en el decreto que le dio vida eliminaba la usurpación de funciones al MP, en la práctica no solo las ejerció sino que, además, incurrió en obstrucción de la acción penal al ubicar a personas prófugas quienes prestaron declaración sin que los diputados participantes informaran de la ubicación de dichas personas. Del mismo modo, dio lugar a que personas privadas de libertad declararan desde centros de detención, sin que hubiera autorización judicial para ello.

Por todo esto y ante las actuaciones de esta Comisión y la presentación de su informe, las organizaciones firmantes:

1) Reiteramos que el convenio que dio vida a la CICIG y que nace de un esfuerzo de organizaciones de sociedad civil, fue suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, en pleno ejercicio de soberanía ante la evidente imposibilidad de combatir desde el Estado el accionar de los CIACS y las estructuras criminales que le habían cooptado.

2) Señalamos la extralimitación de las atribuciones del presidente del legislativo al conformar esta Comisión que pretendía ejercer las funciones del único ente responsable de la persecución penal como lo es el Ministerio Público.

3) Denunciamos la doble moral de los integrantes de dicha Comisión y de quien la creó puesto que jamás han mostrado preocupación por las condiciones de privación de libertad de personas defensoras de derechos humanos criminalizadas pero sí consumieron recursos públicos para ofrecer una tribuna a quienes se han enriquecido a costa de la apropiación indebida de bienes nacionales.

4) Rechazamos el informe plagado de falsedades y que solo busca dar formalismo a una acción más de procura de impunidad para insistir en el discurso de la #AlianzaCriminal que mantiene al Estado cooptado y que ahora pretende alcanzar una tarima internacional para desacreditar la legítima lucha contra la corrupción.

5) Advertimos que utilizaremos todos los recursos que el estado de derecho nos brinda para continuar en el combate a la corrupción, la impunidad y todas las formas que vulneran la institucionalidad democrática.

Guatemala, 11 de enero de 2020

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y NOTARIOS MAYAS DE GUATEMALA/ ASOCIACIÓN KEMB'AL NO'J / ALIANZA DE MUJERES Y MUJERES INDÍGENAS POR EL ACCESO A LA JUSTICIA / BUFETE JURÍDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS / CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA/ COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS/ CONGCOOP / INSTITUTO DEMOS / FADS / FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS/ FRENTE NACIONAL DE JUVENTUD / FUNDACIÓN MYRNA MACK / FUNDAJU / INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE/ IMPUNITY WATCH / JURISTAS POR GUATEMALA/ JUSTICIA YA/ LA BATUCADA DEL PUEBLO / LANDIVARIANOS / MUJERES TRANSFORMANDO AL MUNDO / PLATAFORMA INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD / REDNOVI / SODEJU / SOCIOS POR EL DESARROLLO / USAC ES PUEBLO / CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS/ CAFCA/ CALDH / CIIDH / ECAP / ICCPG /ODHAG / SEOEM / UDEFEGUA / UNAMG /OASIS / ASOCIACIÓN DE ABOGADAS INDÍGENAS CHOMIJA

POR UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL PESE A LA ENCRUCIJADA


Se han cumplido 23 años, casi un cuarto de siglo, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Ocho personas, incluido el firmante Álvaro Arzú, han gobernado al país desde entonces. Los acuerdos, pese a su limitado alcance en materia de justicia social, constituían una agenda de país que intentaba retomar por la vía democrática, el camino truncado con el golpe y la invasión en 1954.

Sin embargo, lejos de que los pasos dados representaran avances significativos, la realidad nos pinta un panorama desolador en materia de cumplimiento. Cada gobernante que se ha sucedido desde 1996 ha puesto su ladrillo en el muro contra la paz. Arzú dilapidó los recursos estatales en telefonía, energía eléctrica, servicio postal y seguridad alimentaria, entre otros, amén de negarse a recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Alfonso Portillo, con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de Efraín Ríos Montt, avaló la destrucción de la carrera en la recién creada Policía Nacional Civil. Óscar Berger consolidó los tratos de Arzú y toleró la instalación de estructuras criminales en la PNC y Ministerio de Gobernación (Mingob). Aunque Álvaro Colom intentó algunos cambios sociales y en materia de memoria histórica, también toleró estructuras de corrupción que destruyeron los avances. Otto Pérez Molina inició la desinstitucionalización de la arquitectura de la paz al destruir al Consejo Asesor de Seguridad y entregar la Secretaría de la Paz al enemigo eterno de los Derechos Humanos, Antonio Arenales Forno.

Finalmente, la tapa al pomo la ha puesto el gobierno presidido por Jimmy Morales Cabrera quien no ha dejado de utilizar la bola de derribo para acabar con la arquitectura de la paz e impedir que el conjunto de los acuerdos se cumpla. Afanado en garantizarse impunidad para sí, su familia y allegados políticos y económicos, no ha tenido escrúpulos en lanzar la pesada herramienta contra la institucionalidad. Si los gobiernos que le precedieron aportaron poco a la construcción de la paz, el de Morales Cabrera se caracteriza por llevar la delantera en la destrucción de la misma.

Las políticas de gasto excesivo y corrupto en el manejo de los recursos nacionales, así como de abandono de los objetivos de desarrollo han significado un aumento en los índices de desnutrición infantil a la vez que, pese a los altos niveles de fondos asignados al Ministerio de Educación, la cobertura educativa ha disminuido. En materia de seguridad, Jimmy Morales es responsable de que el Mingob sea conducido como máquina de espionaje contra la ciudadanía y no como instrumento de garantía de derechos, a la vez que se ha destruido el principio de carrera en el seno de la PNC, desarticulada por el titular Enrique Degenhart. Al mismo tiempo, el gobierno de Jimmy Morales ha favorecido el gasto y el dispendio militar, generando también nuevos nichos de corrupción en las fuerzas armadas que han vuelto a generar su escudo de impunidad.

El rompimiento del principio de independencia judicial es otro legal del gobierno de Jimmy Morales el cual es responsable de haber instalado en el ejercicio del poder político la cultura de de desobediencia judicial. A tal extremo que mantuvo por encima de disposiciones judiciales la decisión unilateral de cancelación del convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU) que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La política exterior de Morales, bajo la dirección de su fiel cancerbera Sandra Jovel, representó el abandono de la población migrante guatemalteca la cual quedó a merced de las crueles políticas xenófobas del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La gestión de Jovel cambió el ejercicio profesional de las relaciones exteriores por la política del chantaje y la extorsión diplomáticos.

La defensa de derechos humanos lejos de ser una acción protegida y garantizada por el estado es una labor peligrosa que puede costar la vida. Durante el gobierno de Jimmy Morales se han producido las mayores alzas en ejecución de personas defensoras o en la criminalización (difamación y uso indebido del derecho penal) de las mismas. Este gobierno, en alianza con el poder político en el Congreso de la República ha buscado ahogar económicamente a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), no solo con la reducción de su presupuesto sino mediante incumplimiento de órdenes judiciales, el Ministerio de Finanzas (Minfin), se ha negado a trasladar los recursos aprobados.

De los compromisos específicos a favor de las mujeres, contenidos en cinco Acuerdos, los pocos avances han tenido que ser defendidos por el movimiento de mujeres. Y ahora, hay un paquete de leyes que pretende frenar los avances legales de los últimos años, se le ha disminuido el presupuesto y el rol del Foro Nacional de la Mujer y a la Defensoría de la Mujer Indígena y se han cerrado espacios de interlocución. A eso, se suma el aumento de la violencia contra las mujeres en toda sus manifestaciones frente a una institucionalidad debilitada y sin capacidad de proteger la vida de las mujeres en país.

Si bien, durante estos 23 años transcurridos todos los gobiernos han sido responsables del abandono de la agenda de la paz, el de Jimmy Morales resulta el peor puesto que no solo canceló las posibilidades de avance sino que hizo retroceder al país a décadas previas a la firma de la paz.

Ante la encrucijada que esto representa, la posibilidad de modificar esta situación está en manos de la misma población guatemalteca. Esa que abonó el camino para la firma de la paz y que ha dado su aporte en la búsqueda de justicia, en la propuesta concreta de modificaciones y reformas necesarias para construir un sistema donde quepamos todos y todas. Por ello, como Convergencia por los Derechos Humanos, a la vez que recordamos la importancia de la firma de la paz y el contenido de los acuerdos que la concretaron, saludamos a todas las personas y organizaciones que con su diario que hacer contribuyen al ejercicio pleno de la democracia y a la construcción de la paz con justicia social.

Guatemala, 29 de diciembre de 2019

Convergencia por los Derechos Humanos ante el atropello de los organismos del Estado de asfixiar financieramente a la PDH.


Día Internacional de los Derechos Humanos






Guatemala : justicia y estado de derecho en la encrucijada



La FIDH, junto a la Convergencia por los Derechos Humanos, presentan el informe “Guatemala: justicia y estado de derecho en la encrucijada”. Se trata de un día sumamente significativo para el futuro de esta nación ya que constituye la antesala a la última jornada de ejercicio de funciones de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, posiblemente la entidad que más ha contribuido de la mano del Ministerio Público (MP), a combatir la corrupción e impunidad en este país en el presente siglo y por esto goza de un amplio apoya internacional y en Guatemala.



Recomposición de la corrupción en la era post-CICIG



Ante lo que pareciera ser el cierre inminente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, la ciudadanía ve con incertidumbre lo que podría suceder en los siguientes años. Sobre ese futuro incierto se concentró el informe de cierre “El legado de la justicia en Guatemala” organizado por la organización internacional.



Exigimos cortes no mafias asociadas a la alianza criminal


En apenas dos días, el sistema de justicia ha dado muestras evidentes de su nivel de cooptación por estructuras criminales y del gravísimo riesgo para quienes defienden el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos.

En una resolución a todas luces espuria, el miércoles 26 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), da trámite a una solicitud de antejuicio en contra del juez presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul de Paz. El juez Xitumul sufrió una agresión el dos de febrero del presente año, por parte del inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Lindo Cuxaj Ajpop. El inspector Cuxaj condujo un registro ilegal del vehículo del juez Xitumul y durante la acción lo agredió físicamente, al tomarle por el cuello. El juzgador presentó denuncia por abuso de autoridad pero el miembro de la PNC también recurrió a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ), así como a la solicitud de antejuicio.

La Junta Disciplinaria resolvió, con base en la prueba presentada, que no había lugar a sanción alguna en contra del Juez de Mayor Riesgo. No obstante, la CSJ, pese a dicho antecedente, ha dado trámite al antejuicio en contra del Presidente de un tribunal que ya sentenció a Roxana Baldetti por el caso “Agüita Mágica”, así como a cuatro altos ex jefes militares -entre ellos Benedicto Lucas García- por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violencia sexual y detención ilegal de su hermana Emma Guadalupe.

El jueves 27, la Jueza Susan Salazar Escobar, titular del juzgado de primera instancia penal de femicidio actuó arbitrariamente en la audiencia de primera declaración de Juan Francisco Solórzano Foppa. El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue criminalizado por la dueña de Vea Canal, Karina de Rottman quien lo demandó por supuesta violencia contra la mujer, luego de que este publicara un tuit en el cual la aludía por incumplir el convenio de pago con la SAT. En el caso intervino el Secretario General del Ministerio Publico (MP), Rony López quien pese a indicación de fiscales de que no había delito que perseguir, ordenó presentar el caso penal.

Si bien Solórzano Foppa fue liberado de cargos, durante la audiencia la jueza Salazar, en forma arbitraria expulsó de la sala a la representación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). El señor Solórzano, quien ejercía un derecho inalienable debió declarar sin acompañamiento de observación independiente, pese a que el caso no incluye elemento alguno que amerite protección a la supuesta víctima cuya denuncia pervierte el sistema de protección de la violencia contra las mujeres. Estos hechos constituyen una expresión alarmante del uso indebido del sistema penal como arma de represión en contra de operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en ejercicio de sus derechos y libertades.

Por lo tanto, como organizaciones de derechos humanos expresamos nuestro apoyo al juez Pablo Xitumul de Paz y a Juan Francisco Solórzano Foppa, acusados de manera espuria. De igual forma manifestamos nuestro respaldo a OACNUDH y a la UDEFEGUA, cuya labor ha sido obstaculizada.

Exigimos a la CSJ anular su disposición de iniciar antejuicio en contra del Juez Pablo Xitumul. A la Jueza Salazar Escobar, que deje de violentar el debido proceso y no impida presencia de observación independiente en casos de personas defensoras de DDHH. A la Fiscal General Consuelo Porras que investigue, sancione y procese el actuar del Secretario General Rony López.

Llamamos al movimiento social y a la sociedad guatemalteca a defender el Estado de Derecho y las garantías constitucionales ante el grave riesgo de arbitrariedad que pretende instalar la #AlianzaCriminal.

Guatemala, 28 de junio de 2019

CAFCA - CALDH - CIIDH - ECAP - ICCPG - ODHAG - SEDEM - UDEFECGUA - UNAMG

DESPEJAR LA SOMBRA DE IRREGULARIDAD. Pronunciamiento sobre la situación del Fiscal contra Delitos Electorales.

Pronunciamiento de la Convergencia por los Derechos Humanos en apoyo a las comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy.

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala



Resumen:

En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Destaca los avances y desafíos, con enfoque en temas relacionados con justicia, seguridad, la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, personas con discapacidad y migrantes, y derechos económicos, sociales y culturales. La Alta Comisionada describe las actividades de la Oficina y concluye con una serie de recomendaciones a varias instituciones del Estado y otros interesados.


8 DE MARZO: Día internacional de la mujer


En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.Además de Clara Zetkin hay que señalar los nombres de otras pioneras en la reivindicación de los derechos de las mujeres como Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kolontái, Nadezhda Krúpskaya e Inessa Armand.

JORNADAS POR EL ESTADO DE DERECHO