Un nuevo apretón a la tuerca de la dictadura


La Convergencia por los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la estrategia de destrucción del Estado de Derecho, la Democracia y la vigencia de Derechos Humanos en Guatemala. La renuncia y posterior exilio de la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, así como la suspensión del también juez de alto impacto Pablo Xitumul, son un golpe severo a la lucha contra la impunidad y evidencian el desarrollo de una estrategia de terror y consolidación del fascismo en nuestro país.

Ambos hechos se suman a los juicios contra una mandataria de la Comisión Especial Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), así como a la renuncia y exilio de varios más.

Se trata de la puesta en marcha de una estrategia de larga data, originada en un proceso que inició con el acuerdo entre militares retirados aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), que procuraban impunidad por graves violaciones a derechos humanos. A esto se sumó el apoyo de empresarios comprometidos en estos hechos, en la defraudación fiscal y el financiamiento ilícito para elecciones amañadas con partidos políticos vinculados al crimen organizado

El control absoluto del sistema democrático ha sido posible mediante el golpe jurídico perpetrado por la alianza de militares, políticos y empresarios, aglutinados en el #PactoDeCorruptos. Su propósito es aniquilar a toda costa, cualquier posibilidad de romper el estado de cosas de impunidad, corrupción e inequidad imperante en Guatemala.

Ante esta situación, en particular por la salida de la jueza Ericka Aifán y el juez Pablo Xitumul:
1. Manifestamos nuestra solidaridad y agradecimiento a la Jueza Erika Aifán por sus 19 años de servicio a Guatemala y por su ejemplo como persona íntegra e independiente;
2. Expresamos nuestro respeto y solidaridad al Juez Pablo Xitumul, así como nuestra exigencia para que en este caso se respete el debido proceso;
3. Evidenciamos nuestro repudio a las personas y funcionarios que han sido instrumento de la destrucción de nuestra democracia y el Estado de Derecho;
4. Recordamos a la ciudadanía que los derechos humanos son universales y que la defensa de los mismos no constituye delito ni tiene sesgo ideológico, más bien es una necesidad de todas las personas, sin distingo alguno.

Guatemala, 23 de marzo de 2022

Oportunidad de trabajo


El CiiDH contratará dos analistas de datos e información para el fortalecimiento, Creación e Implementación del eje de Justicia Abierta del Observatorio del Gasto Social -OGS- del -CIIDH-. de acuerdo con los siguientes

Términos de Referencia
Proyecto / Área de Trabajo: " Fortalecimiento, Creación e Implementación del eje de Justicia Abierta del Observatorio del Gasto Social -OGS- del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos - CIIDH-."
"Analistas de Datos e Información"


Objetivos: Las y Los analistas de datos e información apoyaran el fortalecimiento, Creación e Implementación del eje de Justicia Abierta del Observatorio del Gasto Social -OGS- del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-.
Resultados:
• Procesos de recolección de bases de datos realizados
• Integradas bases de datos y matrices de indicadores
• Elaborados tableros para la presentación de resultados
• Actualizar tableros de datos e indicadores asignados
• Elaboración de informes cuantitativos y cualitativos
• Otros que le sean asignados.
Descripción del puesto/ la consultoría / el servicio:
• Analistas de Datos e Información
• Fortalecimiento, Creación e Implementación del eje de Justicia Abierta del Observatorio del Gasto Social - OGS- del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-.
• Temporalidad: 1 año
• Supervisado por: Coordinador del Observatorio del Gasto Social.
Descripción básica del puesto / la consultoría / el servicio:
Apoyo en las actividades que desarrolla el Observatorio del Gasto Social del CIIDH en la Implementación del eje de Justicia Abierta, mediante la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos estadísticos de las diversas bases de datos que integran dicho eje, para su posterior análisis y presentación de resultados. elaborar y actualizar tableros estadísticos e indicadores, elaboración de la matriz de indicadores relacionados con las diversas fuentes de datos.
Actividades a realizar:
• Recolectar, procesar, analizar e interpretar datos numéricos.
• Alimentar las bases de datos y matriz de indicadores.
• Actualizar y publicar los diversos tableros.
• Elaborar y actualizar boletines estadísticos.
• Apoyar en investigaciones cualitativas y cuantitativas, preparación y presentación de informes.
• Apoyo en las actividades que desarrolla el CIIDH.
Propuesta económica:
Salario mensual Q. 6,000.00
Conocimientos / formación / habilidades solicitadas:
• Estudiante universitario;
• Preferentemente con conocimientos y experiencia en áreas relacionadas a ciencias económicas, ciencias sociales, ingeniería en sistemas, industrial o a fin, en alguna carrera relacionada a la planificación, demografía, bioestadísticas, criminología, sociología, política pública, administración pública, administración de empresas u otros relacionados.
• Con experiencia en trabajos relacionados a la recopilación, manejo y análisis de datos y estadísticas.
• Destrezas informáticas, incluyendo en programas avanzados de estadísticas, Microsoft Office (Excel) y otros relacionados a datos estadísticos;
• Manejo de plataformas para la elaboración de Dashboard (Tableros estadísticos) principalmente Power BI, preferentemente;
• Destrezas en métodos estadísticos cuantitativos;
• Capacidad para desarrollar, manejar y documentar de bases de datos;
• Capacidad analítica;
• Capacidad para buscar y utilizar fuentes de información estadística;
• Excelente comunicación verbal y escrita en español y en inglés;
• Destrezas de trabajo en equipo y relaciones interpersonales efectivas;
• Buenas destrezas de redacción y organización;
Cualidades Personales:
• Iniciativa
• Excelente ética laboral
• Persona proactiva
• Buenas relaciones interpersonales.
• Capacidad de redactar informes técnicos y de investigación.
• Capacidad de realizar procesos de investigación y de socialización / mediación de contenidos para el desarrollo de procesos con enfoque de género e inclusión social.
• Conocimiento sobre Derechos Humanos.
• Otras que se consideren.

Fecha límite para presentación de propuestas: Del 21 al 25 de marzo de 2022
Información importante La persona interesada, que cumpla con los requisitos mínimos, debe llenar la solicitud de empleo en el siguiente enlace: https://bit.ly/SolicitudDeEmpleoCIIDH

a) Sólo calificarán quienes envíen solicitud por los medios habilitados para el efecto de la presente convocatoria; se reciben papelerías únicamente al correo electrónico: reclutamientociidh@gmail.com
si tuviese algún inconveniente para adjuntar en la solicitud digital.
b) El puesto de trabajado es por contrato por un año con prestaciones de ley; a tiempo completo (8 horas) con horario de oficina en las modalidades presencial y a distancia si fuese necesario.
c) Las funciones del puesto se desarrollan en el municipio de Guatemala.
d) En la solicitud de empleo debe adjuntad su CV completo, incluyendo referencias personales y laborales.
e) No se evaluarán solicitudes que no cumplan con todo lo dispuesto aquí anteriormente o que se reciban luego de la fecha de cierre de la convocatoria.
f) No se aceptarán documentos luego de la fecha de cierre de la convocatoria.
g) Fecha para recepción de documentos: del 21 al 25 de marzo de 2022.
h) Dudas o consultas al correo electrónico: reclutamientociidh@gmail.com / 2220-2736.

Los interesados deberán llenar solicitud de empleo y en la misma subir CV en formato PDF, en el siguiente enlace: https://bit.ly/SolicitudDeEmpleoCIIDH.
Las fechas para aplicar son del 21 al 25 de marzo de 2022. Dudas o consultas correo electrónico: reclutamientociidh@gmail.com / 2220-2736.

8 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER


LIBERTAD PARA LA JUSTICIA


En una acción contra profesionales del derecho que han laborado para el Ministerio Público (MP) o la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la actual Fiscal General de la República (FG), María Consuelo Porras Argueta ha lanzado una cacería brutal y despiadada con procesos espurios y prevaricados.

En las últimas dos semanas, la desconfigurada Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ahora dirigida por Rafael Curruchiche, de dudosa reputación y calidad profesional, en conjunto con la Fiscalía de Delitos Administrativos, han ejecutado las acciones de persecución que han significado la captura de Leily Santizo, ex mandataria de CICIG, Siomara Sosa, Paola Mischelle Escobar, Allis Morán, Willie Racanaj ex integrantes de la FECI, así como de Virginia Laparra jefa de la sede de la FECI en Quezaltenango. En prevención de posibles capturas y procesos en su contra, varios fiscales de la FECI han renunciado, entre ellos Rudy Manolo Herrera Lemus y Carlos Antonio Vides Navas quienes salieron al exilio. Durante una comparecencia ante el tribunal, Leily Santizo y Siomara Sosa fueron agredidas por el querellante Ricardo Méndez-Ruiz, en presencia de fiscales que diligencian el caso y funcionarios de presidios quienes deben proteger a las personas detenidas.

El MP también ha perseguido al juez Pablo Xitumul a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha retirado la inmunidad, dejándole en situación de desprotección por su labor como juez. De igual forma se ha dado trámite a varios procesos de antejuicio en contra de la jueza Éricka Aifán, contra cuya judicatura se han ejecutado varias acciones de sabotaje. El juez Xitumul y la jueza Aifán han tenido a su cargo el conocimiento y sentencia de casos de alto impacto por graves violaciones a derechos humanos y por altos niveles de corrupción y robo de recursos del Estado.

Todas y todos los profesionales ahora perseguidos penalmente sin base legal, han dedicado su tiempo al impulso de procesos vinculados a graves casos de corrupción y al desmantelamiento de estructuras criminales que han saqueado los recursos nacionales en detrimento de la población. Estructuras que, en su mayoría, provienen de grupos criminales contrainsurgentes que cometieron graves violaciones de derechos humanos entre los años 60 y 90.

Para una democracia como la que tutela la Constitución política de la república, en vigor, la independencia judicial y la autonomía en la persecución penal son pilares esenciales. Mismos que con la actuación del MP que persigue a operadores de justicia que actúan con independencia y apego al Estado de derecho, son vulnerados de manera flagrante. A tal grado que se abusa del mecanismo de reserva de los procesos y prisión preventiva sin declaración de las personas procesadas, en un contubernio y prevaricación de jueces y fiscales involucrados en esta cacería de la justicia.

Por todo lo anterior, la CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS:

1) Expresa su solidaridad y apoyo a las y los fiscales y ex personal de CICIG, ilegal e injustamente criminalizados como venganza del #PactoDeCorrupos;

2) Demanda la inmediata libertad de todas las personas detenidas y el cese de la persecución espuria de quienes han cumplido con su deber;

3) Exige la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras, del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y del Jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, Juan José Mendizábal, a la vez que requiere la correspondiente persecución penal por abuso de poder y prevaricato, tanto de ellos como de los jueces que se han prestado al juego perverso de la cacería de la justicia. Demanda además la debida persecución penal por violencia contra la mujer y tratos crueles e inhumanos a dos personas privadas de libertad, por parte del presidente de la Fundación Contra el Terrorismo;

4) Solicita a la comunidad internacional hacer uso de los mecanismos a su alcance en el marco del derecho internacional de derechos humanos, para sancionar a las autoridades guatemaltecas responsables de estos delitos y de la tolerancia a la corrupción y el crimen organizado;

5) Invita a la sociedad guatemalteca a ejercer sus derechos y demandar la salida de las y los funcionarios corruptos, fortalecer los procesos de alianzas y promover el desmantelamiento definitivo de las estructuras de corrupción e impunidad que impiden el disfrute de derechos y libertades que la Constitución garantiza y protege.

Guatemala, 25 de febrero de 2022

DETENER LA ARBITRARIEDAD ANTE LAS ACCIONES ARBITRARIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DEL DERECHO DE DEFENSA LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS EXPONE:


Este día, mediante acciones impulsadas por el Ministerio Público (MP) y autorización judicial del Juzgado de Diligencias Urgentes, se ha capturado a la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Eva Xiomara Sosa y a la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leysi Indira Santizo Rodas.

Ambas profesionales jugaron un rol determinante en procesos contra la corrupción y la impunidad impulsados por la CICIG, como el caso contra Erick Melgar Padilla. La abogada Santizo, además ejercía la defensa técnica de ex fiscales de la FECI, también perseguidos por su lucha contra la corrupción y a quienes el MP busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.

Este hecho es una clara acción de represalia por el rol desempeñado por quienes pusieron su saber y profesionalismo al servicio de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La estructura mafiosa que hoy por hoy detenta el poder político, legislativo y judicial en Guatemala utiliza las facultades que los cargos que ostentan les ofrece, para montar procesos espurios de venganza y uso indebido del derecho penal.

Como organizaciones de Derechos Humanos, comprometidas con el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad y la corrupción:

1) Repudiamos y condenamos la acción espuria del MP que dirige Consuelo Porras, así como el uso indebido del mecanismo de reserva del caso cuando la información ha sido filtrada a grupos de net centers al servicio de la corrupción.

2) Demandamos la libertad inmediata de las abogadas detenidas, así como el cese de la persecución en contra de quienes han contribuido a la sociedad guatemalteca luchando contra las mafias corruptas.

3) Exhortamos a la sociedad en su conjunto a que alce su voz y rechace por todos los medios a su alcance la imposición de un estado fascista, violador de derechos humanos que intenta regresarnos al oprobioso pasado dictatorial.

Guatemala, 10 de febrero de 2022

Comunicado Convergencia por los Derechos Humanos -CDH- Misión de Observancia y Verificación en El Estor, lzabal ante el desalojo de la resistencia pacífica de las comunidades Q'eqchi'

El_Estor
Fotografía: Prensa Comunitaria

La Convergencia por los Derechos Humanos, por medio de sus organizaciones, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala -UDEFEGUA- y, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH, coordinó una Misión de Observación y Verificación en El Estor, Izabal. La misma, verificó la situación general del cumplimiento de garantías a la plena vigencia de los Derechos Humanos y la situación específica de agresiones a Defensoras y Defensores en el área de El Estor, que cumplía el 23 de octubre, veinte días de Resistencia Pacífica. Resistencia impulsada por organizaciones, personas y comunidades, frente al funcionamiento ilegal del proyecto minero Fénix, concedido a la Empresa CGN-PRONICO.

Como antecedentes, la misión señala que, en el 2018, la Gremial de Pescadores Artesanales y el pueblo maya Q'eqchi' de El Estor, buscaron la vía legal para dirimir su conflicto con la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM}, por el proyecto de explotación minera Fénix, otorgado a la CGN. Proyecto que actualmente es propiedad de la Empresa ruso-suiza Solway lnvestement Group.

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional primero y luego, en junio de 2020, otorgó el amparo definitivo, que obliga a detener las operaciones mineras. La resolución de la CC indica que se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo maya Q'eqchi' de El Estor, a la que obliga el Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala. Es importante destacar que el proyecto minero Fénix tiene una licencia desde el año 2005 y a lo largo del tiempo ha utilizado diversas empresas y nombres para operar. Incluso, en un acto ilegal, ha sobrepasado la cantidad de kilómetros cuadrados autorizados en la licencia. La resolución de la CC dejó en suspenso cualquier actividad relacionada a la mina, de cualquier empresa, incluso las de sus proveedores.

El 4 de octubre del 2021, el Consejo Ancestral Maya Q'eqchi decidió instalar un plantón permanente en la entrada del municipio y a 10 km de la planta procesadora de la CGN, para exigir el respeto a sus derechos. Exigía, además, el pleno cumplimiento de la Sentencia de la CC e indicó que lo mantendría hasta que se suspendieran las operaciones de la mina. Durante los veinte días que duró la resistencia pacífica se sumaron varias organizaciones y comunidades para exigir sus derechos.

Luego de concluida la misión y entre otras acciones violatorias a los derechos humanos, la Misión de Observación de la Convergencia por los Derechos Humanos, destaca los siguientes elementos:

a) Uso desproporcionado de la fuerza: La resistencia fue atacada con uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de las Instituciones de la seguridad pública del Estado. Estas lanzaron gases lacrimógenos que afectaron a la totalidad de las casas en los barrios de ingreso al municipio. Testimonios recogidos en el terreno, relatan intoxicación de niñez, mujeres y ancianas, además de la muerte de aves de patio. Prácticamente el sábado 23 ya se había decidido terminar con dicho plantón. No obstante, el domingo 24 el municipio de El Estor amaneció bajo Estado de Sitio, con la subsecuente limitación a las garantías constitucionales. Al menos pudimos observar presencia policial de 8 distintos departamentos del país, así como presencia de Picks Ups sin placas o alguna otra identificación, aparentemente de la Dirección Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de la PNC. También radiopatrullas de la División de Protección a la Naturaleza (DI PRONA) y de la Secretaria General de Antinarcóticos. Asimismo, se pudo observar el domingo 24, a partir de las 6 am, nueve camiones militares con tropa que se dirigían a la región de Izabal.

b) Violaciones a la libertad de Prensa y acceso a la información: En las coberturas periodísticas que se real izaron durante los 20 días de resistencia pacífica, se reportaron graves violaciones a los derechos humanos en contra de periodistas y comunicadores sociales, a quienes se les coartó su libre movilización y la documentación de los hechos que estaban sucediendo. Hubo agresiones físicas y destrucción de equipo de las y los periodistas y comunicadores. Es importante mencionar que dos de las viviendas allanadas corresponden a comunicadores sociales del medio independiente Prensa Comunitaria, quienes realizaron una cobertura de la situación. Así mismo se ha denunciado la intimidación a otra comunicadora por su labor de comunicación.

c) Seguimiento e Intimidación en las casas de liderazgo reconocido del Municipio: La Misión pudo constatar el permanente hostigamiento en las casas por parte de las patrullas de PNC y de particulares, lo que generó un clima de zozobra entre ellos. Dicha estrategia psicológica pretendía generar miedo y pánico en la población en general y, particularmente en las familias. Numerosos testimonios también dan cuenta de la utilización de tecnología de punta en la vigilancia domiciliar, tales como drenes que además de determinar las coordenadas pueden fotografiar y analizar los movimientos en las casas. Esta vigilancia se mantuvo incluso después de los allanamientos de los que fueron víctimas.

d) Allanamientos: La misión pudo verificar y documentar 14 allanamientos a viviendas de personas defensoras que ejercen su legítimo derecho de defensa del territorio Q'eqchi'. Se documentó la presencia de elementos del Ejército de Guatemala, agentes de la PNC y del Ministerio Público, así mismo personal de la DEIC. El ejército rodeó las casas en tanto que el MP, DEIC y PNC ingresaron a las mismas. La forma de proceder del operativo fue rodear y cerrar varias cuadras de las viviendas, labor que realizó el Ejército y el ingreso de la PNC y el MP a las mismas, fue violenta. En todos los casos se les impidió a las personas hacer una llamada para avisar lo que estaba ocurriendo. En todos los procedimientos, la PNC y el MP tiraron ropa y enseres de casa. En más de alguno de los casos, removieron el piso de tierra de las viviendas aduciendo que buscaban armas. A pesar de estos abusos, en todos los casos, las personas fueron colaborativas en el procedimiento. En uno de los allanamientos se documentó a través de testimonios, que los agentes dejaron en la vivienda un veneno herbicida abierto, junto a una olla donde se preparaba la comida, asi como dejaron abierto el pozo de donde la familia se provee de agua diariamente. En otro de los allanamientos, en casa de una víctima sobreviviente de otro hecho anterior cometido por la CGN y que por esa razón la persona tiene paraplejía por lo que requiere el uso de la silla de ruedas para movilizarse, no le fue permitido ni vestirse ni ubicarse en su silla, aun cuando llegaron mientras dormía. Este hecho sólo puede entenderse como tratos degradantes, crueles e inhumanos. En todos los procedimientos se constató el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza lo que generó miedo entre las familias y significó, un mayor impacto en la niñez.

e) Violencia contra la niñez: Se pudo constatar y verificar la gravedad en uno de los allanamientos en donde la Policía Nacional Civil cometió abusos físicos, psicológicos y denigrantes a niñez que se encontraba en la vivienda, sin la presencia de los padres. Con engaños obligaron a un familiar (18 años) a presenciar el allanamiento. También ejercieron actos de intimidación en contra de las menores y el menor que estaban en el lugar. En otro allanamiento amenazaron a una menor con golpearla y contra otro menor ejercieron abuso físico pues le exigían decir en dónde estaban ocultas las armas, que según ellos la población tiene. Todos estos abusos se dieron mientras se llevaba a cabo el procedimiento y tenían a los padres en procesos de interrogatorio.

f) Detención Ilegal en contra del Defensor Eduardo Bin: El defensor de derechos humanos fue detenido con una orden de captura del 15 de agosto de 2017 que corresponde al proceso que se está resolviendo en el Juzgado de Puerto Barrios y por el cual goza de medidas sustitutivas. Este hecho es a todas luces, un acto de hostigamiento e ilegalidad a los derechos de los cuales goza el defensor. Se debe recordar que hay otros líderes de El Estor que se encuentran en la misma situación legal. Este aserto quedó corroborado con su liberación al día siguiente.

Frente a la gravedad de los hechos documentados en el desarrollo de la Misión, la Convergencia por los Derechos Humanos plantea las siguientes peticiones:

Gobierno de la República:
- Suspender de inmediato el Estado de Sitio decretado en el Municipio de El Estor, el cual carece de base para su sostenimiento.
- Cumplir, respetar y hacer respetar de manera irrestricta a la Empresa CGN-PRONICO la resolución de la Corte de Constitucionalidad la cual ordena el cierre de operaciones.
- Garantizar la integridad física y la protección de todas las defensoras y defensores de DDHH, especialmente a la Familia lch Choc, Angélica Choc; German Chub, Oiga Chen y a todas las personas que integran el Consejo Maya Q'eqchi' y la Gremial de Pescadores Artesanales.
- Permitir una visita in loco de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Facilitar una invitación oficial a la Relatora para Defensores y defensoras de DO. HH.

A la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
- Realizar a la brevedad una Misión de Observación que permita poner límites al actuar represivo del Estado.

Al relator de PPII de la ONU:
- Pronunciarse frente a la gravedad de violaciones que está sufriendo el Pueblo Maya Q'eqchi de El Estor y en lo posible desplegar junto a la OACNUDH una visita en terreno.

A la Procuraduría de Derechos Humanos:
- Instalar una subsede de la PDH durante los 30 días que dure el Estado de Sitio para dar seguimiento a la plena vigencia de los derechos humanos.

A la sociedad guatemalteca:
- Solidarizarse con el pueblo maya Q'eqchi de El Estor en su justa y digna resistencia al proyecto minero CGN-Pronico que está matando el lago de lzabal.

Guatemala 31 de octubre de 2021

Los que quedaron “en ninguna parte”


El 30 de agosto se conmemorará el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Sin embargo, no ha sido sino hasta hace 10 años cuando se dio el reconocimiento mundial a una problemática tan compleja y devastadora que, a pesar de todo, data de muchos años atrás.

Hace 55 años, en marzo de 1966, se produjo la captura y posterior desaparición de 28 dirigentes y militantes de izquierda, lo que representó la primera señal del trato brutal que en el futuro tendría la disidencia política y el cierre de los espacios políticos, además de constituir el primer de desaparición selectiva forzada masiva en la historia del terrorismo de Estado en América Latina.

Como lo demuestra el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el Estado fue uno de los principales responsables de la comisión de este delito y grave violación a los derechos humanos durante los 36 años de conflicto armado interno.

Para lograr el reconocimiento de esta práctica, así como la visibilización pública de las víctimas, como un acto de justicia, se ha intentado desde los colectivos de sobrevivientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil conformar una comisión gubernamental de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, que ha sido sistemáticamente detenida en el Congreso de la república.

Que no queden en el olvido

LOS DESAPARECIDOS nos faltan a todos.

CC IMPIDE JURAMENTACIÓN DE GLORIA PORRAS;PROFUNDIZA RUPTURA EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO


Los reiterados intentos por impedir que Gloria Porras asuma como Magistrada Constitucional son un ejemplo más del uso malicioso del derecho para cerrar espacios a toda persona que, ejerciendo el servicio público, ha demostrado su compromiso con la justicia, el combate a la impunidad y el respeto a los derechos humanos.

Al conceder un amparo a la Fundación contra el Terrorismo, los Magistrados Roberto Molina, Néster Vásquez, Dina Ochoa, Leyla Lemus y Claudia Paniagua frenan nuevamente la juramentación de Porras. Así, conceden fuerza de ley a un argumento débil, esgrimido por un grupo incluido en el Listado de actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que también aparece el Magistrado Vásquez.

Porras fue electa legítimamente por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, decisión que este órgano ha confirmado y refrendado ante las diversas acciones en su contra. Además de ello, la ciudadanía puede constatar que Porras enfrenta este tipo de represalias por su demostrada trayectoria y compromiso de actuar con independencia, especialmente en asuntos relacionados con casos emblemáticos en el entorno anticorrupción y para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Por lo anterior, la Convergencia por los Derechos Humanos manifiesta su rechazo a una decisión de la Corte de Constitucionalidad que profundiza la crisis de legitimidad del Estado guatemalteco. Las instituciones están bajo el control de redes mafiosas con poder político, económico y criminal para decidir de forma antojadiza y conveniente a la preservación del sistema actual. La expulsión de fiscales, jueces y magistrados independientes que esto provoca debe llamar a la actuación para defender una Guatemala Plurinacional donde la independencia judicial y la lucha contra la impunidad sean una garantía para todas las personas.

Guatemala, 18 de agosto de 2021

Las heridas abiertas de Guatemala después de una paz marcada por la desigualdad y la exclusión social


25 años después de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el Estado de Guatemala, si bien el conflicto guerrillero no existe, el día a día de gran parte de la población está cercada por la pobreza y la falta de oportunidades, sin que en muchos casos se respeten los derechos humanos consignados en ellos.

En este programa "Cartas sobre la Mesa" organizado por RT en Español, participó el Director de CIIDH.

RESPALDO A JUAN FRANCISCO SANDOVAL


La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, destituyó al titular de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval Alfaro.

Con una carrera de más de una década y casi siete años al frente de la FECI, Sandoval ha construido importantes avances en el fortalecimiento de la justicia. Su liderazgo, que ha representado importantes golpes al crimen organizado, es el que provocó los ataques en contra de su independencia. Con su decisión, Porras se pone del lado de estos grupos y del crimen organizado, por lo que debe renunciar de forma inmediata.

La trayectoria de Sandoval ha cumplido de forma brillante su función al frente de la FECI. Ante posibles amenazas a su integridad, expresamos nuestro apoyo absoluto al fiscal Sandoval y reiteramos nuestro reconocimiento y apoyo a su labor.

Desde la Convergencia por los Derechos Humanos, llamamos al pueblo de Guatemala a defender al fiscal de la dignidad y a repudiar las acciones del #PactoDeCorruptos para desarticular un estado corrupto y mafioso.

Guatemala, 23 de julio de 2021

CARTA A LA VICEPRESIDENTA DE ESTADOS UNIDOS KAMALA HARRIS
Ante su anunciada visita a Guatemala


Vicepresidenta Kamala Harris
La Casa Blanca
Oficina de la Vicepresidenta
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20050


Guatemala, 6 de junio de 2021. Durante más de medio siglo, la población guatemalteca nos hemos visto enfrentados tratando de hacer cambios estructurales para colocar al país en condiciones adecuadas para su desarrollo y lograr ir cerrando las grandes brechas que nos califican como país en desarrollo. Tuvimos 36 años de conflicto armado interno y un proceso de paz donde se firmaron acuerdos para cambiar estructuralmente el origen del conflicto de manera pacífica. Se lograron implementar los acuerdos operativos, no así los estructurales. Hubo muchos grupos de poder interesados en que no se cambiara el status quo.

En su transición democrática, la corrupción e impunidad transformó y convirtió al Estado de Guatemala en un sistema cleptocrático, que no permite que las grandes mayorías se beneficien. Este sistema se ha caracterizado por utilizar el endeudamiento público para beneficiar, a través de contratos públicos privados a sus grupos afines y utilizar el presupuesto igualmente para beneficio de esa élite política, militar, económica y ahora complejizada por el crimen organizado.

La desnaturalización del sistema democrático ocurre a través de los partidos políticos. Cumplen las formas, no así el fondo ni el espíritu del rol que deben jugar los partidos en su intermediación con la población. Desde los puestos de poder logran controlar y capturar la economía. Análisis de los contratos otorgados entre el 2004 al 2017 identificaron que, de un total de 298 mil contratos, por un monto de $13.6 billones, un 19% de estos fondos se pierde en corrupción que beneficia a funcionarios públicos y el sector privado. Esto desvía la inversión destinada a atender las causas subyacentes de la migración, que se convierte en la única opción para sobrevivir de muchas personas.

Por último, tener el control del sistema de justicia les garantiza la impunidad en sus actos criminales y deja a la ciudadanía en estado de indefensión. Por todo lo anterior, es entendible que esta élite depredadora elaborara un plan para deshacerse del último esfuerzo de los acuerdos de paz que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato era la desarticulación de estas redes cleptocráticas y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Sin una justicia independiente, objetiva, imparcial libre de conflictos de interés, no hay certeza jurídica para las inversiones extranjeras, ni será posible resolver el origen estructural que causa la migración.

Desafortunadamente, la lucha contra la corrupción e impunidad ha sido debilitada por estas redes cleptocráticas y el Estado ha incrementado sus ataques, criminalizando a personas e instituciones que han demostrado su convicción y compromiso por Guatemala. Asimismo, desde sociedad civil, en el marco de la política hacia la región sobre una Comisión Regional, tenemos una propuesta que ya hemos socializado con distintos actores de la Administración y que incluye al Embajador William Popp.

Creemos que su visita es relevante para respaldar a los actores que luchan en favor de la justicia, como los fiscales de la FECI, jueces honestos e imparciales, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil, ya que en estos momentos la cúpula de las instituciones de justicia (Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad) se encuentran al servicio de las redes de impunidad y comprometidas con retroceder y destruir los logros de la CICIG y de la lucha contra la impunidad.

Saludamos y agradecemos la visita a nuestro país con el ánimo de mejorar las relaciones entre la sociedad civil guatemalteca y el gobierno de Estados Unidos. Esperamos que la comunicación pueda continuar en aras de construir esperanza y un plan conjunto para echar a andar en nuestro país.

ORGANIZACIONES Y PERSONAS FIRMANTES
Abogadas Indígenas Chomijá – Acabar con la Impunidad – AFEPLAME SAN JOSE Aj ikonel – Alas de Mariposas – Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia en Guatemala – Alianza de Organizaciones Guatemaltecas – Alianza Estratégica de Mujeres Cedaw en Guatemala – Alianza Política Sector de Mujeres (APSM) – Alianza por las Reformas – American Friends Service Committee LAC – Analistas Independientes de Guatemala (AIG) – APROSUVI – Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI) – Asamblea Departamental Multisectorial Quiché – Asamblea Universitaria por el Rescate de la USAC – ASEDE – Asociación Civil Verdad y Vida – Asociación COMSOL – Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS) – Asociación FPM – Asociación Gente Positiva – Asociación Juvenil Kojb'iyin Junam – Asociación K'amalb'e – Asociación las Crisálidas – Asociación Maya para el Buen Vivir Komon Ajq'ijab – Asociación Mujeres en Solidaridad {AMES) – Asociación Nuevos Horizontes – Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia {LEGIS) – Asociación para el Desarrollo Local IXIM – Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ – Asociación Pop No'j – Asunción Tactic S.A. – Asociación DOSES – Asociación de Trabajadoras para el Hogar a Domicilio y de Maquila (Atrahdom) – Bufete Palomo Abogados – Cámara del Migrante de Guatemala – Casa del Migrante (Las Vegas, NV) – Centro de Estudios de Guatemala (CEG) – Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva – Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica {CIPREVICA) Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) – Claveles Rojos México – COCODE Caserío Guadalupe, San Felipe, Retalhuleu – COINDE – Coisosam RL – Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango – Colectivo Madre Selva – Colectivo Memoria, Dignidad y Justicia – Colectivo Poder Constituyente de las Mujeres – COMDIQ – Comisión Ciudadana de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango – Comisión Ciudadana por la Transparencia y Probidad de Chiquimula – Comité Nacional de Mujeres CNM-ISP-GUATEMALA – Comparsa Centenaria y Vitalicia USAC – Comunidad Tzunun Va´ – CONCODIG – Consejo del Pueblo Maya – Consejo Maya Chilam B'alam de tos K'iches – Coordinadora lnstitucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) – CPR-Sierra – CUENSA – Epicentro GT – Factor 4 – Familia Molina Theissen – Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) – Foro de Organizaciones de Seguridad Ciudadana (FOSS) – Frente Ciudadano Contra La Corrupción (FCCC) – Frente Universitario Contra la Corrupción – Fundación Cultura de Paz y No Violencia – Fundación Mam – Fundación Myrna Mack – Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE) – Fundación Wellness – Gobierno pturinacional – Grupo ARCO – Grupo lntergeneracional – Grupo Multidisciplinario por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – H.O.LA. San Pedro – Impunity Watch – Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) – Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación Paz (IRIPAZ) – Instituto Emiliani Somascos – Instituto para la Democracia Social (DEMOS) – Interpretes Unidos WFCSE – Justicia Ya – K'amalb'e Rech Tinamit Ixim Ulew – La Mascarada Huelguera USAC – Miradas en Resistencia – Movimiento Familiar Cristiano – Movimiento Nacional de Victimas del CAi Q'anil Tinamit – Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor (MUVACOFUM) – OASIS – ODHAG – Organización de Mujeres Tierra Viva – Organización Sindical SINTRAMSCA – Organización Trans Reinas de la Noche, OTRANS–RN – Otra Guatemala Ya – Parlamento del Pueblo Xinka – Parroquia de Nueva Concepción – Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Agua Blanca. – Parroquia Santa Cruz, Jutiapa – Pastoral Social Chichicastenango – Plan Nacional de Contingencia contra la Pandemia y el Hambre (PNCPH) – Plataforma Cívica GT – Plataforma Internacional contra la Impunidad – Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas – Prelatura de Esquipulas – Programa Permanente de Cultura – Red Guatemalteca Mujeres Positivas En Acción – Red Información Contra la Impunidad en Guatemala – Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala – Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad – Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPOG) – Sanarate Somos Todos – Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado – Seguridad en Democracia (SEDEM) – Sida y Sociedad – Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Escuela de Trabajo Social de la USAC – Sindicato de Trabajadores de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango (SITRADDEH) – Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala (SlTRAMEG) – Sindicato Nacional de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL) – SITRADIDET, Totonicapán – SITRADIT – SITRAGUA – SITRAINFOM – Transparencia y Dignidad – Una Guatemala en Paz – Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) – Unidos Contra la Corrupción Guatemala – Abel Everardo Reyna Puac – Abigail Molina Aida Raquel López Camey – Alberto Hernández Botzoc – Aldo Dávila – Alejandro Ordoñez – Alfonso Solorzano Contreras – Alfonso Tiul Chub – Álvaro Montenegro – Amanda M Toledo Ramas – Amílcar Ernesto Luna Palma – Ana Isabel Valle García – Ana Lucrecia Rodríguez Quintana – Ana María Moreno – Ana Patricia Rubí Guerrero – Anabella Giracca – Anabella Sibrián – Anamaria Tejada Toledo – Andrea Lucía Vásquez Bautista – Anita Imelda Maza Polo – Antonio García – Antonio Oxlaj Lux – Aracely Tórtola Lanuza – Ardavin Eliceo Méndez Gabriel – Arelio Hernández – Axel Casasola – Belter Oliverío Ruiz Quevedo – Raulia Thillet de Solorzano – Brenda Carolina Leverón Ramos – Carios Alberto Marroquín – Carlos Chúa López – Carlos Daniel Zea Gobern – Carlos Oliva – Carlos Roberto Salguero Álvarez – Carmen Leticia Mazariegos Franco – Carmen Yolanda López Téllez – Carolina Escobar Sarti – Celeste María Cárdenas Arango – Cesar Aguirre – César Ariel Vásquez Pisquiy – Cesar Augusto de León Molina – Cesar Augusto Miranda Martínez – Charlie Jiménez – Claudia Escobar Mejía – Claudia Melissa Mateo Tojín – Claudia Virginia Samayoa – Claudio Vizcaíno de León – Clodomiro Leonel Jiménez López – Concha Méndez– Conrado Martínez – Cruz Díaz Donis – Carolina Lisseth Urrutia García – Damaris Elizabeth Acevedo Ortiz – Dinorah Véliz – Douglas Mazariegos – Dr.Ph.D Luis Juventino Arroyave Peña – Edgar Antonio Quan Guerra – Edgar Reyes Cabrera – Edgar Rolando Figueredo – Edgar Rolando Vásquez Trujillo – Edmundo Urrutia – Eduardo Miguel Tejada de la Vega – Eduardo Roberto Estrada López – Eduardo Rolando Maltez Aragón – Eduardo Ruiz Pérez – Eduviges León Chacaj – Edwin Baten – Edwin Yovany Morales – Edwing Gómez – Elda Lisette Aguilar Prado – Elena Diez Pinto – Elena Hurtado – Elizabeth Calderón – Emilio Lickez España – Emiliano Hernández – Enrique Estuardo Maldonado Maldonado – Erick Mendoza – Erika Reina Luther – Estela L. Eugenia Arce Padilla – Estela Matamoros – Estela Veliz – Eulalia Jerónimo Guzmán Pérez – Evelyn Recinos Contreras – Felipe Pérez Silvestre – Ferdy Francisco Salazar Alarcón – Francis Xavier Jutab Demina – Francisco Chew – Francisco Javier Pérez Lorenzo – Francisco Villagrán de León – Francisco Zacarías – Frankli Corado – Frank la Rue – Fredy Coloch Osorio – Gabriel Guzmán – Gerardo Valdizán – Gloria González Vásquez – Gloria León – Guadalupe Ortiz Archila – Guillermo Escobar – Guillermo Rodolfo Madrid Andrade – Guissela Avila – Gustavo Madrid – Gustavo Berganza – Haroldo Calderón García – Helen Mack – Héctor Escobar López – Herbert Orozco – Hermelindo Coc – Hugo Alfredo Gálvez Mejía – lngrid Fabiola Roesch Quiroa – Irene Piedrasanta – lssya Mariana Gutiérrez L. – Javier González – Jeiner Mateo Choc – Jessica Gramajo – Jessica Jarcian – Jesús Alcides Barrios Barrios – Jesús Martínez – Joaquín Calderón Castillo – Joel Fernando Ichich Choc – Jorge Antonio Penados Bakfüon – Jorge Arturo Corona de León – Jorge Arturo Matute Flores – Jorge Luis Barrios Coronado – Jorge Luis Roldan Castillo – Jorge Mario Baldizón Ozaeta – Jorge Ochoa – Jorge Santos – José Abraham Bautista Gómez – José Alfredo Calderón – José Antonio Quiñonez Flores – José Chic – José García Ramírez – José Luis Cuque Fuentes – José Nestor Carrillo Potón – José Orlando Escobar Meza – José Retana – José Rodolfo Rodríguez Ronquillo – Juan Alberto González Jacobo – Juan Antonio Flores – Juan Carlos Guzmán – Juan Francisco Tejada Toledo – Juan Rodolfo Aguilar Lean – Juan Yat –Julio Antonino Tejada Toledo – Karla Malina – Kety Carolina Caal Chocooj – Leonardo Molina – Leonel Santiago – Lester Femando Cobos García – Lester Home.ro Godinez Orantes – Lexi Gomez – Ligia Mariana De La Roca Hernández – Lily Caravantes – Lísbeth Sirin Perén – Lisseth Orquidia Castro Blanco – Lucia Pinto – Lucía Terrón Gómez – Lucrecia Ardan Quezada – Luis Alberto Compá Martínez – Luis Alfredo Morales – Luis Fernando Girón – Luis Gregario Bautista Gómez – Luis López – Luis Rafael Valladares Vielman – Luis Raúl Salvadó – Makrina Gudiel Álvarez – Malena Peralta – Manuel González Sevilla – Manuel López Barco – Marco Antonio Alvarado – Marco Mansilla – Marco Tulio Ordoñez Castellanos – Marco Tulio Recinos Torres – María Alejandra Morales Arana – María Cristina Calderón Melgar – María Diosalinda Alvarado Huertas – María Elizabeth Ruiz García – María Eugenia Solís García – María José Torres – María Luisa Rosal Paz – María Victoria Bautista Gómez– María Yadira Urcuyo – Mariano Gómez García – Mario Flores Pereira – Mario Ricardo Mazariegos Ángel – Marisol De León Rodríguez – Maritza Urrutia – Martha Leticia Hartleben – Martín Real – Marylin Gabriela Concobá Ramírez – Matieta Soria Oliva – Melany Maria Cabrera Lémus – Michelle de Aguirre – Miguel Ángel Figueroa Ramírez – Miguel Ángel Martínez – Mirza Emilia Rivera López – Mynor Bracamonte – Mynor Letona – Mynor Nolberto Sagastume López – Nancy Barrutia – Nicolas Alberto Cedilla – Nora Eunice Arreaga Escobar – Nuria Elisabeth Maldonado – Ofelia del Rosario Carrera Mayén – Olga Marina Mateo García – Oscar Edmundo Monterroso – Oscar Eduardo Daniel Álvarez Gill – Oscar Gustavo Ancheita Escobar – Oscar Morales – Oscar Ozuna – Oscar Rolando Sierra – Otilia Lux de Coti – Otto Leonel Calderón Boj – Otto Leonel Morán – Pablo Roberto Boiton Escobar – Patricia Castillo – Paty Chan – Pedro Alonzo – Pedro M. Yax – Pedro Matom Corio – Percy Rodolfo Médez – Piedad Lucrecia Ileana Soria Oliva de Bances – Pilar del Rosario Bautista Benítez – Raúl Figueroa Sarti – Ricardo Enrique Zúñiga Armas – Ricardo Falla, S.J. – Ricardo Lujan Lunsford – Ricardo Saúl Sandoval Tobias –Rigoberto Real – Rigoberto Real Túm – Rodolfo Rohrmoser V. – Romilio Hemández – Rosemary Son Muchuch – Rubén Del Valle – Ruddy Miguel Girón López – Salvador Humberto Garda Jiménez – Samuel Pérez-Attias – Sandra Elizabeth Fernández Ramirez – Saúl Efrén Mufüz Fernández – Saúl Ernesto Rojas Castillo – Sergio Anibal Lemus González – Sergio Joaquín Ávalos Austria – Silvia Lucrecia Aguilar Rodríguez – Silvia María Alonzo Yanes – Silvia María Alonzo Yanes – Sonia Victoria Vásquez Trujillo – Valentín Cal – Verónica Noelia Lemus Gómez – Victor Ajche – Victor Enrique López Camey– Victor Guevara Castro – Víctor Raúl Hurtado Escobar – Victoria Eunice Soto Pérez – Vinicio Barrientos Carles – Virgilio de Jesús Calderón García – Walter Josué Martín Ordoñez – Xiomara Magalí López Rivera – Yesenia Medina – Yonatan Alberto Alonzo Rodas.

Las reformas a la Ley de ONG's son desproporcionadas y otorgan facultades dictatoriales al Presidente, que podrá cancelar organizaciones de la sociedad civil

La Corte de Constitucionalidad, declara SIN LUGAR los amparos interpuestos contra la Ley de ONGS.

Esta decisión violenta, entre otros, los derechos reconocidos para las personas defensoras de Derechos Humanos, poniéndoles en riesgo.

Memoria de Gerardi, mártires, memoria histórica y #Pacto de corruptos

Homilía del 02/05/2021. En el caso de nuestro país, menciona el Padre Cirilo, necesitamos demandar y denunciar también el acelerado deterioro de la calidad ética y profesional de los funcionarios y autoridades políticas a partir de que el gobierno anterior hizo lo posible para eliminar la CICIG y se ha logrado instalar progresivamente de nuevo el #PactoDeCorruptos.

1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores

Homilía dedicada a los mártires de El Quiché en ocasión de su beatificación.

La misa fue oficiada el 25/04/2021 en la Parroquia El Carmelo. Haciendo una analogía con la Pascua, una frase clave fue clamar porque Guatemala después de tanta muerte... resucite.

Alguien tiene que encargarse de la memoria histórica en este país.

Estas imáganes simbolizan el camino que se ha escogido como país y como humanidad. Cuando muera Semuc Champey, detrás vamos todos.

CONGRESO IMPIDE JURAMENTACIÓN DE MAGISTRADA GLORIA PORRAS

La Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar enfrenta un riesgo tangible de ser perseguida políticamente por sus decisiones como integrante de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.


El Congreso decidió, arbitrariamente, impedir su juramentación para la Octava Magistratura (2021-2026), para la que fue designada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al frenar la decisión de juramentarla, el Congreso de la República coloca a Porras en una situación de indefensión, dado que múltiples acciones legales se han presentado en su contra y pueden escalar a una persecución política por sus decisiones en la Corte.

Porras ha sido criminalizada por los principales poderes de Guatemala por haber actuado con firmeza, poniendo freno a los intentos de los tres poderes del Estado por desarticular los avances de la justicia y la lucha contra la corrupción. Además, enfrenta múltiples críticas por su compromiso con desarrollar un precedente constitucional orientado a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar su participación en el desarrollo del país.

Al perder su inmunidad, las más de 70 acciones legales espurias que Porras enfrenta actualmente tienen mayores posibilidades de avanzar. Además, la Magistrada enfrenta campañas de ataque y desprestigio en contra suya desde hace más de cuatro años, por lo que su vida, integridad y derecho a un juicio justo se encuentran en peligro inminente.

Por lo anterior, la Convergencia por los Derechos Humanos hace un llamado a la población a exigir a las autoridades de los tres poderes del Estado cesar este ataque frontal a la independencia judicial, a la autoridad de la Corte de Constitucionalidad y a la posibilidad misma de que el país pueda vivir en orden, paz y democracia.

Asímismo, la Convergencia por los Derechos Humanos responsabiliza al Gobierno de la República, en particular al Ministerio de Gobernación de la seguridad e integridad física de la Magistrada y hace un llamado al Procurador de Derechos Humanos a establecer la garantía de los derechos fundamentales que le asisten.

A la comunidad internacional estar atenta a este proceso de ilegalidades que atentan contra el Estado de Derecho vigente y constituyen una muestra clara del grave retroceso democrático y de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.

Guatemala, 13 de abril de 2021

El Colectivo de Organizaciones de Sociedad Civil, participantes en la Alianza para un Gobierno Abierto en Guatemala

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL MANIFIESTAN

Su profunda preocupación por la creciente crisis de gobernabilidad, y descontento de la población por los actos que corrompen cada vez más, en forma abierta e impune, el sistema de Justicia, el Organismo Legislativo y las instituciones del gobierno central, a costa de la creciente pobreza y precariedad de las grandes mayorías de ciudadanos del campo y la ciudad.

La crisis en torno a la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia una institucionalidad deficiente y opaca, Incapaz de atender la creciente pobreza, desnutrición Infantil, desempleo, la migración Internacional Irregular, el racismo, la exclusión de las mujeres y otros problemas estructurales históricos, todo lo que denota la falta de compromiso social e ineptitud de los gobernantes y especialmente de la corrupción estatal, que ponen en riesgo la democracia y pueden generar un desborde social, de Incalculables consecuencias.

En estas condiciones consideramos que ES URGENTE QUE LOS PAÍSES AMIGOS, que hace casi un cuarto de siglo Impulsaron y apoyaron la finalización del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz para generar una sociedad más democrática, solidaria y equitativa, HOY APOYEN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN que libran las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y en general la población guatemalteca, haciendo valer los tratados, las convenciones y demás instrumentos Internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, la impunidad, y en general con las permanentes violaciones a los derechos humanos que de éstas se derivan.

ES URGENTE QUE SE RESTABLEZCAN EN GUATEMALA: la Independencia de poderes, la institucionalidad democrática y, especialmente, que se transparente la gestión de los recursos públicos, especialmente en el actual contexto en que la pandemia del Covid-19 está provocando efectos devastadores en la vida, en la salud y en la economía de los grupos sociales más vulnerables, y además que cesen las acciones estatales que reprimen y criminalizan la organización social, la lucha contra la corrupción, la libre expresión ciudadana, y la auditoria social.

Las organizaciones de este Colectivo, hemos aceptado el desafío de continuar participando en la Iniciativa de Gobierno Abierto en Guatemala, siempre y cuando esta Iniciativa tenga sentido práctico y mejore su efectividad al proponer COMPROMISOS Y MECANISMOS que efectivamente contribuyan con transparentar la gestión pública, y erradicar la corrupción de los programas estatales, y que esta Iniciativa no sea utilizada únicamente para legitimar la corrupción gubernamental y la Impunidad.

HACEMOS UN LLAMADO: A las organizaciones de la sociedad civil y a la población guatemalteca, a sumarse y participar en los espacios de diálogo y de incidencia política, para contribuir con las transformaciones que el país necesita. A la Instituciones y al funcionariado estatal, se le exhorta a participar en los espacios de diálogo con la sociedad civil, con una visión de país, abierta, incluyente y sin compromisos sectarios.

Guatemala, 9 de abril de 2021

CiiDH - CENTRO INTERNACIONAL PARA INVESTIGACIONES EN DERECHOS HUMANOS
GUATECIVICA - FUNDACIÓN PROSPERITI GUATECIVICA
CODEFEM - COLECTIVA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN GUATEMALA
OBSDISC - OBSERVATORIO DE DISCAPACIDAD
CENACIOE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO V DESASTRES
FE Y ALEGRIA - FUNDACIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA
CEIDEPAZ - CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
DIALOGOS - DIÁLOGOS GUATEMALA
GAX ONG - GRUPO DE APOYO XELA. ONG

¡BASTA DEL ABUSO DE PODER!


El Congreso carece de autoridad para perseguir Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por sus decisiones judiciales. De hacerlo, romperán con la autoridad de la CC y limitarían las posibilidades para que actúe como último árbitro de la justicia constitucional del país.

Si las órdenes de la CC no son cumplidas -como está haciendo el Congreso y antes facilitó la Corte Suprema de Justicia-, el abuso de estos poderes y el ataque contra los derechos de la ciudadanía no tendrá fin.

La desobediencia es cuando alguien no obedece una orden de juez. Algo así como que un padre que abandona a sus hijos se niega a pagar la manutención que le ordene el juez. Lo mismo hizo hoy el Congreso al conformar la Comisión Pesquisidora para investigar a los magistrados de la CC.

Como Convergencia por los Derechos Humanos, exigimos al Congreso respetar la Constitución Política y dejar de atentar contra el Estado de Derecho. Demandamos el cese inmediato de la persecución a los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

Guatemala, 23 de marzo de 2021

Persecución a Magistrados Constitucionales Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, atenta contra la paz social.


Los tres poderes del Estado han vuelto costumbre desacatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y atentar contra el Estado de Derecho. Son acciones que traen consecuencias negativas para la sociedad guatemalteca, pues, envían el mensaje de que las decisiones judiciales pueden cumplirse a sabor y antojo de las autoridades.

En la actuación contra la CC, los poderes judicial y legislativo buscan perseguir penalmente a Gloria Porras y Francisco de Mata Vela por haber tomado decisiones que afectaron los intereses corruptos de las élites políticas, económicas y criminales que controlan el Estado. Porras y de Mata han sido firmes al poner un alto a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que han generado represalias de toda índole. Entre estas se incluye el proceso ilegal que realiza actualmente el Congreso con miras a retirarles la inmunidad y criminalizar el trabajo de Porras y de Mata Vela.

Contra todo derecho e irrespetando resolución que lo prohibía, el Congreso continúa con la intención de conformar la Comisión Pesquisidora, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le trasladara el expediente de antejuicio de dichos Magistrados. Ambos poderes desobedecieron la sentencia del 10 de octubre de 2019 que les ordenaba lo contrario.

De lograr su objetivo, se rompería la norma constitucional que impide perseguir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por sus decisiones judiciales. Lo que establecería el nefasto precedente de que la CC debe ceder a las presiones e intereses de otros actores políticos. Un hecho que reduce la posibilidad de que la CC cumpla con su rol constitucional, como actor imparcial y objetivo que media en los conflictos sociales y pone freno a los abusos del poder en contra de las y los ciudadanos.

Sin esta garantía democrática, la Constitución de la República de Guatemala está en peligro y, con ella, el orden moral, político y jurídico que garantiza la paz y el desarrollo del país.

Por ello, la Convergencia por los Derechos Humanos exige a los tres organismos del Estado, respetar las resoluciones de la CC y abstenerse de crear precedentes que colocan a Guatemala por la senda del autoritarismo y la violencia. En particular, a la Junta Directiva del Congreso le exigimos que retire de la agenda legislativa conocer sobre el antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Guatemala, 18 de Marzo de 2021.

EXIGIMOS QUE LA FISCAL GENERAL SOLICITE ANTEJUICIO EN CONTRA DE NÉSTER VÁSQUEZ Y TODOS LOS IMPLICADOS EN EL CASO COMISIONES PARALELAS 2020


En las últimas semanas salió a luz pública que el magistrado Néster Vásquez y otros miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) participaron en la manipulación y amaño del proceso de elección de cortes para el período 2019-2024. Según las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el propósito era la cooptación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA).

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público (MP) solicitó la orden de captura del rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, y de dos candidatos a la Corte de Constitucionalidad (CC), pero sigue sin solicitar el antejuicio en contra de Néster Vásquez y los magistrados de la CSJ que están implicados en el Caso Comisiones Paralelas 2020.

Exigimos que la Fiscal General actúe con objetividad e imparcialidad y solicite el antejuicio de Néster Vásquez, Patricia Valdés, Vitalina Orellana y otros miembros de la CSJ. Todos ellos negociaron ilegalmente las magistraturas con políticos y funcionarios acusados de corrupción. Además, le exigimos que pida la anulación de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), dado que Néster Vásquez, al igual que el prófugo Mynor Moto, no tiene la idoneidad necesaria para integrar la próxima CC, algo que pone en peligro el orden Constitucional del país.

Guatemala, 9 de marzo de 2021.


Acción Ciudadana / Alianza por las Reformas / Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad -ACCI- / Asamblea Social y Popular / Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud -ACCSS- / Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León / Asociación Gente Positiva / Asociación Maya Uk'ux B'e / Asociación Pop No'j / Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew / CAFCA / CALDH / Casa de la Cultura 4 de Noviembre LGBTIQ+ / CIIDH / Claveles Rojos / Colectivo de Lucha y Resistencia CLR / Comisión Ciudadana de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango / Convergencia por los Derechos Humanos / ECAP / FADS / Festivales Solidarios / Fundación Myrna Mack / ICCPG / Impunity Watch / JusticiaYa / La Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala / Movimiento Landivarianos / Observatorio Ciudadano para la Paz de San Cristóbal Verapaz, "La pupila del Cielo" / ODHAG / Oficina para la Diversidad Sexual y de Genero Cobán Alta Verapaz / Otra Guatemala Ya / Plan Nacional de Contingencia contra la Pandemia y el Hambre -PNCPH- / Red Ciudadana / Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala -RPDG- / Refugió con Visión Diversa Quiché / SEDEM / SITRADOMSA / Trabajando Unidos/ Tzuk Kim Pop/ UDEFEGUA / Ukux Mayab Tinamit / UNAMG / Visión Legislativa.

CONDENAMOS EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CIUDADANO EN ANTIGUA


Desde la Convergencia por los Derechos Humanos, condenamos la ejecución extrajudicial del ciudadano Luis Armando Solórzano Subuyuj, realizada por la Policía Municipal (PM) de Antigua Guatemala, el 28 de febrero. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (lnacif) ha confirmado que la muerte del señor Solórzano Subuyuj se produjo por "trauma cerrado de tórax", lo cual concuerda con lo evidenciado en los vídeos que circulan. Dicha evidencia muestra cómo, pese a que Luis Armando Solórzano Subuyuj estaba sometido, los miembros de la PM de Antigua, abusaron de la fuerza contra dicha persona.

La responsabilidad por este crimen corresponde a los ejecutores directos, tanto como a los superiores, incluido el jefe edil de Antigua, Guatemala. No puede haber fuerzas de seguridad de ninguna naturaleza, formadas en métodos criminales que violan los procedimientos elementales de actuación profesional. Una agencia policial está obligada a velar por la seguridad y la protección de las personas, no para causar la muerte por abuso de autoridad y empleo de métodos represivos.

- Demandamos la investigación plena de este crimen y el procesamiento de todos los responsables en la línea de mando. Exigimos, además, el desmantelamiento de esta y toda fuerza policial irregular.

- Requerimos al Procurador de Derechos Humanos (PDH) y a la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, una investigación sobre los mecanismos de selección, formación y carrera en todas las instituciones policiales en las municipalidades del país, a fin de velar porque las mismas cumplan con los principios y estándares profesionales o sean desmanteladas para garantía de seguridad ciudadana.

Guatemala, 2 de marzo de 2021

EN EL DÍA NACIONAL DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO


Las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno viajamos desde nuestras comunidades a la ciudad capital para honrar la memoria de nuestros seres queridos y para exigir que se elijan cortes de justicia imparciales e independientes. Para nosotras y nosotros este es un día doloroso porque recordamos a nuestros seres queridos que sufrieron el genocidio, las masacres, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y otros crímenes atroces cometidos por el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno. Decidimos venir para defender su memoria y exigir justicia.

Valoramos positivamente la reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la iniciativa de ley 5377, con la que se pretendía reformar la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar amnistía a los militares, los comisionados militares y los patrulleros de autodefensa civil (PAC) responsables de los crímenes del pasado. Reconocemos la valentía y la integridad de las magistradas y los magistrados que aprobaron esa sentencia histórica, porque protege el derecho de las víctimas a la justicia; y condenamos públicamente la posición del magistrado Roberto Molina Barreto, quien votó a favor de la amnistía para proteger a los criminales que ordenaron el genocidio.

Hoy presentamos un nuevo memorial ante la CC para pedirle que resuelva lo antes posible los amparos y las inconstitucionalidades en contra del cierre de las instituciones de la paz y el traslado del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) al Ministerio de Desarrollo Social. El Gobierno de Alejandro Giammattei cerró ilegalmente las instituciones de la paz y los derechos humanos, y pretende sepultar la memoria histórica del país; pero las víctimas y sobrevivientes defenderemos nuestros derechos ante las cortes nacionales e internacionales, y en las calles si es necesario.

Rechazamos la iniciativa de ley 5664 con la que se busca dar una compensación económica a los exmilitares que participaron en las violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno. El dinero que se pretende dar a los exsoldados es para pagar a las personas que votaron por Alejandro Giammattei y el partido VAMOS en las elecciones del 2019, y es totalmente ilegal utilizar los recursos del Estado para pagar deudas políticas.

Finalmente nos sumamos al llamado de la ciudadanía que exige transparencia en la elección de la próxima CC. Nos oponemos a que personas como Roberto Molina Barreto, Héctor Pérez Aguilera y Luis Alfonso Rosales, quienes defendieron y protegieron a Ríos Montt y los genocidas, sean electos para integrar la CC. Las y los guatemaltecos tenemos derecho de exigir que se elija a personas honradas, capaces y respetuosas de los derechos humanos para integrar las cortes. ¡Queremos cortes no mafias!

PLATAFORMA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO:

Movimiento Nacional de Víctimas "Q'anil Tinamit" / Asociación Q'anil Maya Kaqchikel de Víctimas Chimaltenango (ASOQ'ANIL) / Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) / Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) / Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) / Consejo Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CONAVIC) / Familiares de Víctimas del Diario Militar (FVDM) / Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales (UNACODHI) / Asociación Memoria, Dignidad y Esperanza (AMDE) / Asociación Bufete Jurídico Popular (ABJP) / Asociación Coordinadora de Acción Social de Desarrollo Rural Área del Polochic del CAI (CASDRAP-CAI) / Asociación de Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ) / Asociación de Desarrollo Integral de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno Maya Achí "Kajib' Keej" (ADISCAIMA) / Asociación Oxlaju Q'anil / Asociación Oxlajuj Ajpop/ Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas "Rudy Monterroso" / Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de Alta Verapaz (AVECHAV) / Asociación para la Dignificación y Desarrollo Integral de Comunidades Víctimas del Conflicto Armado Interno de Uspantán (ASODDICVICAIRU) / Asociación de Autoridades Ancestrales Indígenas Campesinas Víctimas del Conflicto Armado Interno -ONG(AAICAVCAI-ONG) / Comunidades de Población en Resistencia (CPR-Sierra) / Consejo Nacional de las Comunidades para el Desarrollo Integral de Guatemala (CONCODIG) / Consejo Regional de Víctimas, Vertiente Norte de Huehuetenango / Coordinadora de Desplazados de las Colonias Marginales de la Ciudad de Guatemala/ Coordinadora de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de Alta Verapaz (COSAI) / Coordinadora de Víctimas de la Región Oriental / Coordinadora de Víctimas del Municipio de Ixcán (CORVIMI) / Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI) / Comité de Familiares de Víctimas de la Masacre de Las Dos Erres, Petén / Comité de Víctimas Desplazadas de la Masacre de la Aldea Josefinos, Petén / Movimiento Regional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Región Maya Q'eqchi' -Poqomchi', Alta Verapaz / Red Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno/ Sobrevivientes del Caso de Violencia Sexual contra Mujeres Achi.

ORGANIZACIONES SOCIALES:

Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib'Kej: Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), Asociación Ajkemab'Rech K'aslemal (AJKEMAB'), Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, Asociación de Servicios Comunitarios en Salud (ASECSA), Comité de Unidad Campesina (CUC), Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE), Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS) y Asociación Maya Ukux B'e / Fundación "Rigoberta Menchú Tum" / Sector Interreligioso Centinelas/ Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia en Guatemala / Asociación de Abogadas Indígenas Chomija / Asociación de Profesionales Mayas del Ixcán Kemb'al No'j / Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente / Asociación Ixoquib' MIRIAM / Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ) / Asociación de Mujeres Mayas Majawil Q'ij-Nuevo Amanecer / Asociación de Mujeres Alas de Mariposas / Asociación para el Litigio Estratégico (ASOL) / Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor (MUVACOFUM) / Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA) / Comité para la Defensa de los Derechos Laborales de las Trabajadoras de Maquila (CAMBRIDGE)/ Asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM) / Sindicato de trabajadoras y trabajadores de trabajo Social de la USAC (SINETS) / Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMUJER), Aguacatán, Huehuetenango / Sindicato de trabajadoras y trabajadores de trabajo Social de la USAC (SIN ETS) / Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) / Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas, por la Salud, Educación y Nutrición (ALIANMISAR) / Convergencia Ciudadana de Mujeres - Convergencia Cívico Política de Mujeres (CONVERGE MUJERES)/ Asociación Integral en Género y Derechos Humanos para América/ Asociación de Mujeres Mayas Sembrando hoy cosechando Mañana (AMUSCOM) /Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz (SITRASEPAZ).

25 de febrero: Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno

CERO TOLERANCIA AL RACISMO PRESIDENCIAL


1) El racismo es la ideología usada por quien ostenta el poder para justificar la discriminación hacia otro grupo considerado inferior. En la historia, el racismo ha surgido fundamentalmente en el marco de la competencia por los recursos y la imposición violenta del dominio injusto de unos grupos sobre otros. El orden político, económico y militar del Estado Guatemalteco se ha valido del racismo para imponer la discriminación sobre los Pueblos Indígenas, la cual redunda en la apropiación indebida de sus territorios y recursos naturales, el sometimiento a diversas formas de esclavitud en función del modelo económico, la exclusión del sistema de gobierno y la violenta represión a todo intento de ejercer sus derechos. A pesar de ello, en cada periodo histórico los pueblos indígenas organizados han establecido mecanismos de resistencia y participación mediante los cuales han garantizado su vida y además, han hecho avanzar al país hacia el reconocimiento y valoración plena de la diversidad.

2) Es hasta el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz cuando, por media del reconocimiento de cuatro pueblos indígenas, el Estado de Guatemala asume de manera tímida pero importante, su profunda deuda histórica. Llega a consensos con sus representantes sobre mecanismos a implementar para alcanzar el respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, aborda el uso y tenencia de la tierra para su democratización y promueve el fortalecimiento del poder civil incluidos los pueblos indígenas. Estos acuerdos, sumados a la institucionalidad de la democracia: la Corte de Constitucionalidad, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, han empujado a cambios en las estructuras racistas del país. En los últimos diez años hemos atestiguado que cuando estas instituciones en nombre del Estado de Guatemala responden a las justas demandas de los pueblos indígenas y hacen cumplir su derecho a la justicia, a la autodeterminación, a la consulta y a la participación política toda la sociedad guatemalteca crece a la luz de la verdad y hacia la equidad.

3) Las organizaciones que integramos la Convergencia por los Derechos Humanos, respaldamos la demanda hecha por los pueblos indígenas, de ser escuchados por el Gobierno de Guatemala. Demanda que es un esfuerzo democrático por fortalecer la gobernanza del país y que se suma a los múltiples esfuerzos que mantienen autoridades indígenas a nivel nacional, por la defensa de sus derechos en el marco del estado de derecho y el derecho de petición cuando actúan frente a las diversas instituciones estatales. En este marco, gestionan la defensa del territorio y los recursos naturales, con la que buscan el fortalecimiento del equilibrio ecológico el cual redundara en el bien común.

4) En cambio, el Presidente Alejandro Giammattei, en sus seis meses de gobierno, ha convocado a múltiples reuniones con diversos sectores sociales de los que ha excluido a los Pueblos lndígenas. La naturaleza de su respuesta a las autoridades indígenas en San Juan Comalapa, quienes sí tuvieron la apertura de convocarle y recibirle en sus territorios, es preocupante pues manifiesta limitada capacidad de dialogo en quien debiese liderar el ejercicio democrático del país. Los esfuerzos posteriores por simular espacios de dialogo con sectores indígenas confirman la falta de comprensión que tiene el actual gobierno de Guatemala sobre la importancia del dialogo en la democracia y muestra el fundamento racista sobre el que ejerce la autoridad conferida por el pueblo de Guatemala.

5) El accionar del Presidente Giammattel frente a las autoridades indígenas de San Juan Comalapa y jóvenes indígenas organizados de la localidad, se da en un marco más amplio que incluye la imposici6n de múltiples estados de sitio en territorios indígenas que resisten a la minera y los monocultivos. Se gesta junto al ataque sistemático del partido oficial y aliados en contra de las instituciones de la democracia y de la paz como la Corte de Constitucionalidad, el PDH, la Secretaria de la Paz (SEPAZ), la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM) y múltiples organizaciones de sociedad civil articuladas para la defensa de la democracia y los derechos humanos.

6) Cuando el Presidente del país se vale del autoritarismo y ejerce racismo en contra de los pueblos indígenas, no solo les agrede directamente, sino que agrede a la sociedad entera. Con ello, evidencia la imperiosa necesidad de imponer el dominio del grupo al cual sirve, sobre los recursos naturales y de otra índole. Hoy, hace retroceder toda la arquitectura política y económica sobre la que se debe fundamentar el carácter democrático de Guatemala, hacia la estructura colonial fundamentada en el racismo.

El racismo que ejerce hoy el gobierno de Alejandro Giammattei, es la esencia del carácter autoritario del Estado Guatemalteco colonial y contrainsurgente. Repudiamos el racismo en contra de los Pueblos indígenas, así como repudiamos el avance del autoritarismo y el debilitamiento de esta fragilizada democracia.

Guatemala, 27 de julio de 2020

Defender la institucionalidad, detener la arbitrariedad


Repudiamos las acciones de nueve integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso (CDHC), en contra del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, por su respaldo a la comunidad LGBTI y la defensa de los Derechos de todas y todos.

El PDH ha cumplido con su labor constitucional y la pretensión de los integrantes de la CDHC de llevarlo al pleno es un paso más del #PactoDeCorruptos para continuar en la destrucción de la institucionalidad democrática en Guatemala y una muestra del discurso de odio que alienta a esos congresistas.

Expresamos nuestra solidaridad con el PDH Jordán Rodas y lo instamos a no cejar en su labor en favor de todas y todos los guatemaltecos.

Reiteramos nuestra defensa de todos los derechos para todas las personas y en este caso particular, de la población LGBTI.

Exigimos el cese de la persecución política al PDH en el Congreso y demandamos respeto a su función constitucional. Socavar su mandato es vulnerar los derechos de todas y todos los guatemaltecos.

Guatemala, 7 de julio de 2020.

DEFENDER A QUIEN NOS DEFIENDE


La Corte Suprema de justicia (CSJ) ha dado trámite a una petición de antejuicio contra la Jueza Ericka Aifan, solicitada el 8 de junio por el Instituto de Magistrados de las Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial (Imcaoj). En la misma acción, el lmcaoj presentó denuncia penal en contra del titular de la Fiscalía Especial Contra la impunidad (FECl), Juan Francisco Sandoval, así como contra Helen Beatriz Mack Chang, presidenta de la Fundaci6n Myrna Mack (FMM).

Horas antes de que el lmcaoj informara de la denuncia, algunas cuentas con usuarios clandestinos en la red social Twitter dieron a conocer los elementos de la denuncia espuria y los argumentos que el lmcaoj esgrime en su alegato.

El Imcaoj acusa sin fundamento: a) Al fiscal Sandoval de revelación de información confidencial, infracción de privilegios, falsedad ideológica y abuso de autoridad; b) A la jueza Ericka Aifan la señala de resoluciones contra derecho, por haber autorizado diligencias que realizó el fiscal Sandoval a quien dicen las relaizó sin autorizaci6n judicial (¡!); c) A Helen Mack, como presidenta de la Fundación Myrna Mack (FMM), le atribuyen usurpación de funciones, tráfico de influencias y asociación ilícita. En todos los casos, los señalamientos son infundados y representan una venganza contra quienes, como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), han defendido el estado de derecho y al acceso a la justicia independiente, indiscriminada, pronta y cumplida.

Estas acciones que hacen uso indebido de] derecho penal lesionan el estado de derecho. De igual forma que las campañas mediáticas de acoso y amenazas, realizadas por individuos, entidades y funcionarios al servicio de la corrupción y la impunidad, atentan contra el desempeño independiente de funcionarios de] sistema de justicia y el ejercicio de derechos garantizados por la Constituci6n Política de la Republica.

Por lo anterior:

1) Repudiamos la denuncia del lmcaoj, liderado por Wilber Estuardo Castellanos, quien ha sido señalado de reunirse con Gustavo Alejos, negociador de la cooptación de la CSJ y las Cortes de Apelaciones.

2) Censuramos la disposición de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Patricia Valdez (también señalada de asociación con Gustavo Alejos), de dar trámite a una denuncia abiertamente espuria que atenta contra la independencia de la Juez Ericka Aifan, reconocida por su labor apegada al estado de derecho.

3) Rechazamos y condenamos la denuncia en contra de Helen Mack Chang, presidenta de la Fundación Myrna Mack (FMM), distinguida ciudadana defensora del Estado de Derecho. La labor de Helen Mack y la FMM ha sido esencial para el fortalecimiento del sistema de justicia y la desarticulación de cuellos de botella que atentan contra el acceso a la justicia.

4) Denunciamos que la acci6n impulsada por el lmcaoj, en procura de impunidad para sus miembros involucrados con Gustavo Alejos y el #PactoDeConuptos, atenta contra el derecho de acceso a la justicia al impedir (por obvio conflicto de intereses) la posibilidad de una segunda instancia de apelación, en cualquier proceso que afecte a las personas señaladas por el mismo.

5) Manifestamos nuestra amplia e irrestricta solidaridad con la jueza Ericka Aifan, el fiscal Juan Francisco Sandoval y la defensora de DDHH, Helen Mack, a la vez que llamamos a las organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía honrada, acuerpar y mostrar apoyo a quienes defienden nuestro derecho a vivir en paz, armonía y con justicia.

Guatemala, 3 de julio de 2020

ALTO A LA AGRESION SISTEMICA EN CONTRA DEL LIC. JUAN FRANCISCO SANDOVAL


La Convergencia por los Derechos Humanos expresa su TOTAL E IRRESTRICTO APOYO al Fiscal JUAN FRANCISCO SANDOVAL quien ha sido víctima de una agresión sistemática en contra de su honra, su integridad profesional y su familia. REITERAMOS que el Fiscal es un hombre HONESTO, INTEGRO Y PROFESIONAL quien tiene la labor de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La agresi6n contra el Lic. Sandoval encuadra dentro de las características de operación psicológica que pretende lograr que se retire o sea retirado de su cargo para que se mantengan los negocios y la impunidad de las estructuras criminales de poder.

El Lic. Juan Francisco Sandoval ha sufrido una campaña sistémica de deslegitimación, estigmatización y llamado al odio, desarrollada desde redes sociales, la cual alcanza actualmente a su madre y a otros familiares. Dicha campaña busca destruir la determinaci6n de un fiscal profesional, honesto e íntegro quien ha respondido a la campaña con denuncias ante los órganos competentes, aclaraciones públicas e, incluso la denuncia en contra de su hermano y otras personas que buscaron obstruir la justicia.

La criminalización es parte de la operación psicológica. El Lic. Sandoval ha enfrentado más de dos docenas de denuncias espurias, las cuales aumentan con el tiempo y cuya solución pronta es bloqueada por la ausencia de directrices claras para el manejo de casos de criminalización por parte del Ministerio Publico.

El viernes 26, las estructuras de impunidad o #PactodeCorruptos3.0 impulsaron en redes sociales la noción de la presunta responsabilidad del Lic. Sandoval en la muerte violenta del Lic. Jeanpierre Motta. Dicho señalamiento, además de infundado es doloso, ya que se manipula un hecho de violencia que enluta familias guatemaltecas, para atacar al Fiscal en el mismo momento en que se vive una crisis política derivada del proceso de cooptaci6n del Organismo Judicial.

Por lo tanto, EXIGIMOS al Ministerio Publico que:

1. Investigue la operación psicológica que tiene coma objeto obstruir la justicia además de ir en contra y amenazar la integridad personal del Lic. Juan Francisco Sandoval.

2. Establezca directrices claras para el desistimiento pronto de denuncias penales espurias, a fin de acabar con la práctica de criminalización que afecta a personas defensoras de derechos humanos, fiscales, jueces y magistrados independiente.

3. Esclarezca el asesinato del Lic. Jeanpierre Motta a la brevedad posible.

Guatemala, 29 de junio de 2020.

UNIDAD PARA REPELER EL GOLPE Y DEFENDER LA INSTITUCIONALIDAD


1. En Guatemala, desde el golpe de 1954, el poder económico ha controlado al poder político. Con el pacto que dio paso a la Constituci6n de 1985, que la elite económica nunca quiso suscribir, se abrieron ventanas de oportunidad a la construcción de una institucionalidad para la democracia.

2. Sin embargo, hasta ese limitado cuadro de inspiraci6n contrainsurgente le ha resultado inc6modo a la elite que ha decidido romper el pacto de 1985, nacido del Estado Contrainsurgente. A tal grado que, en alianza con la elite política corrupta, se conspira para imponer una estrategia de retroceso autoritario contra esta endeble democracia que ha dejado de serles útil para sostener sus históricos privilegios.

3. En la lógica de corrupción e impunidad que les es genética, perciben como una amenaza el fortalecimiento del sistema de justicia. La sola idea de que prevalezca el principio de igualdad ante la ley, así como el ejercicio pleno de la independencia judicial, les parece un agravio.

4. Para la oligarquía, cuyas formas y mecanismos corruptos están fuera del ejercicio de la democracia y por ende de la ley, el imperio de esta les incomoda y estimula su actuar contra magistrados (as), jueces (zas) y fiscales independientes y honestos.

5. Un hecho que no nace de ahora sino del avance en la justicia que se refleja en sentencias judiciales por gravísimas violaciones a los derechos humanos, como las de Genocidio, la quema de la Embajada de España, aldea El Jute, Dos Erres, Choatalum o las relativas al modelo económico exportador-extractivista, como las resoluciones contra los proyectos mineros de La Puya, San Rafael, CGN Pronico.

6. En ese marco, resulta evidente la avaricia para la que nada es suficiente pues, ni siquiera la pandemia les enseña algo. Hoy aprovechan la crisis producida por el coronavirus, para incrementar y acelerar su plan de retroceso. Su accionar evidencia el ocio a la democracia, a la justicia igualitaria, a la equidad y por ello violentan, agreden y conspiran para imponer un Esta do totalitario, fascista y profundamente conservador.

En tal sentido, como organizaciones de derechos humanos:

• Reiteramos que la defensa del orden constitucional es el único camino democrático pues, de lo contrario, será un estado fascista y a favor de la corrupción y la impunidad.

• Exigimos a la Fiscal General y jefa del Ministerio Publico, Consuelo Porras, que cumpla con lo establecido en ley y al haber sido certificado lo conducente por parte de la Corte de Constitucionalidad, proceda contra la Comisión Permanente del Congreso, que ha desobedecido contumaz y flagrantemente las resoluciones del tribunal constitucional. Que, en el marco de esa investigación, identifique y procese a todos los conspiradores que han pretendido romper el orden constitucional.

• Llamamos a la sociedad guatemalteca a manifestarse por todos los medios a su alcance, en defensa del orden constitucional, de un sistema de justicia independiente y las y los funcionarios que hoy día, son el referente real de la democracia, contra la corrupción y la impunidad.

Guatemala, 30 de junio de 2020.

Centenario de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos

Sin dilaciones, ni excusas, el Personal Sanitario requiere de equipo de protección ante el Covid19


Las organizaciones sociales, populares, indígenas, de mujeres y de derechos humanos abajo firmantes, expresamos:

1. Por toda la sociedad es conocida la precariedad crónica del Sistema de Salud, como resultado del histórico abandono al que el Estado de Guatemala lo ha sometido. Esto ha provocado que más de un 20% de familias en el país, no cuenten con ningún tipo de servicios de salud y que los existentes se provean en un marco de insuficiencia de personal médico y sanitario y de insumos básicos para la plena garantía del Derecho a la Salud.

2. Aunado a lo anterior, una creciente deuda ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS- por parte del Estado y de la iniciativa privada, produce que en su conjunto, la población guatemalteca esté al desamparo y sin posibilidades de gozar de salud.

3. En este marco, nos sorprende una pandemia que desde finales del año pasado golpea a la humanidad. Sin embargo, y a pesar de la experiencia observada en el abordaje exitoso de n1uchos países, en Guatemala, siguen sin generarse las estrategias que nos permitan efectivamente contener la enfermedad.

4. Una de las medidas más importantes para atender con relativo éxito a esta pandemia, consiste en incrementar las tasas de inversión hacia la garantía del Derecho a la Salud, situación que no está ocurriendo, a pesar de que el Congreso de la República aprobó varios créditos y una ampliación presupuestaria para el efecto.

5. Desde hace días se han hecho públicas varias denuncias desde el personal sanitario, tanto en los Hospitales Nacionales Roosevelt y San Juan de Dios, así como del Hospital de Villa Nueva y el provisional del Parque de la Industria y otros. En las mismas, manifiestan que no cuentan con Equipo de Protección adecuado para realizar sus labores de atención a la población que asiste a dichos centros, puestos y hospitales del país.

6. La respuesta desde el Gobierno de Alejandro Giammattei, incluyendo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha sido la estigmatización, difamación y criminalización del personal médico y sanitario y no la debida diligencia para proveer de recursos.

De esa cuenta, las organizaciones abajo firmantes demandamos:

1. Hacer valer el mandato constitucional del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y cumplir con la solicitud de la destitución del Ministro de Salud Pública para que la cartera pueda disponer de una persona que ejecute de manera ágil y eficiente las recomendaciones de expertos. En particular, lo relativo a brindar de todo el Equipo de Protección necesario para el personal médico y sanitario y a cualquier otro personal dentro de los Centros, Puestos y Áreas de Salud, así como a Hospitales.

2. Agilizar el abastecimiento del adecuado Equipo de Protección de Personal y la contratación de personal pertinente para no desatender otros servicios de salud esenciales. Esto implica agilizar la utilización transparente de los recursos disponibles.

3. Valoramos positivamente la creación de la Comisión para la atención de la Crisis de la Pandemia y la designación del reconocido profesional Edwin Asturias. Sin embargo, nos permitimos valorar que su trabajo no será efectivo si la corrupción y el esquema elitista y autoritario continua por parte del Gobierno de Alejandro Giammattei.

Gratitud y admiración al personal sanitario que atiende a quienes hoy sufren de la Pandemia del SARS-CIVODl 9.

Guatemala, 22 de mayo de 2020

RECHAZAMOS VETO PRESIDENCIAL AL ALIVIO ECONÓMICO


El Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2020, "Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por Ia pandemia del Covid-19", que incluye moratoria de pago por servicios básicos y prohibición de suspenderlos.

Dicho decreto fue trasladado al Ejecutivo, presidido por Alejandro Giammattei Falla, el 7 de abril, a fin de que este lo conociera, sancionara o vetara. El presidente Giammattei esperó hasta el último minuto para vetar el Decreto y enviarlo de vuelta al Congreso, el cual tiene que reunir dos tercios de votos (107) para rechazarlo y enviarlo a publicar como aprobado. Días antes el Ministro de Economía, el empresario Roberto Antonio Malouf Morales afirmó que dicha norma debía ser vetada porque podría promover "una cultura de impago" en la ciudadanía.

Previamente, el gobierno de la república autorizó en los decretos de Estado de Calamidad y por medio del Ministerio de Trabajo (Mintrab), la suspensión de los contratos laborales en el sector privado, en un claro ejercicio de favoritismo hacia el mismo y en detrimento de las personas trabajadoras.

No es secreto que la situación de suspensión de contratos laborales, los despidos que se han producido, la disminución de jornadas laborales para reducir el pago al personal, así como la reducción o eliminación de los ingresos de personas que laboran por cuenta propia ha golpeado la economía de cientos de miles de familias guatemaltecas. De allí que la disposición contenida en el Decreto 15-2020 era un paliativo a la situación de agobio que estas familias pueden enfrentar.

Tampoco es secreto que el acceso a energía eléctrica, servicio de agua entubada, así como telefonía y comunicaciones resultan vitales en las condiciones que impone la pandemia del Covid-19, algo que ni el presidente Giammattei ni su gabinete desconocen. Por lo tanto, haber vetado este decreto no tiene razón de ser y violenta de forma flagrante los artículos 1o y 2o de la Constitución Política de la República.

Por lo tanto, como Convergencia por los Derechos Humanos:

1. Rechazamos y condenamos el veto presidencial contenido en el acuerdo gubernativo 61-2020 porque solo sirve a los intereses comerciales de los empresarios que controlan estos servicios y atenta contra las medidas necesarias de resguardo sanitario de la población guatemalteca.

2. Exigimos al Congreso de la República rechazar mediante voto calificado el veto presidencial, por contravenir a los intereses de la mayoría y ordenar la publicación del mismo.

3. Exhortar al Procurador de los Derechos Humanos para que acuda en amparo ante la Corte de Constitucionalidad a fin de proteger a la ciudadanía de las consecuencias de una acción egoísta y elitista del gobierno de la república, en detrimento de la mayoría de la población.

4. Llamar a las organizaciones sociales y comunitarias a pronunciarse en contra de esta disposición y a reclamar a sus diputados distritales que actúen en beneficio de la población que representan y no de intereses corporativos.

Guatemala, 29 de abril de 2020

Lanzamiento internacional de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019


EN LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS MILITARES CONDENADOS Y EN PRISIÓN PREVENTIVA PRETENDEN SALIR DE LA CÁRCEL


En estos momentos en los que la sociedad guatemalteca atraviesa una crisis frente a la Pandemia del COVID- 19, y cuando miles de sobrevivientes del genocidio respetan el aislamiento social promovido por el Estado de Calamidad, con limitaciones de acceso o medios de comunicación e imposibilitados de sus derechos de alimentación, trabajo y salud; vemos con suma preocupación las intenciones de salir de prisión, de cuatro militares condenados y uno en prisión preventiva por graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra.

Es preocupante que sectores vinculados a intereses de impunidad, hayan presentado en estos días uno acción de Amparo ante lo Corte de Constitucionalidad solicitando que estos cinco exmilitares sean beneficiados con arresto domiciliario, con el argumento de evitar su contagio de coronavirus, utilizando de esta forma una situación de crisis para facilitar la Impunidad y evadir la ley aplicada en las respectivos sentencias y procesos abiertos por delitos de gravedad universal.

Esta no es lo primera vez que se interponen acciones para cambiar la situación de los condenados y evitar su condición de reclusión por lo que manifestamos nuestro inconformidad y rechazo total ante las solicitudes hechas, e instamos o los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que rechacen los acciones planteadas pues el Amparo pretende otorgar privilegios incompatibles con lo gravedad de los hechos cometidos, violencia sexual, genocidio y desaparición forzado que sigue cometiéndose mientras no aparezcan los víctimas de sus actuaciones:

• Los ex militares Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Benedicto Lucas García, fueron Juzgados y condenados en un tribunal de mayor riesgo, demostrando así que cometieron desaparición forzado, violencia sexual y delitos contra los deberes de humanidad en el caso Molina Theissen. Y actualmente, mientras su sentencia condenatoria causa firmeza, por orden judicial y con base en el principio de legalidad se encuentran privados de su libertad asignados a la cárcel Mariscal Zavala, sin embargo, por su situación de salud fueron enviados al Hospital Militar, lo que ya constituye un privilegio sobre los demás privados de libertad;

• El ex militar Raúl Dehesa Oliva, se encuentra en prisión preventiva por el caso de la Zona Militar No. 21- CREOMPAZ. Benedicto Lucas García, aunque yo fue condenado por el coso Molina Theissen, también enfrenta otros dos procesos judiciales por los que se encuentra en prisión preventiva: caso Zona Militar No. 21 y Caso Genocidio contra el pueblo maya lxil (1978-1982). En el cual está procesado también Manuel Antonio Callejas y Callejas. Por ambos casos los jueces de garantía respectivos tomaron la decisión de mantenerlos en estas condiciones por la gravedad de los crímenes de los que son sindicados, así como por la posibilidad de fuga.

• Las sanciones por los delitos de lesa humanidad cometidos por estos exmilitares tienen que ser proporcionales o los crímenes que cometieron, por lo que las medidas como prisión domiciliaria no son aceptables, al contrario, eso constituiría un nuevo mecanismo de impunidad.

Es responsabilidad del Estado de Guatemala, específicamente el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Salud garantizar la salud y la vida de las personas privadas de libertad, dentro de las Instalaciones destinadas a su reclusión bajo estricto aislamiento. El arresto domiciliario no es garantía de una mejor condición para la salud de estas personas, al contrario, y por los antecedentes de estos exmilitares deben permanecer en su centro de reclusión.

LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DEBEN SER JUZGADOS Y LOS RESPONSABLES CONDENADOS NO MÁS IMPUNIDAD

Coordinación Genocidio Nunca Más

Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León"(AEU)
Asociación Feminista Lo Cuerda
Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Conoce tu Pasado
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Woqib'Kej
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Familiares del Diario Militar
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. Guatemala)
lmpunity Watch (IW)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
The Human Rigth Defender Proyect (HDRP)
Unidad de Protección o Defensoras y Defensores en Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Convergencia por los Derechos Humanos

Plataforma de Víctimas

Asociación Civil Oxlajuj Q'anil
Asociación de Autoridades Ancestrales Indígenas Campesinas de Víctimas del Conflicto Armado Interno
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)
Asociación de Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ)
Asociación de Vecinos de Chicoyogüito (AVECHAV)
Asociación de Víctimas de Uspantán
Asociación de Víctimas por la Paz y lo Justicia Oxlajuj Kej
Asociación de Víctimas Rudy Monterroso, San Marcos
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes de BV
Asociación Memoria, Dignidad y Esperanza (AMDE), Santa Lucía Cotzumalguapa
Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR)
Asociación Q'anil Maya Kaqchikel
Comité de Desplazados Internos Los Josefinos, Petén
Comité de Familiares de Sobrevivientes de Las Dos Erres, Petén
Comité de Familiares de Víctimas, El Recuerdo, Petén
Comunidades de Población en Resistencia CPR-lxcán
Comunidades de Población en Resistencia CPR-Sierra
Consejo de Mujeres Mayas lxmucané
Consejo Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CONAVIC)
Coordinadora de Desplazados forzados de las colonias de la ciudad Coordinadora de Organizaciones de Víctimas del Municipio de lxcán (CORVIMI)
Coordinadora de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en Alta Verapaz (COSAI)
Coordinadora de Víctimas Qanil de Chimaltenango
Coordinadora de Víctimas Qanil de San Andrés Sajcabaja
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)
Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI)
Coordinadora Regional de Oriente y Nororiente
Desplazados Forzados del lxcán Grande de Escuintla
Movimiento Nacional de Víctimas Q'anil Tinamit
Movimiento Regional de Víctimas de Alta Verapaz
Red Nacional de Víctimas
Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales (UNACODHI)

Plataforma de guatemaltecos y guatemaltecos en el exilio víctimas del terrorismo de Estado Víctimas, sobrevivientes, querellantes y organizaciones que apoyamos el caso CREOMPAZ

Organizaciones Guatemaltecas en Canadá

Elders for Environmental Justice-Montreal
AWL-OLDER Women Live Collective (CKUT) Todos por Guatemala
Comisión de Derechos Humanos de América Latina - CDHAL
Representación Fundación RIGOBERTA MENCHÚ CANADÁ

Guatemala 17 de abril de 2020.

El COVID-19 no discrimina; tampoco lo hagas tú.



Sólo con la verdad y el pleno respeto a las garantías constitucionales y democráticas saldremos adelante


La Convergencia por los Derechos Humanos frente a una serie de acciones tomadas por el Presidente de la República, Alejandro Giammattei, tanto en el Decreto que da vida al Estado de Calamidad Pública, las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, así como en las reiteradas Cadenas Nacionales y conferencias de prensa, expresan:

1. Tal y como lo expresamos en el Comunicado de Prensa del 26 de marzo del presente año (privilegiar la vida y la seguridad de las personas), se recomendó que se actuará en sintonía con las estrategias exitosas que en varios países ya se habían implementado, tales los casos de China y Corea del Sur y que Guatemala tenia ya suficientes ejemplos internacionales de acciones gubernamentales que sólo habían redundado en ampliación de la enfermedad y por ende de la muerte y desolación.

2. Con un sistema de salud empobrecido, Guatemala requiere de medidas extraordinarias no solo para enfrentar el Coronavirus sino para recuperarlo para la población. Lamentablemente, hasta el momento, el gobierno de la república y el Congreso se han enfocado en resolver y atender los intereses del gran capital, de los dueños de los monopolios y del sistema bancario.

3. Lamentablemente el Presidente de la República, el Ministro de Salud Pública y otros funcionarios de manera contradictoria y contraviniendo lo establecido en las mismas normativas que han creado, se han dedicado a cerrar la información para las y los periodistas y por ende para la población en general. Esta decisión de ocultar, restringir la inclusión a fuentes de información, desinformar, incluso hasta mentir implica una clara censura al ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento.

4 . El artículo 35 de la Constitución Política de la República establece que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa y que este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. También recordamos al Presidente de la República y demás funcionarios del Estado guatemalteco que es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.

De tal cuenta que, la Convergencia por los Derechos Humanos, exige al Estado de Guatemala, en particular la Organismo Ejecutivo:

1. Antes que la protección de los históricos privilegios de un pequeño segmento de la población, está la vida y el bien común de toda la población guatemalteca; por lo que nos sumamos a los múltiples llamados de fortalecer y profundizar la medidas de distanciamiento social, inversión en salud y atención a poblaciones en vulnerabilidad, que se han realizado desde la sociedad civil, diversas personas especialistas en salud pública, médicos y médicas que están afrontando la atención en hospitales, centros y puestos de salud, así como grupos organizados de profesionales de distintas especialidades.

2. En esa sintonía, rechazamos categóricamente la pretensión de levantar o flexibilizar la cuarentena o permitir que servicios no esenciales inicien de nuevo sus operaciones.

3. Exigin1os que el Presidente de la República respete, proteja y haga valer el artículo 35 de la Constitución Política de la República y con ello se permita a las y los periodistas la información epidemiológica pertinente y necesaria, sobre los y las afectadas a raíz de la Pandemia del Coronavirus.

4. Así mismo se instalen los procedimientos y mecanismos necesaiios para la debida atención sanitaria, así como la protección a las y los afectados por el Coronavirus, así como a sus familias y comunidades, eso debe incluir la seguridad de la población en general.

5. Al Procurador de los Derechos Humanos iniciar la investigación correspondiente sobre los hechos denunciados por periodistas sobre el cierre de información por parte del Organismo Ejecutivo y Legislativo, resuelva la existencia de violación a los derechos humanos y recomiende la destitución de funcionarios que hubieren incurrido en esta grave y antidemocrática acción. 6. Al Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas iniciar los procesos de fiscalización e investigación de las múltiples denuncias sobre anomalías que pudieran conducir a actos de corrupción, en el marco del Estado de Calamidad Pública.

Guatemala, 12 de abril de 2020.

10 claves sobre el COVID 19: entrevista con el Doctor Eduardo Arathoon


Reconocido como un infectológo experimentado en la región, el Doctor Arathoon también ha liderado la lucha contra el VIH/SIDA, siendo quien demandó al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por no velar el derecho a la salud de los pacientes con sida.

Siendo una persona que le importa la vida, desde el inicio de la epidemia tanto él como la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI) lograron reunirse con el presidente Giammattei para darle su opinión. No obstante, el presidente no ha vuelto a reanudar las conversaciones con un equipo que, con más de tres décadas de atención, tiene mucho que aconsejar.

Aprovechando la entrevista que el medio digital OCOTE le hiciera, resumimos aquí 10 aspectos claves.

1. El panorama más negativo para Guatemala es que se contagie el 60 o 70% de la población y que la gente empiece a morir ahogada porque no hay suficientes respiradores, o que los médicos se tengan que enfrentar a decidir en salvar a una persona y dejar morir a otra, describe Arathoon. Señala las condiciones precarias del sistema sanitario de Guatemala y una estrategia de detección “arcaico” -al centralizar las pruebas en el Laboratorio Nacional de Salud-. El médico pone en duda que el gobierno se esté dejando asesorar de voces calificadas y cuestiona si se están anteponiendo intereses económicos al de las vidas humanas.

2. El Laboratorio Nacional en donde se han centralizado las pruebas del COVID 19 no son laboratorios de servicio, no están a la par del paciente o cerca del paciente; además de eso no tienen la mística de salvar gentes. Ellos lo que hacen es recabar números para entregárselos a los epidemiólogos. Eso está muy bien para medir la epidemia, pero los números son personas y no están tomando en cuenta la vida de las personas.

3. Cuando hacemos una prueba (del coronavirus) nos están regresando el resultado en 24 o 48 horas, mientras tanto el paciente si llegó a un hospital público, está a la par de otros pacientes que tienen síntomas similares -que tienen tuberculosis, por ejemplo-, entonces se están exponiendo a otras enfermedades. Pero si están negativos, también se están exponiendo al SARS-CoV-2. Entonces, llega un momento en que los hospitales se pueden volver centros de multiplicación de infecciones. Eso sucede cuando no existe in situ, en el mismo lugar, el laboratorio.

4. Hemos conseguido mucho equipo, secuenciadores -que fueron lo que usaron en China-, y una máquina que hace la prueba que está haciendo el Ministerio a mano. En tres horas nos saca 80 resultados, esta máquina es totalmente automatizada. De estas hay tres en el país en las clínicas de VIH. Una está en el Roosevelt, que trabajan aparte. Una en la clínica Luis Ángel García (en el Hospital San Juan de Dios), y otra en Quetzaltenango.

5. Por la experiencia con el VIH, se ha conseguido mucho equipo como secuenciadores, ofrecido muchas veces hacerles las pruebas, con este mismo sistema, darles los resultados, saber quiénes son los pacientes, sus celulares y no nos dejaron hacerlo. Y prefieren hacerlo allí, a paso de tortuga, mientras la gente está sufriendo las consecuencias. Gente que se está contagiando, mientras espera los resultados; o que podría contagiar a sus familias y a los hospitales. Porque cuando no tienen muchos síntomas se les manda a su casa, y sin resultados los pacientes no van a tomar muy en serio la cuestión. Entonces, esa lentitud para mí es muy mala… Está haciendo que la gente se contagie.

6. Si algo nos ha enseñado esta epidemia es que tecnológicamente estamos mucho más avanzados. Podemos comunicarnos todos por medio de Zoom en la web, podemos hacer las plataformas como hicimos hace cinco años en Fungired para mandar los exámenes. Esta gente no está haciendo uso de la tecnología, que si no es de punta, por lo menos que sea la de dominio público. Siguen usando los métodos que se utilizaban casi que en 1918 con la epidemia de influenza.

7. Hay intereses políticos que tienen que ver con el control. Alarmar o no a la población. Si están aceptando lo que dice el Presidente o no. Si quieren esconder que la epidemia es muy grande y que va a ser un desastre porque no hay ventiladores. Si uno empieza a pensar mal, tiene mucho campo donde pensar mal. En una epidemia como ésta, lo primero que hay que hacer es ser transparentes, honestos y tratar de escuchar y analizar. Eso fue lo que hizo Corea: ha sido muy transparente en lo que está haciendo y va saliendo adelante. Estados Unidos perdió mucho tiempo gracias a la arrogancia de un ser humano, esos son errores políticos por estar ocultando cosas. Y aquí creo que va camino hacia eso, no hacia eso quizás, porque empezamos a tiempo a separar a la gente, pero hay que tener mucho cuidado en cometer esos errores.

8. Al Ministerio de Salud, vamos a tener que replantearlo después de esto. Que cuando el Presidente se enferme se va a ir al San Juan porque hay buena medicina. Ahora, cuando alguien no tiene un seguro, mira cómo se endeuda porque sabe de las condiciones deplorables en que se encuentran los hospitales. Como sucede en otros países que son los hospitales públicos los que dan el mejor servicio, o que son los únicos que funcionan. Aquí funciona un hospital para gente pudiente y otro para gente pobre. Y eso no puede ser así. Quizás deberían entender que la fuerza de trabajo del país tiene que estar sana.

9. Personas cortoplacistas, con visión cortoplacista, están presionando al Presidente. De la parte económica del país. Pero estas personas, va a llegar un momento en que van a entender que sin población sana no hay economía. Aquí la prioridad, es que son las vidas humanas y no la economía lo que importa.

10. El presidente estaba convencido de que había que hacer el distanciamiento social, pero después ya jamás nos volvió a llamar. Hablamos con él un sábado, y jamás nos volvieron a tomar opinión. Quizás le llegaron a endulzar el oído, le dieron dinero para hacer el hospital y lo compraron. Le compraron la toma de decisiones.

Guatemala, 12 DE ABRIL DE 2020.

La Convergencia por los Derechos Humanos, lamenta el fallecimiento del reconocido y destacado sociólogo

Dr. Héctor Rosada Granados

El Doctor Rosada Granados realizó valiosos aportes al conocimiento de la sociología militar, al estudio de las fuerzas armadas y al análisis del rol desempeñado por estas en la historia reciente del país.

La rigurosidad de sus estudios le permitió ofrecer valiosos peritajes en los procesos de justicia ante graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Que su legado académico perdure como su encuentro con la verdad.

Guatemala, 11 de abril de 2020

RECHAZAMOS LAS INTENCIONES DE QUERER CERRAR LA SECRETARÍA DE LA PAZ - SEPAZ


Las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno rechazamos las intenciones de algunos funcionarios públicos de querer cerrar la Secretaría de la Paz (SEPAZ), el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y otras instituciones que nacieron como parte de los Acuerdos de Paz. Comprendemos que el país enfrenta una grave crisis de salud por la propagación del Coronavirus COVID-19, pero la solución no es cerrar ni debilitar las instituciones encargadas de cumplir los compromisos de la paz.

La SEPAZ y el PNR fueron creados para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y resarcir los daños causados a las víctimas y comunidades afectadas por la violencia del conflicto armado interno. Desde el 2012, ambas instituciones han sufrido un grave debilitamiento por la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores, la mala administración de los funcionarios y su bajo presupuesto. Sin embargo, la SEPAZ y el PNR siguen siendo instituciones importantes para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y garantizar que las atrocidades del pasado no se repitan.

Por lo anterior, solicitamos al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei que nombre lo antes posible a las personas que dirigirán la SEPAZ y el PNR, ya que hasta la fecha no ha nombrado a las autoridades de estas instituciones. Pedimos que designe a personas capaces, honradas y con experiencia en el campo de los derechos humanos. Igualmente pedimos que se garantice el resguardo de los expedientes del PNR porque contienen información de víctimas del conflicto armado interno, y que a dichas instituciones se les asignen los recursos necesarios para que cumplan su mandato. Es importante recordar que la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado interno son personas de la tercera edad, que viven en comunidades indígenas, y que están expuestas a los mismos problemas de salud y pobreza que el resto de la población. Por ello el Gobierno tiene la responsabilidad de atenderlas y garantizar que se respeten sus derechos humanos.

Finalmente llamamos al Procurador de los Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional a velar por el respeto de los compromisos de la paz y que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones con las víctimas y sobrevivientes de las graves violaciones que se cometieron durante el conflicto armado interno.

Guatemala, 11 DE ABRIL DE 2020

Asociación Bufete Jurídico Popula (ABJP), Rabinal / Asociación de Desarrollo Integral de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno Maya Achi “Kajib’ Keej” (ADISCAIMA), Baja Verapaz / Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León” / Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) / Asociación de Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ) / Asociación de Vecinos de Chicoyogüito (AVECHAV) / Asociación de Víctimas de Chimaltenango Asoq’anil / Asociación Memoria, Dignidad y Esperanza (AMDE), Santa Lucía Cotzumalguapa / Asociación Oxlajuj Qanil, Alta Verapaz / Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas “Rudy Monterroso”; San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán / Asociación para la Dignificación y Desarrollo Integral de Comunidades Víctimas del Conflicto Armado Interno de Uspantán (ASODDICVICAIRU) / Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) / Comité de Víctimas de la Comunidad Primavera del Ixcán, Ixcán / Comité en Resistencia de Sobrevivientes del Pueblo Q’eqchi’ (CORESQ) / Comunidades de Población en Resistencia (CPR-Ixcán) / Comunidades de Población en Resistencia (CPR-Sierra) / Consejo Nacional de las Comunidades para el Desarrollo Integral de Guatemala (CONCODIG) / Consejo Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CONAVIC) / Consejo Regional de Víctimas Maya Kaqchikel, Chimaltenango / Coordinadora de Desplazados de las Colonias Marginales de la Ciudad capital / Coordinadora de la Región Oriental; Chiquimula, Zacapa, Jalapa y Jutiapa / Coordinadora de Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de Alta Verapaz (COSAI) / Coordinadora de Víctimas del Municipio de Ixcán (CORVIMI) / Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) / Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI) / Coordinadora Regional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Región Maya Mam, Huehuetenango / Desplazados y Retornados de la Costa Sur / Familiares de Víctimas del Diario Militar / Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) / Movimiento de Víctimas Q’anil, Región Maya Quiché / Movimiento Nacional de Victimas “Q’anil Tinamit” / Movimiento Regional de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Región Maya Q’ekchi/Poqonchi, Alta Verapaz / Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán / Red Nacional de Víctimas / Sobrevivientes del Caso de Violencia Sexual contra Mujeres Achi / Unión Nacional de Comunidades por los Derechos Humanos Integrales (UNACODHI)


PRIVILEGIAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS


Los artículos primero y segundo de la Constitución Política de la República son contundentes: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común. El Estado tiene el deber de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo Integral.

Esa y no otra es su función. Esa y no otra es la tarea central asignada a las autoridades electas. el Presidente Alejandro Gíammattel y el vicepresidente Guillermo Castillo, así como las y los 160 diputados. quienes tomaron posesión el 14 de enero. Por ello son quienes tienen la responsabilidad de que las políticas públicas con relación a la pandemia del Covid-19 (Coronavirus), tengan como eje de acción. las personas. todas las personas, que habitan este territorio.

Cuando recién cumplían un mes en el cargo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aplicaron por primera vez la prueba del Covid-19. A esa fecha ya se conocía de los impactos de la enfermedad en varios países, así como de los resultados de las estrategias. Tales los casos de China y Corea del Sur. quienes, al final, lograron detener el avance de la enfermedad mediante acciones de distanciamiento social y ejecución masiva de pruebas para atención temprana de casos. La acción tardía, como en los casos de Italia y España, ha representado graves consecuencias para la población y los sistemas de salud de esos países. Guatemala tiene espejos en dónde verse para lo que significa alojar la enfermedad en etapas tempranas. Aunque la enfrenta con la enorme desventaja del rezago de medio siglo en el sistema de salud desmantelado.

Con un sistema de salud empobrecido, lo cual es del conocimiento del presidente Giammattei, según evidenció durante su campaña. Guatemala requiere de medidas extraordinarias no solo para enfrentar el Coronavirus sino para recuperarlo para la población. Lamentablemente, hasta el momento, el gobierno de la república y el Congreso se han enfocado en resolver y atender los intereses del gran capital, de los dueños de los monopolios y del sistema bancario. Las medidas como el seguro escolar, el fondo para las PYMES pero con dedicatoria a las personas políticamente expuestas (entiéndase los mismos diputados y funcionarios), van dirigidas a favorecer a las élites y no a solventar la problemática de los sectores mayoritarios.

Las pequeñas, medianas, micro empresas, profesionales y cuentapropistas (mal llamada economía informal), -quienes son más del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), han sido prácticamente abandonados a su suerte. En tanto que, en una errónea manera de enfrentar la crisis, el Ejecutivo se ha decantado por disposiciones autoritarias y represivas que vulneran los derechos humanos. Mismas que estimulan acciones abusivas como la persecución a personas que se presume padecen la enfermedad o, el caso gravísimo del encierro decretado por el alcalde de lpala que enclaustró a una familia.

Tenemos frente a nuestros ojos un enorme desafío ante una realidad que cuestiona el sistema según el cual han funcionado las cosas. Un sistema que ha empobrecido a la mayoría de la población. Un sistema que ha privilegiado el Interés de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría. Un sistema que ha satanizado el ejercicio de los derechos humanos, quitando con ello la esencia misma de las personas. En ese sentido, consideramos necesario plantear.

Nuestro reconocimiento:
1) A todo el personal de los servicios de salud en todo el país, quienes hacen un esfuerzo titánico, con recursos paupérrimos, para atender a la población y garantizar el derecho a la salud y la vida.
2) A las y los trabajadores de los distintos servicios esenciales y de abasto, quienes sin garantías de seguridad. sin transporte y con la incertidumbre sobre su salud, la de sus familias y su futuro económico, mantienen el abastecimiento de productos esenciales.
Nuestro llamado:
3) A la Presidencia y al Congreso de la República. a enfocar sus políticas en las personas y no en los capitales. Dejar de lado la prepotencia y la atención a la avaricia del gran capital. Para ello, requerimos la adopción de medidas urgentes de alivio económico para quienes laboran por cuenta propia, así como profesionales y las micro. pequeñas y medianas empresas. Medidas como subsidios directos, créditos blandos, reales y condonación de pago de servicios básicos.
4) Requerimos también la realización de pruebas masivas, en especial a quienes están en las primeras líneas de atención a la crisis, a fin de atajar el avance del COVID-19. A la vez, dejar la política de información a cuenta gotas y enfrentar las condiciones reales del estado de cosas para no enmascarar los hechos. Desarrollar campañas masivas de formación y educación ciudadana para persuadir y no forzar a la población al cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico, no humano.
5) A la sociedad en su conjunto, dialogar y comprender sobre la importancia y el valor de la solidaridad. Atender a los principios que sustentan la segundad social de subsidiar desde el privilegio a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad: la población sin recursos, las personas de la tercera edad, las personas enfermas, la niñez y la adolescencia.

Guatemala, 26 de marzo de 2020.


ARTICULACIONES QUE ESTÁN CONFORMADAS POR MAS DE 100 ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE SECTORES TALES COMO: DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, NIÑEZ Y JUVENTUD, MUJERES, MIGRANTES, INVESTIGACIÓN Y SOCIALES, ENTRE OTRAS.

25 de febrero: Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno






Al mejor estilo del #PactoDeCorruptos, el Congreso de la República aprobó en forma amañada la iniciativa 5257 que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para el Desarrollo. Cuando se discutía un punto resolutivo para abordar la situación de emergencia del Coronavirus, los diputados Jorge García Silva (Prosperidad Ciudadana), Mynor Mejía (VAMOS) y Manuel Conde Orellana (Partido de Avanzada Nacional -PAN-), introdujeron la variante para discutir la ley. El congresista Aldo Dávila advirtió de la trampa que intentaban García, Mejía y Conde pero, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez le apagó el micrófono.

Ambas acciones, las de los ponentes, así como la de Rodríguez evidencian la actuaciones concertadas del #PactoDeCorruptos reactivado en la actual legislatura. Al aprobar dicha ley, se promueven reformas encaminadas a restringir derechos y garantías constitucionales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, así como el derecho de petición, entre otros.

Es falso que la propuesta de reforma busque transparencia puesto que con la normativa vigente, las Organizaciones No Gubernamentales, así como asociaciones, fundaciones y entidades debidamente registradas, son fiscalizadas por diversos mecanismos de control estatal. Las reformas introducidas tienen en cambio un carácter abiertamente autoritario y arbitrario pues deja en manos de las autoridades la discrecionalidad de cancelar el registro a organizaciones que les resulten incómodas, que fiscalicen al quehacer gubernamental y cuestionen las acciones de corrupción dentro del Estado, para lo cual, definen como ONG a todas las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones registradas oficialmente, así como entidades religiosas, deportivas y de proyección cultural.

En virtud del grave daño que dicha normativa representa para el ejercicio de derechos, las organizaciones firmantes:

1. Repudiamos a las y los diputados al Congreso que votaron en favor de esta norma que atenta contra las libertades y derechos constitucionalmente garantizados. Al mismo tiempo condenamos la actuación del presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, porque impidió el uso de la palabra al diputado Aldo Dávila, quien se oponía a la aprobación de la ley antiderechos.

2. Requerimos al presidente de la República, Alejandro Giammattei, que en ejercicio del poder que le otorga la Constitución Política de la República, vete el decreto 4-2020 y lo devuelva al Congreso porque el mismo viola libertades y garantías constitucioalmente garantizadas.

3. Afirmamos que haremos uso de todos los recursos legales a disposición para impedir la puesta en vigor de normas restrictivas, autoritarias, arbitrarias e inconstitucionales como la contenida en el decreto 4-2020.

4. Llamamos a todas las organizaciones sociales y movimientos organizados a pronunciarse y movilizarse en defensa de las libertades y derechos que el marco jurídico vigente nos garantiza, a la vez que insistimos en la necesidad de derrotar al #PactoDeCorruptos que ha cooptado y destruye la institucionalidad democrática para usar el poder en beneficio de la #AlianzaCriminal de la que hacen parte.

Guatemala, 11 de febrero de 2020

ORGANIZACIONES NACIONALES:

Agencia de Desarrollo Económico Local Huehuetenango (ASDECOHUE), ActionAid Guatemala, Alas de Mariposas, Alianza Américas, Alianza de Desarrollo Rural Integral (ADRI), Alianza de Desarrollo Rural Integral (ADRI), Alianza de Mujeres, Alianza estratégica de mujeres Cedaw, Alianza Política Sector de Mujeres (APSM), Amigos de La Plaza, Antigua al Rescate, Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI), Asamblea de los Pueblos Huehuetenango (ADH), Asociación Artículo 35, Asociación Altaverapacense Mus Mus Hab para el Desarrollo Integral (ASOMUSHAB), Asociación B’elejeb’ Tz’i’, Asociación Caja Lúdica, Asociación Casa del Niño de Antigua Guatemala, Asociación Civil Diálogos, Asociación Civil El Observador, Asociación Civil Guatemalteca Hogar y Desarrollo, Asociación Civil Verdad y Vida, Asociación CODEVI, Asociación COINCIDIR, Asociación Consejo de Mujeres Mayas Ixmucané, Asociación Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), Asociación Contra el Maltrato Infantil (CONACMI), Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación Corazón del Maíz, Asociación Cristiana de Jóvenes (CJ YMCA), Asociación Cultural Q'anil, Asociación de Abogadas Indígenas Chomija, Asociación de comadronas LUNA, Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial (ADAM), Asociación de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista (ADSOSMHU), Asociación de Desarrollo Comunitario Ixmukane, Asociación de Educación Popular para Adultos, Asociación de Entidades de Desarrollo y Servicio (ASINDES), Asociación de Estudiantes Universitarios “Olliverio Castañeda de León” (AEU), Asociación de Estudiantes y Profesionales de Santa María Tzejá y Aldeas Circunvecinas, Kemba'al No'j (AESMAC, KEMB'AL NO'J), Asociación de familiares de migrantes desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), Asociación de Jubilados de Guatemala (AJG), Asociación de Mujeres de Petén Ixqik, Asociación de Mujeres Empleadas y Desempleadas Unidas contra la Violencia (AMUCV), Asociación de Mujeres Mayas Majawil Q'ij, Asociación de Mujeres Q'eqchi'es Nuevo Horizonte, Asociación de Mujeres Trans en Acción Guatemala (AMTA), Asociación de Profesionales Mayas Kembal Noj del Ixcán, Asociación de Salud y Desarrollo “Nuevo Amanecer” (ASDENA), Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Asociacion de Servicios y Desarrollo Socioeconomico de Chiquimula (ASEDECHI), Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), Asociación Dejando una Sonrisa, Asociación Dos Soles, Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Generando (ASOGEN), Asociación Gente Positiva (AGP), Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, Asociación Ixoquib MIRIAM para la Promoción Intelectual de las Mujeres, Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), Asociación La Alianza, Asociación Lambda, Asociación maya para el desarrollo integral San Pedro Carcha (AMICAV), Asociación Maya Uk’ux B’e, Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza (AMDE), Asociación Mujer Tu puedes, Asociación Nuevos Horizontes (ANH), Asociación para el Bien Vivir (ASOBIVI), Asociación para el desarrollo de la Juventud (ADESJU), Asociación para el Desarrollo de la Mancomunidad Huista, Asociación para el Desarrollo Integral de Huehuetenango (ACODIHUE), Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi (ADIVIMA), Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), Asociación para el desarrollo maya integral (AMICAV), Asociación para el Mejoramiento habitacional de Guatemala (MEJORHA), Asociación para la Educación y el Desarrollo (ASEDE), Asociación Para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), Asociación Pop No’j, Asociación por la Vida y la Justicia (AVIJ), Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (INCIDEJOVEN), Asociación Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción (REDMPA), Asociación SADEGUA, Asociación Sobrevivencia Cultural y Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, Asociación Somos Jóvenes Diversos en Acción (SOMOS), Asociación Vidas Paralelas ONG, Asociación Visibles, Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox, Autoridades Ancestrales indígenas Campesinas Víctimas del conflicto Armado Interno (AICAVCAI), Bufete para Pueblos Indígenas, Casa de la Cultura 4 de Noviembre LGBTIQ+, Centro de Acción Legal- Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Centro de Diagnóstico (CEDIMUJER), Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Centro de Estudios Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS), Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica (CIPREVICA), Centro Experimental de la Pequeña y Mediana Empresa Rural (CEDEPEM), Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres (CENACIDE ONG), Colectiva Actoras de Cambio, Colectiva de Mujeres Feministas, Colectivo Artefacto, Colectivo de Estudios Rurales Ixim (Cer Ixim), Colectivo Madreselva, Colectivo Noj, Consorcio de Asociaciones del Municipio de Santiago Atitlán del Departamento de Sololá, Comisión Ciudadana de Transparencia de Quetzaltenango (CCTPQ), Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Unidad Campesina (CUC), Concejo ecuménico Cristiano de Guatemala, Consejo Maya Mam Saq Tx´otx, Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), Convergencia Ciudadana de Mujeres, Convergencia Nacional para la Reforma Política (CONAREP), CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS (Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas -CAFCA-, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-, Seguridad en Democracia -SEDEM-, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala - UDEFEGUA-, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas -UNAMG-), Cooperación Migrante, Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH), Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Alta Verapaz (CONGAV), Coordinadora de sobrevivientes del conflicto armado interno (COSAI), Coordinadora para la justicia y dignificación de las víctimas de Alta Verapaz (CODEVI), Diversidad Jalapaneca, El Rescate, Familiares de víctimas del Diario Militar, Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Festivales Solidarios, Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG), Frente Norte del Área Mereopolitana (FRENAM), Frente Popular, Fundación Ecuménica Guatemalteca Esperanza y Fraternidad (ESFRA), Fundación Guillermo Toriello (FGT), Fundación Myrna Mack (FMM), Fundación para el Desarrollo de Mixco, Fundación para el Eco Desarrollo y la Conservación (FUNDAECO), Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria Forestal, Fundación para la Juventud (FUNDAJU), Fundación Pro Petén, Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA), Fundación Tierra Nueva, Gobierno Plurinacional de las Naciones Originarias Maya Chuj Maya Poptí y Maya Q’anjob’al, Grupo de mujeres mayas Q'anil, Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Guatemala Solidarity Project/ Proyecto de Solidaridad con Guatemala, Heifer International Guatemala, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS Guatemala), Iglesia Luterana (ILUGUA), Instituto de Enseñanza Para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas -IIHAA- Escuela de Historia, Instituto de Protección Social (IPS), Instituto DEMOS, Iximulew 2030, Instituto de Investigación para la Incidencia y Formación Docente (EDUCA Guatemala), Juventud Socialista, Juventud Socialista URNG, La Batucada del Pueblo, La Otra Cooperativa, Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Movimiento de Mujeres Indigenas Tz’ununija’, Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), Movimiento de Unidad Progresista y Popular (MUPP), Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán, Movimiento Tzu Kim Pop, Mujeres Aq’ab’al, Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor (MUCACOFUM), Mujeres Mejorando Vidas, Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento (MUJER), Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Observatorio Contra el Acoso Callejero Guatemala (OCAC), Oficina para la Diversidad Sexual y de Género de Cobán, Alta Verapaz, ONG LOJ LAQ CH´OCH´ (Sagrada Tierra), Otra Guatemala Ya (OGY), Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS), ODEHUS, OTRANS Reynas de la Noche, Paz Joven Guatemala. Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales, Indígenas, Campesinas y Trabajadores Guatemaltecas (Fongsguat), Plataforma Urbana, Plataforma Tejedoras de Guipil, Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI), Proyecto Lingüístico Santa María (PLSM), Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Red de Mujeres Sololatecas con Visión Integral (Red MUSOVI), Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas (REDMUCH), Red Financiera de Asociaciones Comunitarias (Red FASCO), Red Jesuita con Migrantes-Guatemala, Red Maya, Red Nacional de Victimas, Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG), Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), Refugio con Visión Diversa, Quiché, Save the Children, Seeds of Help Foundation Inc, Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS), Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA), Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Escuela de Trabajo Social de la USAC. (SINETS), Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU), SOMOS, Til Na’oj, Trabajando Unidos Huehuetenango, Unidad Positiva para el Desarrollo Ciudadano (UPDC), UNSITRAGUA Histórica, Voces de Mujeres, Ysterias, Voz de Cambio Retalhuleu.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

ACCI (Chile), ActionAid USA (Estados Unidos), American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe, Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras (Costa Rica), Asociación de Migrantes Nicaraguenses en Costa Rica, Asociación Kindernothilfe (Alemania), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Tapachula, Chiapas, (México), Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica – AMATE – (El Salvador), Centro Internacional de Derechos para Migrantes, Collectif Guatemala (Francia), Conseil National de la Migration Civil et la Défense des Droits Humains –CONAMICIDH- (Haití), Cooperación Migrante (Estados Unidos), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos -DESMI AC – (México), Enlaces Nicaragüenses, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (México), Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador -GMIES- (El Salvador), Guatemala Human Rights Comission -GHRC- (Estados Unidos), Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo (México), Latin American Working Group -LAWG- (Estados Unidos), Movimiento por la Paz -MPDL- Guatemala (España), Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones -RROCM- (Mesoamérica), Servicios para una Educación Alternativa A.C. - EDUCA – Oaxaca, (México), SHARE Foundation (Estados Unidos), Soleterre - Strategie di Pace, Solidarity Center (Estados Unidos), Síwo Alâr Hombres Trans Costa Rica, Washington Office on Latin America - WOLA – (Estados Unidos).

FIRMAS A TÍTULO PERSONAL:

Ada Valenzuela, Alba Lucía Morales Castro, Allan Kevin Garrido Velásquez, Amanda Judith Beatriz Caicedo Monterroso, Ana Lucrecia Peña Valdéz, Andrea González Acoj, Andy Gabriela Escobar Rivera, Anne Bordato, Matías Eistrup, Byron Anderson Chivalán Pérez, Carlos Manuel Bezares Marroquín, Carlos René Fernández Pérez, César Augusto Espinoza Muñoz, Claudia Flores, Claudia Hernández Ventura, Claudia Virginia Samayoa Pineda, Cristian Eduardo Cermeño Pineda, Daniela María Rodríguez Porras, Debora Eunice Yancoba Xico, Diana Cameros Pecorelli, Dora Marleny López Chen, Dora Mirón Campos, Emanuel Bran Guzmán, Erwin Rolando Melgar Valenzuela, Ester María Zapeta Peñate, Estuardo Secaira, Eugenia Judith Erazo Caravantes, Evelyn Lorena Morales, Felipe Sarti Castañeda, Gabriela Carrera, Gabriela Rodríguez Pizarro (Ex relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para los Migrantes), Giulia Signori, Gloria victoria Sunuc Tuctuc, Gregoria Elizabeth Pedraza Serón, Herlinda Maribel Carrera Guerra, Iduvina Estalinova Hernández Batres, Irma Catalina Citalán Coyoy, Irma Yolanda Caal, Ivonne Solórzano, Jessica Waleska López, Jorge Alberto Santos Contreras, Jorge Félix Núñez Pastor, Jorge Fernando Campo Morales, José Eduardo Cruz, José Raúl Domínguez Illescas, Juan Alberto Jiménez, Juan Francisco Soto Forno, Juana Cedillo, Julia Leonor Silvestre Zavala, Kate Doyle (National Security Archive), Lancerio López, Laura Hurtado Paz y Paz, Luis Argueta, Luis Pablo Méndez Albures, Luisa de Lourdes Cal Ba, Manuel Román, María Catalina López y López, María Chen Manuel, María del Pilar Maldonado Arreaga, María José Aldana, María José Menéndez Leal, María Renee González Rodríguez, Marleny Haydee Montenegro Aguirre, Marta Choc, Marta Isabel Concepción Solís Monterroso, Mateo Adolfo Herrera De León, Maudi Liset Tzay Patal, Max Humberto Conde Estrada, Maya Alvarado Chávez, Miguel Ángel López Guerra, Miriam Alejandra Cama, Óscar Alberto Hernández Melgar, Otto Cuéllar, Paola Mendoza, Patricia Melgar Orozco, Patricia Yat, Rafael Yon Bobadilla, Randal Gregorio Cortez Perez, René Arturo Flores Medina, Roberto Robles Mayen, Rodrigo Batres, Rosa Bernardita Coy Catu, Rudy Armando Hernández Xitumul, Rvdo. José Pilar Alvarez Cabrera, Sandra Morán Reyes, Sara Dalila Mux Mux, Sonia Pernillo, Susana Navarro García, Tania Palencia Prado, Tanya Lisbeth Maldonado Ramírez, Vanessa Sosa, Vilma Belarmina Duque Arellanos, Yolanda Mariayín Quevedo Castillo, Yoni Oswaldo Reyes González, Yuri López Tecu, Zoila Karina Flores Arriola.


PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO


Desde primeras horas del 14 de enero y hasta la noche de ese día, un grupo de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos ejerció su derecho de protesta y manifestación pacífica ante la anunciada juramentación de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera como diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Al tomar posesión de dicho cargo, tanto Morales Cabrera, ex presidente y Jafeth Cabrera ex vicepresidente, podrían obtener inmunidad y con ello mantener derecho de antejuicio pese a los más de 50 posibles casos penales en su contra. De allí que la población que protestaba intentaba impedir que ambos obtuvieran, mediante la juramentación anticipada, la posibilidad de continuar impunes ante los hechos que se les atribuyen.

Sin embargo, el derecho constitucional y universalmente reconocido fue violentado puesto que un despliegue desproporcionado de elementos de las Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC), reprimieron violentamente a quienes expresaban su rechazo a los ex gobernantes. Como resultado de la acción policial, apenas unas horas después de que había asumido como presidente Alejandro Giammattei Falla, fueron detenidos arbitrariamente por la PNC seis personas.

Entre ellos, una joven quien fue esposada a una camilla en ambulancia cuando era atendida por intoxicación con lacrimógena o gas pimienta. Mientras la PNC trasladó a Henry Chial, Diego Tobar, Jorge Julajuj, Fernando Diéguez, Juda Mefi Boset y Diego lván Torres a la torre de tribunales, en tanto Enrique Hemández y otras personas eran trasladados al Hospital Roosevelt. Al menos tres de los detenidos arbitraria e ilegalmente fueron golpeados por la PNC la cual, además según se evidencia en imágenes, portaba arenas ofensivas cuando operaba entre las y los manifestantes.

Por lo anterior, las organizaciones abajo firmantes:

1) Respaldamos y nos solidarizamos con las personas que ejercieron su derecho a la manifestación y expresión de repudio a Jimmy Morales y Jafeth Cabrera que concluyeron un gobierno dedicado a la corrupción, al latrocinio y la destrucción de la institucionalidad democrática.
2) Condenamos la actuación arbitraria y la agresión de la PNC y la FEP en contra del derecho a manifestar, así como la actuación desproporcionada y con excesivo uso de la fuerza.
3) Emplazamos al presidente Alejandro Giarnmattei a sancionar como corresponde al Ministro de Gobernación y a las autoridades policiales a cargo del operativo, tanto los del anterior gobierno como de este, pues, de lo contrario, será directamente responsable de los hechos suscitados y las violaciones a los derechos humanos cometidas.
4) Demandamos del Congreso de la República, en particular de la Comisión de Derechos Humanos, la citación al Ministro de Gobernación y otros funcionarios implicados para que rinda cuentas sobre estos hechos.
5) Requerirnos al Procurador de los Derechos Humanos culminar a la brevedad la investigación y verificación de estos hechos a fin de que su resolución sea conocida por la Comisión de Derechos Humanos.
6) Exigimos a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, que agilice las investigaciones y requiera el retiro de inmunidad a Jimrny Morales a fin de que se le procese por los delitos de que se le sindica.

Guatemala, 15 de enero de 2020

Convergencia por los Derechos Humanos: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Equipo Comunitario y Acción Psicosocial [ECAP), Instituto de Estudio Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG). Justicia Ya, Alianza de Mujeres, Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Red Nacional de la No Violencia (REDNOVI), La Batucada del Pueblo, Asociación de Abogados Mayas, Asociación de Abogados Mayas, Asociación de Profesionales Mayas del lxcán Kemba'l Noj, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Alianza por las Reformas, DEMOS, Coordinadora de Ong y Cooperativas (CONGCOOP)


RECHAZAMOS EL INFORME DE LA MENTIRA Y LA IMPUNIDAD


En su penúltima sesión, la VIII Legislatura se ha despedido al hacer público el informe de la llamada “Comisión de la verdad”, creada por el Presidente del Congreso en octubre del año pasado. Durante las 40 sesiones públicas que realizó dicha sala especifica del Legislativo, fueron escuchadas personas sindicadas por graves delitos vinculados a corrupción relacionada con estructuras de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). De igual forma tuvieron atención de dicha instancia, familiares de personas sindicadas e incluso sentenciadas en los procesos de persecución penal impulsados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), según el mandato que le da vida.

También declararon familiares de convictos por crímenes contra la humanidad como los condenados en el caso Molina Theissen, así como los vinculados al asesinato de José Miguel Mérida Escobar, investigador de la ejecución de Myma Mack. La Comisión también ofreció micrófono a un ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) condenado en otro país por ejecuciones extrajudiciales. En ninguno de estos casos intervinieron ni la FECI ni la CICIG. En tanto que, cuando prestó su declaración una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). ligada a proceso por tráfico de influencias, vinculó a la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (CFJ), sin que dicha instancia tuviese relación ni con su proceso ni con los hechos supuestamente evaluados por la Comisión contra la CICIG. Estas acciones ponen en evidencia la mala fe y la extralimitación en funciones de los Congresistas, así como la ausencia absoluta de la elemental objetividad en su desempeño.

En una primera instancia, el presidente en funciones del legislativo. Felipe Alejos, otorgó a la Comisión atribuciones que son competencia exclusiva del Ministerio Público. Acción que debieron revertir ante resolución de la Corte de Constitucionalidad. La Comisión contra la CICIG se integró con los diputados Juan Ramón Lau, quien la presidió, Manuel Conde Orellana y Luis Hemández Azmitia, de las Bancadas TODOS, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Movimiento Reformador, respectivamente. Y, si bien en el decreto que le dio vida eliminaba la usurpación de funciones al MP, en la práctica no solo las ejerció sino que, además, incurrió en obstrucción de la acción penal al ubicar a personas prófugas quienes prestaron declaración sin que los diputados participantes informaran de la ubicación de dichas personas. Del mismo modo, dio lugar a que personas privadas de libertad declararan desde centros de detención, sin que hubiera autorización judicial para ello.

Por todo esto y ante las actuaciones de esta Comisión y la presentación de su informe, las organizaciones firmantes:

1) Reiteramos que el convenio que dio vida a la CICIG y que nace de un esfuerzo de organizaciones de sociedad civil, fue suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, en pleno ejercicio de soberanía ante la evidente imposibilidad de combatir desde el Estado el accionar de los CIACS y las estructuras criminales que le habían cooptado.

2) Señalamos la extralimitación de las atribuciones del presidente del legislativo al conformar esta Comisión que pretendía ejercer las funciones del único ente responsable de la persecución penal como lo es el Ministerio Público.

3) Denunciamos la doble moral de los integrantes de dicha Comisión y de quien la creó puesto que jamás han mostrado preocupación por las condiciones de privación de libertad de personas defensoras de derechos humanos criminalizadas pero sí consumieron recursos públicos para ofrecer una tribuna a quienes se han enriquecido a costa de la apropiación indebida de bienes nacionales.

4) Rechazamos el informe plagado de falsedades y que solo busca dar formalismo a una acción más de procura de impunidad para insistir en el discurso de la #AlianzaCriminal que mantiene al Estado cooptado y que ahora pretende alcanzar una tarima internacional para desacreditar la legítima lucha contra la corrupción.

5) Advertimos que utilizaremos todos los recursos que el estado de derecho nos brinda para continuar en el combate a la corrupción, la impunidad y todas las formas que vulneran la institucionalidad democrática.

Guatemala, 11 de enero de 2020

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y NOTARIOS MAYAS DE GUATEMALA/ ASOCIACIÓN KEMB'AL NO'J / ALIANZA DE MUJERES Y MUJERES INDÍGENAS POR EL ACCESO A LA JUSTICIA / BUFETE JURÍDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS / CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA/ COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS/ CONGCOOP / INSTITUTO DEMOS / FADS / FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS/ FRENTE NACIONAL DE JUVENTUD / FUNDACIÓN MYRNA MACK / FUNDAJU / INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE/ IMPUNITY WATCH / JURISTAS POR GUATEMALA/ JUSTICIA YA/ LA BATUCADA DEL PUEBLO / LANDIVARIANOS / MUJERES TRANSFORMANDO AL MUNDO / PLATAFORMA INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD / REDNOVI / SODEJU / SOCIOS POR EL DESARROLLO / USAC ES PUEBLO / CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS/ CAFCA/ CALDH / CIIDH / ECAP / ICCPG /ODHAG / SEOEM / UDEFEGUA / UNAMG /OASIS / ASOCIACIÓN DE ABOGADAS INDÍGENAS CHOMIJA

POR UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL PESE A LA ENCRUCIJADA


Se han cumplido 23 años, casi un cuarto de siglo, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Ocho personas, incluido el firmante Álvaro Arzú, han gobernado al país desde entonces. Los acuerdos, pese a su limitado alcance en materia de justicia social, constituían una agenda de país que intentaba retomar por la vía democrática, el camino truncado con el golpe y la invasión en 1954.

Sin embargo, lejos de que los pasos dados representaran avances significativos, la realidad nos pinta un panorama desolador en materia de cumplimiento. Cada gobernante que se ha sucedido desde 1996 ha puesto su ladrillo en el muro contra la paz. Arzú dilapidó los recursos estatales en telefonía, energía eléctrica, servicio postal y seguridad alimentaria, entre otros, amén de negarse a recibir el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Alfonso Portillo, con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de Efraín Ríos Montt, avaló la destrucción de la carrera en la recién creada Policía Nacional Civil. Óscar Berger consolidó los tratos de Arzú y toleró la instalación de estructuras criminales en la PNC y Ministerio de Gobernación (Mingob). Aunque Álvaro Colom intentó algunos cambios sociales y en materia de memoria histórica, también toleró estructuras de corrupción que destruyeron los avances. Otto Pérez Molina inició la desinstitucionalización de la arquitectura de la paz al destruir al Consejo Asesor de Seguridad y entregar la Secretaría de la Paz al enemigo eterno de los Derechos Humanos, Antonio Arenales Forno.

Finalmente, la tapa al pomo la ha puesto el gobierno presidido por Jimmy Morales Cabrera quien no ha dejado de utilizar la bola de derribo para acabar con la arquitectura de la paz e impedir que el conjunto de los acuerdos se cumpla. Afanado en garantizarse impunidad para sí, su familia y allegados políticos y económicos, no ha tenido escrúpulos en lanzar la pesada herramienta contra la institucionalidad. Si los gobiernos que le precedieron aportaron poco a la construcción de la paz, el de Morales Cabrera se caracteriza por llevar la delantera en la destrucción de la misma.

Las políticas de gasto excesivo y corrupto en el manejo de los recursos nacionales, así como de abandono de los objetivos de desarrollo han significado un aumento en los índices de desnutrición infantil a la vez que, pese a los altos niveles de fondos asignados al Ministerio de Educación, la cobertura educativa ha disminuido. En materia de seguridad, Jimmy Morales es responsable de que el Mingob sea conducido como máquina de espionaje contra la ciudadanía y no como instrumento de garantía de derechos, a la vez que se ha destruido el principio de carrera en el seno de la PNC, desarticulada por el titular Enrique Degenhart. Al mismo tiempo, el gobierno de Jimmy Morales ha favorecido el gasto y el dispendio militar, generando también nuevos nichos de corrupción en las fuerzas armadas que han vuelto a generar su escudo de impunidad.

El rompimiento del principio de independencia judicial es otro legal del gobierno de Jimmy Morales el cual es responsable de haber instalado en el ejercicio del poder político la cultura de de desobediencia judicial. A tal extremo que mantuvo por encima de disposiciones judiciales la decisión unilateral de cancelación del convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU) que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La política exterior de Morales, bajo la dirección de su fiel cancerbera Sandra Jovel, representó el abandono de la población migrante guatemalteca la cual quedó a merced de las crueles políticas xenófobas del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La gestión de Jovel cambió el ejercicio profesional de las relaciones exteriores por la política del chantaje y la extorsión diplomáticos.

La defensa de derechos humanos lejos de ser una acción protegida y garantizada por el estado es una labor peligrosa que puede costar la vida. Durante el gobierno de Jimmy Morales se han producido las mayores alzas en ejecución de personas defensoras o en la criminalización (difamación y uso indebido del derecho penal) de las mismas. Este gobierno, en alianza con el poder político en el Congreso de la República ha buscado ahogar económicamente a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), no solo con la reducción de su presupuesto sino mediante incumplimiento de órdenes judiciales, el Ministerio de Finanzas (Minfin), se ha negado a trasladar los recursos aprobados.

De los compromisos específicos a favor de las mujeres, contenidos en cinco Acuerdos, los pocos avances han tenido que ser defendidos por el movimiento de mujeres. Y ahora, hay un paquete de leyes que pretende frenar los avances legales de los últimos años, se le ha disminuido el presupuesto y el rol del Foro Nacional de la Mujer y a la Defensoría de la Mujer Indígena y se han cerrado espacios de interlocución. A eso, se suma el aumento de la violencia contra las mujeres en toda sus manifestaciones frente a una institucionalidad debilitada y sin capacidad de proteger la vida de las mujeres en país.

Si bien, durante estos 23 años transcurridos todos los gobiernos han sido responsables del abandono de la agenda de la paz, el de Jimmy Morales resulta el peor puesto que no solo canceló las posibilidades de avance sino que hizo retroceder al país a décadas previas a la firma de la paz.

Ante la encrucijada que esto representa, la posibilidad de modificar esta situación está en manos de la misma población guatemalteca. Esa que abonó el camino para la firma de la paz y que ha dado su aporte en la búsqueda de justicia, en la propuesta concreta de modificaciones y reformas necesarias para construir un sistema donde quepamos todos y todas. Por ello, como Convergencia por los Derechos Humanos, a la vez que recordamos la importancia de la firma de la paz y el contenido de los acuerdos que la concretaron, saludamos a todas las personas y organizaciones que con su diario que hacer contribuyen al ejercicio pleno de la democracia y a la construcción de la paz con justicia social.

Guatemala, 29 de diciembre de 2019

Convergencia por los Derechos Humanos ante el atropello de los organismos del Estado de asfixiar financieramente a la PDH.


Día Internacional de los Derechos Humanos






Guatemala : justicia y estado de derecho en la encrucijada



La FIDH, junto a la Convergencia por los Derechos Humanos, presentan el informe “Guatemala: justicia y estado de derecho en la encrucijada”. Se trata de un día sumamente significativo para el futuro de esta nación ya que constituye la antesala a la última jornada de ejercicio de funciones de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, posiblemente la entidad que más ha contribuido de la mano del Ministerio Público (MP), a combatir la corrupción e impunidad en este país en el presente siglo y por esto goza de un amplio apoya internacional y en Guatemala.



Recomposición de la corrupción en la era post-CICIG



Ante lo que pareciera ser el cierre inminente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, la ciudadanía ve con incertidumbre lo que podría suceder en los siguientes años. Sobre ese futuro incierto se concentró el informe de cierre “El legado de la justicia en Guatemala” organizado por la organización internacional.



Exigimos cortes no mafias asociadas a la alianza criminal


En apenas dos días, el sistema de justicia ha dado muestras evidentes de su nivel de cooptación por estructuras criminales y del gravísimo riesgo para quienes defienden el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos.

En una resolución a todas luces espuria, el miércoles 26 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), da trámite a una solicitud de antejuicio en contra del juez presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul de Paz. El juez Xitumul sufrió una agresión el dos de febrero del presente año, por parte del inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Lindo Cuxaj Ajpop. El inspector Cuxaj condujo un registro ilegal del vehículo del juez Xitumul y durante la acción lo agredió físicamente, al tomarle por el cuello. El juzgador presentó denuncia por abuso de autoridad pero el miembro de la PNC también recurrió a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ), así como a la solicitud de antejuicio.

La Junta Disciplinaria resolvió, con base en la prueba presentada, que no había lugar a sanción alguna en contra del Juez de Mayor Riesgo. No obstante, la CSJ, pese a dicho antecedente, ha dado trámite al antejuicio en contra del Presidente de un tribunal que ya sentenció a Roxana Baldetti por el caso “Agüita Mágica”, así como a cuatro altos ex jefes militares -entre ellos Benedicto Lucas García- por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violencia sexual y detención ilegal de su hermana Emma Guadalupe.

El jueves 27, la Jueza Susan Salazar Escobar, titular del juzgado de primera instancia penal de femicidio actuó arbitrariamente en la audiencia de primera declaración de Juan Francisco Solórzano Foppa. El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue criminalizado por la dueña de Vea Canal, Karina de Rottman quien lo demandó por supuesta violencia contra la mujer, luego de que este publicara un tuit en el cual la aludía por incumplir el convenio de pago con la SAT. En el caso intervino el Secretario General del Ministerio Publico (MP), Rony López quien pese a indicación de fiscales de que no había delito que perseguir, ordenó presentar el caso penal.

Si bien Solórzano Foppa fue liberado de cargos, durante la audiencia la jueza Salazar, en forma arbitraria expulsó de la sala a la representación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). El señor Solórzano, quien ejercía un derecho inalienable debió declarar sin acompañamiento de observación independiente, pese a que el caso no incluye elemento alguno que amerite protección a la supuesta víctima cuya denuncia pervierte el sistema de protección de la violencia contra las mujeres. Estos hechos constituyen una expresión alarmante del uso indebido del sistema penal como arma de represión en contra de operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en ejercicio de sus derechos y libertades.

Por lo tanto, como organizaciones de derechos humanos expresamos nuestro apoyo al juez Pablo Xitumul de Paz y a Juan Francisco Solórzano Foppa, acusados de manera espuria. De igual forma manifestamos nuestro respaldo a OACNUDH y a la UDEFEGUA, cuya labor ha sido obstaculizada.

Exigimos a la CSJ anular su disposición de iniciar antejuicio en contra del Juez Pablo Xitumul. A la Jueza Salazar Escobar, que deje de violentar el debido proceso y no impida presencia de observación independiente en casos de personas defensoras de DDHH. A la Fiscal General Consuelo Porras que investigue, sancione y procese el actuar del Secretario General Rony López.

Llamamos al movimiento social y a la sociedad guatemalteca a defender el Estado de Derecho y las garantías constitucionales ante el grave riesgo de arbitrariedad que pretende instalar la #AlianzaCriminal.

Guatemala, 28 de junio de 2019

CAFCA - CALDH - CIIDH - ECAP - ICCPG - ODHAG - SEDEM - UDEFECGUA - UNAMG

DESPEJAR LA SOMBRA DE IRREGULARIDAD. Pronunciamiento sobre la situación del Fiscal contra Delitos Electorales.

Pronunciamiento de la Convergencia por los Derechos Humanos en apoyo a las comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy.

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala



Resumen:

En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Destaca los avances y desafíos, con enfoque en temas relacionados con justicia, seguridad, la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, personas con discapacidad y migrantes, y derechos económicos, sociales y culturales. La Alta Comisionada describe las actividades de la Oficina y concluye con una serie de recomendaciones a varias instituciones del Estado y otros interesados.


8 DE MARZO: Día internacional de la mujer


En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.Además de Clara Zetkin hay que señalar los nombres de otras pioneras en la reivindicación de los derechos de las mujeres como Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kolontái, Nadezhda Krúpskaya e Inessa Armand.

JORNADAS POR EL ESTADO DE DERECHO