Documento elaborado por: Raúl Cuellar Betancourt[1]
1. Las desapariciones forzadas
La desaparición forzada constituye una detención ilegal y arbitraria de una o más personas sin que medie orden judicial. Su práctica sistemática por parte de aparatos de control del Estado se manifiesta a través del desaparecimiento de la (s) persona (s), ocultándola en centros clandestinos preestablecidos, donde la víctima es sometida a prácticas, en contra de su voluntad, que le provocan daño físico y psicológico.
En Guatemala, esta práctica ilegal ha sido implementada hacia miles de personas, hombres y mujeres, no de manera casual, sino planificada a partir de la intención política de someter por la fuerza a quienes se han planteado la necesidad de realizar transformaciones estructurales al interior de la sociedad guatemalteca.
Las desapariciones forzadas se han ejecutado hacia los diversos sectores sociales, pero han afectado mayoritariamente a los grupos medios y bajos de la sociedad, entre ellos intelectuales, estudiantes, dirigentes y miembros de base organizados en diferentes instancias, obreros, activistas y/o simpatizantes de las organizaciones insurgentes, etc.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluye que “en Guatemala la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de Inteligencia. Sus finalidades eran la desarticulación de los movimientos u organizaciones que el Estado identificaba proclives a la insurgencia, y extender el terror en la población. Las víctimas de desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes e, inclusive, militares o paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. Quienes perpetraron estas desapariciones forzadas violaron los derechos elementales de la persona humana”.
En tal sentido, es afectada directamente la víctima de la desaparición, aunque en casi la totalidad de los casos esta práctica culmina con el asesinato, la muerte de la persona desaparecida, para no dejar evidencia de quienes fueron los autores, pero sí ejemplificar lo que le podría suceder a cualquiera que se encuentre en el marco de los comportamientos que se oponen a la reproducción del sistema vigente, establecido para el beneficio de las minorías que dominan en el ámbito económico.
Sin embargo, podría considerarse que principalmente son afectadas las personas, familiares y otros, que han mantenido relaciones cercanas con la víctima, pues les toca enfrentar todas las consecuencias posteriores a la tragedia de la desaparición.
La práctica de la desaparición forzada se manifiesta en Guatemala principalmente matizada por el componente político, y ha creado circunstancias de afectaciones físicas y psicosociales no deseadas por las víctimas directas e indirectas.
Este es uno de los temas espinosos que es muy complejo abordar en nuestro país, pero se presenta como una fuerte necesidad de abrir espacios de reflexión y debate con relación a su significado, sus consecuencias y las perspectivas para superarlo, partiendo del doloroso reconocimiento de que en Guatemala la política de las desapariciones forzadas cumplió con los objetivos para los cuales fue creada, pues durante muchos años logró el silenciamiento, la inmovilización, desorganización, mediatización y atomización de los movimientos sociales, provocando una fuerte ruptura del tejido social guatemalteco.
Ahora es la hora de principiar con el proceso de humanización de las relaciones y las prácticas cotidianas, de reconstruir a la sociedad desde su individualidad y colectividad, desde la explicación de los hechos para formular acciones que impidan que esta historia se repita.
Es importante resaltar, en primer lugar, que en Guatemala la práctica de las desapariciones forzadas se inserta en el marco del conflicto armado interno, como una forma de actuar contra cualquier persona que fuera considerada enemiga del orden social establecido, de manera organizada o no, generando una dinámica en la que “los guatemaltecos durante más de tres décadas han debido enfrentarse permanentemente a tratar de vivir, sobrevivir y coexistir en el marco de una cotidianeidad de violencia sistemática, que no solamente ha segado la vida de miles de personas que han sido desaparecidas, ejecutadas extrajudicialmente o que han sufrido los efectos de los bombardeos y el arrasamiento de sus comunidades; sino que esta situación ha traído como consecuencia el surgimiento de una actitud social generalizada de pasividad e indiferencia ante la violencia.[2]
El fenómeno también tiene otras manifestaciones que se vinculan más con el aspecto económico, tales como las acciones vinculadas al narcotráfico, o los casos de tráfico de mujeres menores de edad con la finalidad de prostituirlas en otros países.
Aquí también es importante destacar que las desapariciones forzadas constituyeron una práctica de la guerrilla para obtener fondos para financiar la guerra, y si bien es cierto en algunos casos hubo liberación de la víctima, en otros el hecho concluyó con la muerte.
Este fenómeno ha dejado una historia trágica de más de 40 mil personas desaparecidas y, por lo tanto, millares de familias afectadas en las distintas esferas de su vida cotidiana y de futuro.
Los efectos psicosociales vivenciados por gran parte de la población guatemalteca se pueden clasificar en tres ámbitos: en lo comunitario, lo familiar, y en el ámbito de la individualidad, es decir, la persona como tal.
A continuación, se mencionan algunos de los principales efectos, que su priorización no necesariamente se manifiesta de acuerdo con el orden de la exposición, los que inciden directamente en los escenarios: económico, emocional, familiar, social, manejo de actitudes y prácticas, etc.
Haremos referencia a algunos de los efectos que se generan a partir de las desapariciones, enfocando en las personas que han mantenido una relación cotidiana con la víctima, y que en su vida les ha tocado enfrentar una larga serie de problemas en su individualidad, en su trabajo, en su relación interpersonal con otros actores de la sociedad.
2. Efectos en el ámbito económico
En lo económico, se manifiestan diferentes situaciones que exigen el replanteamiento en los distintos espacios de la inversión para la satisfacción de las necesidades fundamentales. Por ejemplo, el hecho de tener que cambiar el escenario de actuación de los miembros de la familia, que implica un nuevo marco de movilización, que normalmente tiende a incrementar los costos de la misma, tal como cambiarse de casa, hacer las gestiones de averiguación sobre qué pudo haber sucedido con la persona desaparecida.
Entre otras cosas, los hijos dejan de estudiar y en algunos casos se involucran en actividades laborales remuneradas para apoyar la ausencia del ingreso económico que aportaba el/la desaparecido/a, que cuando es el hombre sobre quien principalmente recae dicha labor, pues exige mayor participación de la mujer en este espacio, bien sea la esposa/compañera, la hermana, la madre. Incluso los abuelos desempeñan su función ante esta experiencia traumática, en apoyo y en actitudes y prácticas que asumirán sus nietos.
3. En el ámbito psicosocial
En lo emocional, uno de los elementos que se manifiesta es la angustia que provoca el factor económico, debido a los cambios a que presiona por aspectos expuestos anteriormente.
De los primeros sentimientos que se expresan encontramos el dolor, el horror, sensación de catástrofe, incredulidad, confusión, miedo e impotencia, que inhiben la posibilidad de hacer algo, incluso complica la búsqueda de apoyo por parte de personas cercanas, ya que el hecho de la desaparición busca romper con el marco mínimo de las relaciones de solidaridad.
El efecto del terror se expande a otros ámbitos de las relaciones sociales, generando rechazo social, ya que mantener el vínculo con los familiares de la persona desaparecida puede hacer extensiva la práctica de la desaparición, creando ideas o rumores como “en algo andaba metido/a para que le pasara eso”, cumpliendo con la función aleccionadora que conduce a plantear “yo no quiero que me pase eso, y menos a alguien de mi familia”.
La situación se torna cuesta arriba, en primer lugar, porque no se consigue darle una explicación objetiva al hecho, produciendo incluso sentimientos de culpa, estados de depresión profunda que normalmente se enfrentan desde el silencio, pues no con cualquier gente se puede hablar con amplitud de lo que ha pasado y se está viviendo.
En el caso de los hijos que tienen la posibilidad de seguir estudiando, tienden a bajar su nivel de rendimiento escolar por diferentes tensiones que se manifiestan en el medio social, en el ámbito familiar, educativo, y en lo personal.
El papel de los medios de comunicación social se convierte en un elemento negativo, pues trasladan informaciones sobre la persona desaparecida y el hecho de la desaparición que vulnera la condición social de los familiares, proporcionando datos que ubican a los miembros de la familia y estereotipan lo sucedido, muchas veces la noticia es deformada, afectando la dignidad y la autoestima de las personas que forman parte del núcleo familiar.
Otros elementos importantes son los relacionados con la imposibilidad de realizar ciertas prácticas que, ante “situaciones normales de la muerte” de un familiar, en el espacio comunitario contribuyen a la vivencia del duelo[3] , la comprensión de la muerte, tales como las condolencias de familiares, amigos y personas cercanas, el velorio, la sepultura, etc. Estas premisas se imposibilitan ante lo trágico del hecho de la desaparición y la serie de problemas a resolver.
El vacío que genera la ausencia, tanto en lo individual como en lo social, se experimenta de una forma distinta, que produce sentimientos de rechazo y falta de reconocimiento del hecho, que conduce a la amnesia sustituyendo al recuerdo, o reproduciendo el fenómeno de la inhibición aprendida, o también vivenciando la fantasía de la reaparición del muerto.
Además, se manifiesta la frustración ante la imposibilidad de ubicar al agresor y hacer funcionar los mecanismos legales que permitan aplicar la justicia, pues ella misma ha sido anulada por el tenor y el silencio, generando sentimientos de impotencia ante la situación de no poder hacer nada, aún en los casos en los que sí se sabe quiénes son los ejecutores de tales hechos. Esa impotencia también emerge a partir de la percepción distorsionada de la realidad, del por qué sucedió la desaparición.
Es decir, se vive de diferente forma el dolor que provoca la muerte de las personas cercanas, es un dolor permanente que, muchas veces, no contiene la certeza de la muerte. En los casos en que se hace viable el juicio, las personas re experimentan la vivencia traumática de la desaparición.
4. La respuesta ante las desapariciones forzadas
La respuesta individual y familiar es la que se manifiesta más que la social, aunque existen expresiones que integran las individualidades a la lucha colectiva, lo que hace más efectiva la respuesta, pues desde allí, organizadamente, se recuperan nexos de solidaridad que contribuyen a compartir el dolor y encontrar salida a las múltiples afectaciones psicosociales, así como impulsar colectivamente la necesidad de romper con el silencio y el muro de la impunidad que ha promovido la práctica de las desapariciones forzadas.
Ante la adversidad la gente fortalece los mecanismos que le han permitido salir adelante[4] y cobra conciencia de la importancia de desarrollar la lucha en contra de un fenómeno que les ha sido impuesto por las estructuras y los aparatos de represión de un Estado que reproduce la violencia política y la injusticia social.
Dentro de otro cúmulo de secuelas se encuentran la desintegración familiar, la adopción de conductas agresivas, el alcoholismo, la ruptura violenta de la cotidianeidad, el aislamiento, la angustia, el fatalismo, etc. La desaparición forzada afecta todas las facetas de la vida individual, familiar y social de las personas y los costos sociales de la reconstrucción representan un proceso muy complejo y doloroso.
Las perspectivas de superación de tal práctica se encuentran en la construcción de un Estado de Derecho, la construcción de la democracia real, aquella que satisface las necesidades vitales de las grandes mayorías, posibilita la participación ciudadana en un marco de libertad y respeto a los derechos humanos, la práctica de una cultura de paz, basada en la acción comunicativa, etc.
Desde la perspectiva psicosocial, se requiere de la vivencia del duelo, la ruptura del silencio, que significa la creación de espacios para la socialización de lo sucedido, la comprensión de los hechos y la aclaración en cuanto al por qué de lo acontecido y la ubicación de los responsables, aplicación de la justicia y un proceso comprometido de resarcimiento y reparación psicosocial, fundamentalmente orientado a la recuperación de la dignidad de los agredidos/as.
La respuesta debe contemplar las esferas de lo individual y lo colectivo, siendo necesaria la presencia de procesos de atención clínica especializada y de salud mental comunitaria.
Y EL TIEMPO PASÓ… Pero la realidad muy poco cambió
A 24 años de la primera publicación de este artículo, muchos aspectos siguen vigentes, en tanto que la problemática abordada en él también sigue presente. De lo que se trata acá es de incorporar diferentes elementos nuevos que forman parte del análisis de los hechos alrededor de las víctimas del conflicto armado interno, que continúan luchando por lograr sus reivindicaciones y, fundamentalmente, alcanzar su dignificación.
A 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz (1996) y la llegada de los “gobiernos democráticos” popularmente electos luego de promulgada la nueva Constitución Política de la República de Guatemala en 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, como procesos relevantes que tendrían que dar paso a la construcción de la democracia y el Estado de Derecho.
Surgió la iniciativa de Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, que presentó sus resultados en 1998, denominada Guatemala: Nunca Más, así como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- que presentó sus resultados en 1999 en lo que se conoce como Guatemala, memoria del silencio.
Con el Acuerdo Gubernativo 258-2003, se creó en el año 2003 el Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-, con el objetivo de resarcir, reparar, restituir, indemnizar, asistir, rehabilitar a 200 mil víctimas del conflicto armado interno, que para el año 2019 había atendido a 32 mil (solamente el 16% del total).
En el año 2020, ya tiempos de pandemia, el PNR, a cargo de la Secretaría de la Paz, y luego de su cierre definitivo, se trasladó e integró al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, que ya traía problemas presupuestarios para el cumplimiento de sus funciones, los que se profundizaron en el nuevo techo dentro del MIDES.
Gran parte de las familias que fueron afectadas por las desapariciones forzadas, continúan con la esperanza de saber qué pasó con sus familiares, han sido años de incertidumbre, de lucha por conocer la verdad, de no poder vivir el duelo. Los esfuerzos organizados en la lucha por la recuperación de la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno se han mantenido vigentes durante todos estos años, y aunque se han alcanzado algunos resultados importantes que marcan la ruta a seguir para obtener otros logros, aún queda mucho camino por recorrer, nada fácil frente a una institucionalidad frágil del Estado que no responde a las expectativas planteadas por las víctimas.
La dignificación de las víctimas del conflicto armado interno y la recuperación de la memoria colectiva, son fundamentales para la reconstrucción del tejido social. Para esto el Estado guatemalteco tiene que abrir espacios institucionales y de diálogo con el objetivo de resolver los problemas de las víctimas, ya que el tiempo ha pasado y la respuesta desde hace años esperada no ha llegado, en la mayoría de los casos.
La Plataforma Nacional de Organizaciones y Movimientos de Víctimas del Conflicto Armado Interno se convierte en el actor esencial para el posicionamiento sobre el tema del resarcimiento, la reparación y dignificación de las víctimas, así como la importancia que debe tener el trabajo comunitario en el ámbito de la atención psicosocial individual y colectiva, entre otros temas no menos importantes.
Los efectos del conflicto armado interno han trascendido incluso a un problema generacional, de transmisión oral de la historia, de lo que pasó, que cada vez más es contado por las nuevas generaciones desde el conocimiento de los hechos recibido y las percepciones propias de lo vivido en su relación pasada con las víctimas directas del conflicto armado interno.
Es fundamental definir, desde las lecciones aprendidas, ¿ahora cuál es la ruta por seguir?; ¿Cuáles son las acciones prioritarias para posicionar el tema?; ¿Qué pedir al nuevo gobierno para que las demandas sean atendidas? También va a ser importante fijar los plazos de cumplimiento de las demandas, porque como ya se dijo el tiempo es un factor crucial que marca la esperanza para la dignificación y reparación de las víctimas del conflicto armado interno.
Un elemento determinante para tener en consideración es la llegada de un nuevo gobierno, que la gente visualiza como la nueva primavera, progresista y comprometido con las demandas sociales e históricas de los guatemaltecos, oportunidad importante para dejar precedentes en materia de los derechos humanos.
Bibliografía básica de consulta
- Psicología social de la guerra, Ignacio Martín-Baró, et. al., UCA, El Salvador 1990.
- Conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala 1999.
- Florecerás Guatemala, Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ACAFADE), Costa Rica 1992.
- Desaparecidos Guatemala, ACAFADE, Costa Rica 1988.
- Salud Mental: la comunidad como apoyo, Carlos Martín Beristain y Francesc Riera, UCA, El Salvador 1992.
[1] Investigador social e Historiador. Texto original publicado en la Revista aportes, propuestas para el nuevo milenio No.3, Centro de Estudios para el Desarrollo. Guatemala agosto-septiembre 1999.
[2] Florecerás Guatemala, Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ACAFADE), Tercera Edición, Costa Rica 1992.
[3] El duelo constituye un proceso relacionado con los estados subjetivos posteriores a la pérdida de una persona cercana y que implica la aceptación y la readaptación. Existen diferencias entre el proceso de duelo ante la muerte cierta y el escenario que permite realizar las prácticas comunitarias de condolencias y sepultura y el que experimentan las personas ante la incertidumbre de la muerte de la víctima, alterando el proceso y creando contradicciones entre el hecho y su no aceptación.
[4] En este caso se han producido algunos materiales interesantes con relación a las prácticas y actitudes que le han permitido a muchas personas superar las circunstancias adversas, más conocida como ‘Resiliencia”.