En una acción contra profesionales del derecho que han laborado para el Ministerio Público (MP) o la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la actual Fiscal General de la República (FG), María Consuelo Porras Argueta ha lanzado una cacería brutal y despiadada con procesos espurios y prevaricados.
En las últimas dos semanas, la desconfigurada Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ahora dirigida por Rafael Curruchiche, de dudosa reputación y calidad profesional, en conjunto con la Fiscalía de Delitos Administrativos, han ejecutado las acciones de persecución que han significado la captura de Leily Santizo, ex mandataria de CICIG, Siomara Sosa, Paola Mischelle Escobar, Allis Morán, Willie Racanaj ex integrantes de la FECI, así como de Virginia Laparra jefa de la sede de la FECI en Quezaltenango. En prevención de posibles capturas y procesos en su contra, varios fiscales de la FECI han renunciado, entre ellos Rudy Manolo Herrera Lemus y Carlos Antonio Vides Navas quienes salieron al exilio. Durante una comparecencia ante el tribunal, Leily Santizo y Siomara Sosa fueron agredidas por el querellante Ricardo Méndez-Ruiz, en presencia de fiscales que diligencian el caso y funcionarios de presidios quienes deben proteger a las personas detenidas.
El MP también ha perseguido al juez Pablo Xitumul a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha retirado la inmunidad, dejándole en situación de desprotección por su labor como juez. De igual forma se ha dado trámite a varios procesos de antejuicio en contra de la jueza Éricka Aifán, contra cuya judicatura se han ejecutado varias acciones de sabotaje. El juez Xitumul y la jueza Aifán han tenido a su cargo el conocimiento y sentencia de casos de alto impacto por graves violaciones a derechos humanos y por altos niveles de corrupción y robo de recursos del Estado.
Todas y todos los profesionales ahora perseguidos penalmente sin base legal, han dedicado su tiempo al impulso de procesos vinculados a graves casos de corrupción y al desmantelamiento de estructuras criminales que han saqueado los recursos nacionales en detrimento de la población. Estructuras que, en su mayoría, provienen de grupos criminales contrainsurgentes que cometieron graves violaciones de derechos humanos entre los años 60 y 90.
Para una democracia como la que tutela la Constitución política de la república, en vigor, la independencia judicial y la autonomía en la persecución penal son pilares esenciales. Mismos que con la actuación del MP que persigue a operadores de justicia que actúan con independencia y apego al Estado de derecho, son vulnerados de manera flagrante. A tal grado que se abusa del mecanismo de reserva de los procesos y prisión preventiva sin declaración de las personas procesadas, en un contubernio y prevaricación de jueces y fiscales involucrados en esta cacería de la justicia.
Por todo lo anterior, la CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS:
1) Expresa su solidaridad y apoyo a las y los fiscales y ex personal de CICIG, ilegal e injustamente criminalizados como venganza del #PactoDeCorrupos;
2) Demanda la inmediata libertad de todas las personas detenidas y el cese de la persecución espuria de quienes han cumplido con su deber;
3) Exige la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras, del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y del Jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, Juan José Mendizábal, a la vez que requiere la correspondiente persecución penal por abuso de poder y prevaricato, tanto de ellos como de los jueces que se han prestado al juego perverso de la cacería de la justicia. Demanda además la debida persecución penal por violencia contra la mujer y tratos crueles e inhumanos a dos personas privadas de libertad, por parte del presidente de la Fundación Contra el Terrorismo;
4) Solicita a la comunidad internacional hacer uso de los mecanismos a su alcance en el marco del derecho internacional de derechos humanos, para sancionar a las autoridades guatemaltecas responsables de estos delitos y de la tolerancia a la corrupción y el crimen organizado;
5) Invita a la sociedad guatemalteca a ejercer sus derechos y demandar la salida de las y los funcionarios corruptos, fortalecer los procesos de alianzas y promover el desmantelamiento definitivo de las estructuras de corrupción e impunidad que impiden el disfrute de derechos y libertades que la Constitución garantiza y protege.