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Por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com
El 25 de febrero, Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, llega este año con un aire distinto. No se trata solo de recordar el horror del pasado, sino de observar un intento real por levantar los cimientos de la paz que fueron demolidos principalmente en los dos últimos gobiernos. Durante el gobierno de Alejandro Giamattei, vimos cómo se desmanteló la arquitectura de los derechos humanos en el país, dejando a miles de sobrevivientes en el más absoluto desamparo. Hoy, el panorama muestra después de dos años de un nuevo poder ejecutivo, una voluntad de reconstrucción, aunque el camino está lleno de espinas colocadas por quienes todavía se niegan a reconocer la historia, se tiene la esperanza que pueda llegar a un fin en favor de las victimas sobrevivientes y sus familiares antes del cambio de gobierno el año 2028.
Es fundamental recordar que el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), como lo conocíamos, dejó de existir hace tiempo tras ser asfixiado burocráticamente y trasladado al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), donde terminó perdiendo su esencia y efectividad. Esa desarticulación institucional no fue un error, sino una decisión política para silenciar la deuda con las víctimas.
Frente a ese vacío, el actual poder ejecutivo, a través de la COPADEH, ha comenzado a trazar una ruta distinta. La noticia del lanzamiento de una nueva Política Pública de Dignificación de las Víctimas de la Guerra marca un punto de inflexión. No se busca solo entregar una compensación económica, que de por sí puede ser escasa, sino devolver el lugar que les corresponde a los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos en la historia de nuestra nación. Es un esfuerzo por recuperar la confianza perdida en las instituciones del Estado.
En de vital importancia el dar seguimiento y colocar en la agenda parlamentaria la iniciativa 3590 Ley para la Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guatemala con el objetivo de crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición. Esta propuesta busca abordar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno (1960-1996), donde se estima que más de 45,000 personas fueron desaparecidas.
El informe trimestral de la COPADEH de inicios de 2024 revela que la maquinaria de la paz está intentando ponerse en marcha de nuevo. Pese a operar con recursos limitados, se han retomado las mesas de diálogo y el monitoreo de casos de derechos humanos que estaban archivados. Mesas a las que por cierto el CiiDH ha dado acompañamiento y asesoría al Movimiento Nacional de Víctimas. El desafío aquí es enorme: ¿cómo cumplir con una deuda histórica cuando se heredó una institución debilitada?
La intención es que la COPADEH no sea un simple gestor de expedientes, sino el motor que impulse el Plan Nacional de Dignificación. Esto incluye medidas que van desde actos simbólicos relacionados a memoria histórica, hasta proyectos concretos de vivienda y salud en las zonas más golpeadas por la guerra. La poca población sobreviviente, que hoy ya peina canas, espera que esta vez la voluntad política se traduzca en resultados palpables antes de que el tiempo se agote para ellos.
Aunque el Ejecutivo da pasos hacia la reparación, el sistema de justicia parece caminar en sentido contrario. Es imposible hablar de dignidad sin mencionar el estancamiento de los casos por genocidio y crímenes de guerra. La realidad es cruda, el tema de la independencia judicial en Guatemala sufre una crisis profunda. Sectores vinculados a la derecha tradicional y actores políticos que niegan la existencia del genocidio ejercen una presión asfixiante sobre los tribunales.
Muchos jueces, por miedo a represalias o por afinidad con estos grupos, han permitido que procesos clave se detengan en un mar de recursos legales infinitos. Esto genera un sentimiento de impunidad que lastima profundamente a los sobrevivientes y las familias de los desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. Mientras en el Palacio Nacional se habla de paz, en las cortes se libra una batalla donde la verdad histórica es la principal víctima.
Organismos como Impunity Watch y la ONU han seguido de cerca este proceso. Coinciden en que la propuesta del Plan Nacional de Dignificación es un paso valiente, pero advierten que no puede quedar solo en el papel. Estos organismos observan a Guatemala con una mezcla de esperanza y cautela. Saben que el actual gobierno tiene el deseo de cumplir, pero también reconocen que enfrenta fuerzas poderosas que prefieren mantener al país sumergido en el negacionismo.
La comunidad internacional ha sido clara: la paz sin justicia es una tregua frágil. Por eso, el apoyo a la política de dignificación debe ser total, exigiendo que los recursos lleguen a quienes llevan décadas esperando. No es solo un compromiso o deuda con el pasado, es una inversión en la estabilidad democrática del futuro.
La dignificación de las víctimas no debe ser una bandera partidista, sino un pacto nacional de humanidad. Reconocer que hubo genocidio y que el Estado falló a su gente es el primer paso para sanar. El actual intento por restaurar los mecanismos de reparación es una oportunidad de oro para demostrar que Guatemala puede ser diferente.
El camino es largo y el sistema judicial sigue siendo un obstáculo, pero la resiliencia de los sobrevivientes nos enseña que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Es hora de que el Estado, en todas sus ramas, se ponga a la altura de esa valentía. Solo así, el 25 de febrero dejará de ser una fecha de luto para convertirse en el símbolo de una justicia que por fin llegó a casa.
Fuentes consultadas:
- Diario de Centro América (DCA). Lanzarán política para dignificar a víctimas de la guerra. Guatemala, 2024.
- COPADEH. Informe Trimestral de Información Pública (Enero-Marzo 2024). Ciudad de Guatemala.
- Impunity Watch. Guatemala: Plan Nacional de Dignificación y los retos de la justicia transicional. 2024.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de los derechos humanos y la independencia judicial en Guatemala. 2023.