La Convergencia por los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la estrategia de destrucción del Estado de Derecho, la Democracia y la vigencia de Derechos Humanos en Guatemala. La renuncia y posterior exilio de la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, así como la suspensión del también juez de alto impacto Pablo Xitumul, son un golpe severo a la lucha contra la impunidad y evidencian el desarrollo de una estrategia de terror y consolidación del fascismo en nuestro país.
Ambos hechos se suman a los juicios contra una mandataria de la Comisión Especial Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), así como a la renuncia y exilio de varios más.
Se trata de la puesta en marcha de una estrategia de larga data, originada en un proceso que inició con el acuerdo entre militares retirados aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), que procuraban impunidad por graves violaciones a derechos humanos. A esto se sumó el apoyo de empresarios comprometidos en estos hechos, en la defraudación fiscal y el financiamiento ilícito para elecciones amañadas con partidos políticos vinculados al crimen organizado.
El control absoluto del sistema democrático ha sido posible mediante el golpe jurídico perpetrado por la alianza de militares, políticos y empresarios, aglutinados en el #PactoDeCorruptos. Su propósito es aniquilar a toda costa, cualquier posibilidad de romper el estado de cosas de impunidad, corrupción e inequidad imperante en Guatemala.
Ante esta situación, en particular por la salida de la jueza Ericka Aifán y el juez Pablo Xitumul:
- Manifestamos nuestra solidaridad y agradecimiento a la Jueza Erika Aifán por sus 19 años de servicio a Guatemala y por su ejemplo como persona íntegra e independiente;
- Expresamos nuestro respeto y solidaridad al Juez Pablo Xitumul, así como nuestra exigencia para que en este caso se respete el debido proceso;
- Evidenciamos nuestro repudio a las personas y funcionarios que han sido instrumento de la destrucción de nuestra democracia y el Estado de Derecho;
- Recordamos a la ciudadanía que los derechos humanos son universales y que la defensa de los mismos no constituye delito ni tiene sesgo ideológico, más bien es una necesidad de todas las personas, sin distingo alguno.