El 25 de febrero, Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, llega este año con un aire distinto. No se trata solo de recordar el horror del pasado, sino de observar un intento real por levantar los cimientos de la paz que fueron demolidos principalmente en los dos últimos gobiernos. Durante el gobierno de Alejandro Giamattei, vimos cómo se desmanteló la arquitectura de los derechos humanos en el país, dejando a miles de sobrevivientes en el más absoluto desamparo. Hoy, el panorama muestra después de dos años de un nuevo poder ejecutivo, una voluntad de reconstrucción, aunque el camino está lleno de espinas colocadas por quienes todavía se niegan a reconocer la historia, se tiene la esperanza que pueda llegar a un fin en favor de las victimas sobrevivientes y sus familiares antes del cambio de gobierno el año 2028.

Es fundamental recordar que el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), como lo conocíamos, dejó de existir hace tiempo tras ser asfixiado burocráticamente y trasladado al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), donde terminó perdiendo su esencia y efectividad. Esa desarticulación institucional no fue un error, sino una decisión política para silenciar la deuda con las víctimas.

Frente a ese vacío, el actual poder ejecutivo, a través de la COPADEH, ha comenzado a trazar una ruta distinta. La noticia del lanzamiento de una nueva Política Pública de Dignificación de las Víctimas de la Guerra marca un punto de inflexión. No se busca solo entregar una compensación económica, que de por sí puede ser escasa, sino devolver el lugar que les corresponde a los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos en la historia de nuestra nación. Es un esfuerzo por recuperar la confianza perdida en las instituciones del Estado.

En de vital importancia el dar seguimiento y colocar en la agenda parlamentaria la iniciativa 3590 Ley para la Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guatemala con el objetivo de crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición. Esta propuesta busca abordar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno (1960-1996), donde se estima que más de 45,000 personas fueron desaparecidas.

El informe trimestral de la COPADEH de inicios de 2024 revela que la maquinaria de la paz está intentando ponerse en marcha de nuevo. Pese a operar con recursos limitados, se han retomado las mesas de diálogo y el monitoreo de casos de derechos humanos que estaban archivados. Mesas a las que por cierto el CiiDH ha dado acompañamiento y asesoría al Movimiento Nacional de Víctimas. El desafío aquí es enorme: ¿cómo cumplir con una deuda histórica cuando se heredó una institución debilitada?

La intención es que la COPADEH no sea un simple gestor de expedientes, sino el motor que impulse el Plan Nacional de Dignificación. Esto incluye medidas que van desde actos simbólicos relacionados a memoria histórica, hasta proyectos concretos de vivienda y salud en las zonas más golpeadas por la guerra. La poca población sobreviviente, que hoy ya peina canas, espera que esta vez la voluntad política se traduzca en resultados palpables antes de que el tiempo se agote para ellos.

Aunque el Ejecutivo da pasos hacia la reparación, el sistema de justicia parece caminar en sentido contrario. Es imposible hablar de dignidad sin mencionar el estancamiento de los casos por genocidio y crímenes de guerra. La realidad es cruda, el tema de la independencia judicial en Guatemala sufre una crisis profunda. Sectores vinculados a la derecha tradicional y actores políticos que niegan la existencia del genocidio ejercen una presión asfixiante sobre los tribunales.

Muchos jueces, por miedo a represalias o por afinidad con estos grupos, han permitido que procesos clave se detengan en un mar de recursos legales infinitos. Esto genera un sentimiento de impunidad que lastima profundamente a los sobrevivientes y las familias de los desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. Mientras en el Palacio Nacional se habla de paz, en las cortes se libra una batalla donde la verdad histórica es la principal víctima.

Organismos como Impunity Watch y la ONU han seguido de cerca este proceso. Coinciden en que la propuesta del Plan Nacional de Dignificación es un paso valiente, pero advierten que no puede quedar solo en el papel. Estos organismos observan a Guatemala con una mezcla de esperanza y cautela. Saben que el actual gobierno tiene el deseo de cumplir, pero también reconocen que enfrenta fuerzas poderosas que prefieren mantener al país sumergido en el negacionismo.

La comunidad internacional ha sido clara: la paz sin justicia es una tregua frágil. Por eso, el apoyo a la política de dignificación debe ser total, exigiendo que los recursos lleguen a quienes llevan décadas esperando. No es solo un compromiso o deuda con el pasado, es una inversión en la estabilidad democrática del futuro.

La dignificación de las víctimas no debe ser una bandera partidista, sino un pacto nacional de humanidad. Reconocer que hubo genocidio y que el Estado falló a su gente es el primer paso para sanar. El actual intento por restaurar los mecanismos de reparación es una oportunidad de oro para demostrar que Guatemala puede ser diferente.

El camino es largo y el sistema judicial sigue siendo un obstáculo, pero la resiliencia de los sobrevivientes nos enseña que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Es hora de que el Estado, en todas sus ramas, se ponga a la altura de esa valentía. Solo así, el 25 de febrero dejará de ser una fecha de luto para convertirse en el símbolo de una justicia que por fin llegó a casa.

Fuentes consultadas:

1. Diario de Centro América (DCA). Lanzarán política para dignificar a víctimas de la guerra. Guatemala, 2024.
2. COPADEH. Informe Trimestral de Información Pública (Enero-Marzo 2024). Ciudad de Guatemala.
3. Impunity Watch. Guatemala: Plan Nacional de Dignificación y los retos de la justicia transicional. 2024.
4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de los derechos humanos y la independencia judicial en Guatemala. 2023.

Este reglamento busca contribuir a proteger la salud pública y el ambiente. Su entrada en vigor en febrero del año en curso produjo una respuesta negativa por parte de los recolectores de desechos sólidos lo cual llevó a que fuera suspendido de forma temporal. A partir de ello el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció cambios al reglamento entre ellos la separación de los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos, reconocimiento a los recicladores de base en el proceso de separación de desechos, así como la vacunación del personal involucrado en la cadena del reciclaje, entre otros aspectos a modificar en el reglamento.

Sin embargo, lo cambios propuestos no llegarán y el reglamento quedó en suspenso o más bien sin ninguna viabilidad debido a que la CC consideró que el reglamento violaba los principios de seguridad jurídica y autonomía municipal, ya que corresponde a cada municipio definir la forma de regular la recolección y tratamiento de los desechos, según el código municipal.

De acuerdo con la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Patricia Orantes quien rechazó el fallo de la CC advirtió un grave aumento de la contaminación a todo nivel (aire, ríos, lagos, paisaje, áreas urbanas, etc.), lo cual compromete seriamente la salud de los y las guatemaltecas.

De todos es sabido que los denominados el vertedero de desecho de la zona 3 a cargo de la Municipalidad de la ciudad de Guatemala y el km. 22 de la ruta al pacífico a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, ambos además de que no cumplen con estándares de una adecuada gestión de los desechos constituyen una verdadera fuente de contaminación y además ya cumplieron con su vida útil y por lo tanto deben ser clausurados.

Ambos vertederos son una muestra de la falta de interés y de la ineficiencia de las municipalidades tanto de la ciudad capital como la de Villa Nueva en el proceso de gestión integral de los desechos sólidos lo cual constituye un foco de contaminación que atenta en contra de la salud de los vecinos de ambos municipios e inclusive de poblaciones lejanas a sus circunscripciones municipales como lo es el caso del traslado de grandes toneladas de desechos sólidos que llegan al río Motagua y son descargados en las playas del Atlántico afectando inclusive playas del vecino país de Honduras.

De acuerdo con las autoridades tanto La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), MARN y Ministerio de Salud en relación con los incendios en el vertedero de AMSA han informado que, en los departamentos cercanos al vertedero, la calidad del aire ha alcanzado niveles catalogados como “muy mala”, debido a la elevada concentración de partículas contaminantes, las cuales podrían provocar efectos graves en la salud. Este riesgo es debido a los gases tóxicos que emana del vertedero los cuales son nocivos para la vida del ser humano, especialmente para los trabajadores que se encuentran el área, los vecinos del sector y las personas con enfermedades preexistentes. Es de resaltar que los incendios provocados en este vertedero obligaron a que el Ministerio de Educación suspendiera las clases en los establecimientos escolares en los municipios vecinos al vertedero.  

Si dos municipalidades de los municipios más grandes de Guatemala (Ciudad de Guatemala y Villa Nueva) muestran una clara incapacidad para la gestión integral de los desechos sólidos, en tal sentido es lógico esperar que resto de municipios con menores recursos económicos y técnicos no puedan gestionar sus desechos sólidos y se incremente la contaminación en toda la biósfera del territorio nacional comprometiendo la salud de todas y todos los guatemaltecos por generaciones.

En la resolución la CC determinó que el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria, al emitir disposiciones que invadieron competencias exclusivas de las municipalidades, como la recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos.

Según el fallo, esas funciones corresponden constitucional y legalmente a los municipios, conforme con el artículo 253 de la Constitución Política, el Código Municipal y el Código de Salud. Al emitir un reglamento centralizado, el Organismo Ejecutivo sustituyó facultades municipales y vulneró el sistema descentralizado del país, agrega además que el Ejecutivo pudo haber optado por mecanismos de coordinación o fortalecimiento municipal que resultaran menos lesivos, por tal motivo, ordenó expulsar del ordenamiento jurídico los acuerdos impugnados, que dejarán de surtir efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

De acuerdo a nuestro criterio el MARN es el ente rector de la institucionalidad ambiental en Guatemala, las municipalidades del país deben acatar los lineamientos emanados de los entes rectores en este caso del MARN ya que las funciones de la municipalidades corresponden a un diseño de gestión territorial por lo tanto la autonomía les da la potestad de disponer de su presupuesto y de crear sus propias leyes y reglamentos así como elegir a sus autoridades, hay un límite en el concepto de autonomía que en todo caso pasa por la supeditación a las leyes del país y a los tres poderes del Estado.

En todo caso el interés colectivo al derecho humano a un ambiente sano fue vulnerado por la CC al suspender el reglamento indicado. La pregunta final es podrá a CC enmendar este grave desacierto que nos afectará a esta y las generaciones por venir.

Estas elecciones van a determinar el rumbo del país para los próximos diez años dado el enfrentamiento de dos fuerzas en pugna, la primera constituida principalmente por la ciudadanía activa, que reclama transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, independencia de jueces y magistrados, reforma del Estado y la segunda fuerza el llamado “pacto de corruptos” alianza político-criminal diseñada para el saqueo de  los fondos públicos, el lavado de dinero, narcotráfico y los negocios ilícitos, quienes a través de la cooptación de las instituciones del Estado especialmente del sistema de justicia se garantizan no continuar y profundizar el manejo de sus ilícitos sino la impunidad ante cualquier denuncia, investigación o proceso judicial que pueda accionarse en su contra, en pocas palabras tienen el control total de las Estado instituciones del Estado para sus oscuros intereses.

¡Porque estas elecciones pueden determinar el rumbo del país para los próximos años? Porque quienes integren la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Universidad de San Carlos y hasta la Junta Monetaria y de su composición y de las fuerzas políticas señaladas anteriormente que puedan influir en ellas dependerá el equilibrio o la consolidación del poder para el próximo ciclo democrático.

Eventos Clave de Elecciones y Nombramientos en Guatemala

Año – 2025

Año – 2026

Imagina tener una herramienta que te permite exponer irregularidades al instante, llegar a miles de personas en cuestión de segundos y exigir rendición de cuentas. Para las juventudes en Guatemala, las redes sociales se han convertido en esa poderosa arma contra la corrupción judicial. Publicaciones en X (antes Twitter), videos en TikTok, hilos en Facebook e historias en Instagram no solo documentan actos de impunidad, sino que también nombran a jueces o magistrados cuestionados y movilizan a la opinión pública.

Sin embargo, este activismo digital tiene una cara oscura y peligrosa: el creciente riesgo de criminalización, ahora exploramos como es que las juventudes guatemaltecas utilizan las plataformas digitales para desafiar la corrupción en el sistema de justicia, y por qué sus voces se enfrentan cada vez más a represalias legales injustas, un fenómeno que refleja la tensión entre el derecho a la libre expresión y la resistencia de estructuras de poder opacas.

Estos espacios digitales se han convertido en el nuevo campo de batalla en donde la frustración ante la lentitud de los canales formales y la percepción de captura de instituciones clave ha llevado a una generación digitalmente conectada a tomar las redes sociales como una trinchera de lucha. No se trata solo de compartir noticias; es documentación en tiempo real, creación de narrativas alternativas y organización colectiva.

Para esto las juventudes utilizan una diversidad de plataformas predominantes las que son utilizadas de forma estratégica con el objetivo de contrarrestar la narrativa de los sectores de poder y estructuras pro-impunidad, como:

• X (Twitter): Permite conectar con periodistas y organizaciones internacionales, es el epicentro para denuncias concretas, hilos explicativos, señalamientos a funcionarios y coordinación rápida usando hashtags como #JusticiaGT o #CorrupciónJudicial. El uso de X es más de uso o incidencia política.
• TikTok e Instagram Reels: Utilizan formatos cortos de video para explicar casos complejos de corrupción judicial de forma creativa (infografías animadas, testimonios con filtros que protegen la identidad), logrando viralizar temas que los medios tradicionales podrían ignorar.
• Facebook: Grupos cerrados y páginas públicas funcionan como archivos de información, espacios de discusión profunda y para compartir documentos escaneados (sentencias cuestionadas, nombramientos sospechosos).
• Apps de Mensajería (WhatsApp, Telegram): Son cruciales para la coordinación segura (aunque no infalible) entre colectivos, alertas rápidas sobre represalias y compartir evidencia sensible antes de hacerla pública.

Todas y cada una de ellas busca la creación, ampliación, fortalecimiento y sostenibilidad de redes articuladas en todo el territorio nacional.

Comparación de Plataformas de Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia

El uso de esta tecnología tiene un alcance que va más allá de la denuncia si no una serie de acciones o múltiples objetivos clave como:

Fuente: Elaboración propia

Pero el uso de esta tecnología tiene, en el caso de Guatemala tiene con grandes retos que profundizan las brechas digitales que en nuestro país silencian voces, sin embargo, este activismo digital no es accesible para todas las juventudes guatemaltecas.

Según el Banco Mundial (2023), reportó que solo el 45% de la población rural en Guatemala tiene acceso a internet, y el analfabetismo digital afecta desproporcionadamente a mujeres indígenas, comunidades marginadas y zonas con pobreza extrema.

El portal DataReportal[1], indica que a principios de 2025, nuestro país contaba con “20.4 millones de conexiones móviles activas, cifra que equivale al 110% de la población total. Sin embargo, cabe destacar que algunas de estas conexiones podrían incluir únicamente servicios como voz y SMS, y otras podrían no tener acceso a internet.”

El informe continúa indicando “Pero estas cifras de usuarios también sugieren que 7,28 millones de personas en Guatemala no usaban internet a principios de 2025, lo que indica que el 39,2 por ciento de la población permanecía “desconectada” a principios de año.” Esto quiere decir que 4 de cada 10 personas no tiene acceso a internet en Guatemala.

Mientras que en el uso de redes sociales Guatemala inicio el 2025 con “10,4 millones de identidades de usuarios activos de redes sociales en Guatemala al mes de enero de 2025. Para poner en perspectiva, esta cifra equivalía al 56,1 por ciento de la población total de Guatemala a principios de 2025.”

Al respecto de estos 10,4 millones de usuarios “el 43,0 por ciento de las identidades de usuarios de redes sociales de Guatemala eran mujeres, mientras que el 57,0 por ciento eran hombres.”

Los datos anteriores aunque reflejen un alto uso de internet hay que recordar que 4 de cada 10 personas no tiene acceso, haciendo que estas brechas profundicen las desigualdades en la lucha contra la corrupción judicial provocando que:

• Casos locales quedan invisibles: Corrupción en juzgados o abusos de jueces en comunidades alejadas rara vez se viralizan, pues quienes los sufren carecen de herramientas o habilidades para documentarlos y denunciarlos en redes.
• La impunidad busca perpetrarse: Sin presión ciudadana digital, redes de corrupción operan con menos riesgo en territorios desconectados. Un juez corrupto en Huehuetenango o Alta Verapaz enfrenta menos escrutinio que uno en la ciudad capital.
• La narrativa se centraliza: La conversación sobre independencia judicial la dominan quienes tienen acceso a plataformas, dejando fuera experiencias rurales e indígenas donde la captura del sistema judicial suele ser más cruda y menos documentada.
• Doble victimización: Quienes ya enfrentan barreras para acceder a la justicia formal (costos, distancia, discriminación) tampoco pueden usar canales o medios digitales alternativos. La corrupción, así, se vuelve un problema de élites o privilegiados, se debate donde hay conexión, pero persiste impune donde no llega el internet. Esto no solo limita la denuncia; debilita la exigencia colectiva de una justicia verdaderamente independiente para todo el país.

La corrupción judicial prospera en la invisibilidad.

Fuente: Elaboración propia

Y ahora el otro extremo que en los últimos años ha sido una metodología utilizada por esas elites en donde la criminalización digital, es el resultado de cuando denunciar se convierte en delito. El coraje de denunciar choca con una realidad alarmante, el uso indebido del sistema legal para silenciar críticas. Organizaciones como UDEFEGUA[2] documentan un patrón preocupante en su informe anual más reciente (2023): la judicialización de la protesta social y la expresión crítica, incluyendo la ejercida en línea, es una tendencia al alza.

El informe indica que “En cuanto al tipo de personas defensoras, la búsqueda de acceso a la justicia es la más afectada por agresiones y actos de violencia, dirigidos contra quienes exigen su derecho a la justicia.”

Mecanismos de Persecución Utilizados:

• Figuras Penales Ambiguas: Se emplean cargos como «difamación», «calumnia» o «injurias» contra funcionarios públicos, a pesar de que estándares internacionales exigen mayor tolerancia a la crítica hacia quienes ejercen poder.
• «Ataques a la Autoridad»: Una figura legal criticada por su vaguedad, utilizada para criminalizar opiniones o denuncias legítimas sobre actuaciones judiciales.
• «Asociación Ilícita» o «Terrorismo»: En casos extremos (aunque menos frecuentes en el contexto exclusivamente digital hasta ahora), estas figuras graves se han esgrimido contra activistas que se coordinan online, buscando deslegitimar su labor y aplicar penas desproporcionadas.
• Ciberacoso o Extorsión: Acusaciones falsas presentadas por los mismos actores denunciados para victimizarse y criminalizar al denunciante.

Fuente: Elaboración propia

Lógicamente trae consigo un impacto real y negativo en los jóvenes activistas que genera los siguientes efectos:

• Autocensura: El miedo paraliza, llevando a muchos jóvenes a retirar publicaciones o evitar temas críticos.
• Desgaste personal y económico: Defenderse de un proceso legal es costoso, consume tiempo y genera un enorme estrés psicológico.
• Daño en su reputación: La sola apertura de un proceso, aunque sea infundado, estigmatiza al denunciante causando lo que han denominado “Muerte civil”.
• Desmovilización: El mensaje implícito es claro: «Denunciar te puede costar caro».
• Exilio Digital o Físico: Algunos se ven forzados a abandonar plataformas o incluso el país.

Fuente: Elaboración propia

[1] https://datareportal.com/reports/digital-2025-guatemala#:~:text=Usuarios%20de%20TikTok%20en%20Guatemala,femeninos%E2%80%9D%20y%20%E2%80%9Cmasculinos%E2%80%9D%20.

[2] Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala

¿Qué nos dice sobre la independencia judicial en Guatemala?

Caminar por Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul o San Juan Cotzal es recorrer paisajes donde el pasado ha dejado huellas, y que aun grita. Entre los años de 1982 y 1983, estas tierras ixiles fueron escenario de una campaña de exterminio que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó como genocidio. Hoy, el juicio por esos crímenes no es solo un proceso histórico: es un termómetro que mide la fiebre de la justicia guatemalteca. Cada revés judicial –como la reciente anulación del juicio a Benedicto Lucas García– no es un tecnicismo aislado. Es el reflejo de un sistema cooptado, donde las mismas redes que niegan justicia a las víctimas ixiles garantizan impunidad para la corrupción actual.

Exploraremos los vaivenes del juicio por genocidio ixil como ese espejo roto del Estado de derecho en Guatemala. Los argumentos son que las fuerzas que obstaculizan la justicia para las víctimas del conflicto armado son las que hoy garantizan la impunidad en casos de corrupción y socavan la democracia. De tal cuenta entender este caso es entender la batalla por el futuro del país.

La herida abierta del genocidio durante la dictadura de facto de Efraín Ríos Montt, el Ejército de Guatemala ejecutó operaciones militares que resultaron en la masacre de miles de civiles ixiles, la destrucción de sus aldeas y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó que en esta región se cometieron actos de genocidio.

La Grieta en el Muro de la Impunidad, como lo es el histórico fallo contra Efraín Ríos Montt en 2013 (primera condena por genocidio a un exdictador en su propio país) se desplomó diez días después. La Corte de Constitucionalidad (CC), bajo presión de élites económicas y militares, anuló la sentencia. Esa decisión sentó un precedente nefasto, demostró que los resortes del poder podían torcer la justicia. Fallo llevo devuelta a las víctimas a un laberinto de incertidumbre judicial, esa anulación no fue un mero tecnicismo; fue una demostración de poder y un presagio de los desafíos venideros.

En tiempos recientes se mantuvo a las víctimas entre la Esperanza y la Cooptación, ha sido visto como el capítulo más reciente de esta saga, el juicio contra el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, es un microcosmos de esta lucha. A finales de 2023, las víctimas y sus abogados presentaron pruebas abrumadoras: testimonios de violencia sexual como arma de guerra, relatos de desapariciones forzadas y peritajes sobre planes militares.

Pero, una vez más, la estructura de la impunidad se activó. En enero de 2025, una sala de apelaciones anuló partes cruciales del proceso, alegando errores de procedimiento. Para los sobrevivientes, esta decisión fue una dolorosa revictimización y una prueba más de que «el sistema de justicia está cooptado por los mismos poderes que nos quisieron exterminar» expresan las víctimas. Este vaivén judicial no ocurre en el vacío, se da en un contexto donde los procesos de elección de magistrados (Comisiones de Postulación) son un campo de batalla donde redes político-económicas buscan asegurar que jueces y magistrados respondan a sus intereses y no a la Constitución.

Hoy por hoy, el juicio contra Manuel Benedicto Lucas García (exjefe del Estado Mayor) repite el patrón:

• En noviembre de 2024, la fiscalía presentó pruebas irrefutables: testimonios de violencia sexual como arma de guerra, planes militares de exterminio y peritajes forenses, solicitando 2,800 años de prisión.
• En enero de 2025, una sala de apelaciones anuló partes clave del proceso. Según Abogados Sin Fronteras Canadá ASFC (2025), el 80% de estas anulaciones en casos de genocidio se basan en «vicios procesales» (notificaciones tardías, formalismos), ignorando pruebas de fondo.

Estos reveses no son errores, son la expresión de un racismo sistémico que pervive en salas tribunalicias.

Dos caras de un mismo sistema corrupto:

Sería un error analizar estos reveses judiciales como simples fallos procesales, como se ha mencionado no son otra cosa más que la manifestación de un racismo judicial sistémico y profundamente arraigado[1]. El caso ixil no es solo un caso sobre el pasado; es un caso sobre cómo el Estado trata hoy a los pueblos indígenas.

• Invisibilización y barreras: En el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) hemos analizado cómo la falta de intérpretes idóneos, la desvalorización de los testimonios de mujeres indígenas y los prejuicios culturales de los operadores de justicia impiden un acceso real a un juicio justo.
• La doble vara de la justicia: El racismo se manifiesta en una dualidad perversa, ya que mientras los responsables de crímenes de lesa humanidad se benefician de retrasos, amparos y anulaciones, los líderes indígenas que defienden sus tierras y recursos naturales son víctimas de la «guerra jurídica» (lawfare). Se les acusa de «terrorismo», «usurpación agravada» o «asociación ilícita» en procesos acelerados y con escasas garantías, utilizando el derecho penal como herramienta de represión.

En este punto la pregunta clave es: ¿cómo puede un sistema ser imparcial si trata a una víctima de genocidio con desdén y a un defensor de derechos humanos como un criminal? La respuesta es que no puede. La discriminación no es una falla del sistema; para ciertos actores, es una función más de su puesto.

Guatemala no está sola en esta lucha, otras naciones ofrecen lecciones valiosas:

• Argentina: Décadas después de la dictadura (1976-1983), la anulación de las leyes de amnistía (Punto Final y Obediencia Debida) en 2003 por el Congreso, y su declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema en 2005, fueron catalizadoras. La clave fue una alianza entre un poder judicial valiente (con fiscales como Luis Moreno Ocampo y jueces como Sergio Torres), gobiernos comprometidos (Néstor Kirchner) y la presión implacable de organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo. Su lección para Guatemala es clara: la impunidad no es irreversible cuando existe voluntad política real y una sociedad que exige justicia sin claudicar.
• Colombia:  La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[2], creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, ofrece un modelo innovador de justicia transicional que integra enfoques restaurativos. Bajo el principio de ‘verdad plena a cambio de penas no privativas de libertad’, quienes reconocen responsabilidades en crímenes de guerra pueden recibir sanciones orientadas a reparar el tejido social, como proyectos de desminado humanitario, construcción de infraestructura comunitaria, restitución de tierras o contribución a la búsqueda de desaparecidos. Aunque cuestionada por su ritmo, la exclusión de actores económicos del conflicto y su aplicación desbalanceada contra exguerrilleros, su aporte clave es priorizar la voz de las víctimas. La lección para Guatemala es que la justicia puede trascender el castigo carcelario mediante reparación colectiva y garantías de no repetición, siempre que exista voluntad política para implementarla sin sesgos.

La lección para Guatemala es clara, el éxito requiere una combinación de fallos judiciales robustos, voluntad política, participación activa de las víctimas y la creación de mecanismos que aseguren la memoria y la reparación.

Fortalecer la independencia judicial en Guatemala no es una tarea abstracta, sino una agenda de acciones concretas que resultan cruciales y requieren el involucramiento de todos los sectores:

Fortalecimiento del Sistema de Justicia

Fuente: Elaboración propia

El juicio por genocidio ixil es mucho más que un caso judicial; es el escenario donde se define la capacidad de Guatemala para confrontar su pasado y construir un futuro democrático. La independencia judicial no es un lujo para abogados o un tema de interés exclusivo para las víctimas del conflicto, es la garantía fundamental de que ningún ciudadano, indígena o no, empresario o campesino, estará a merced del poder arbitrario.

La prueba de fuego para nuestra justicia no será solo emitir una sentencia final en estos casos, sino demostrar que puede resistir las presiones, desmantelar el racismo estructural y devolverle la dignidad a quienes se la arrebataron, pero esta tarea no es solo de los tribunales; es una responsabilidad colectiva que exige nuestra atención, nuestra vigilancia y nuestra acción decidida.

La justicia, al final, o es para todos, o no es justicia.

[1] https://odgs.ciidhguatemala.org/poblaciones-indigenas-y-el-acceso-a-la-justicia-barreras-linguisticas-y-racismo-judicial/

[2] https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx

Puntos clave:

1. Marco Conceptual:
   • Las exenciones y exoneraciones son dispensas totales o parciales de obligaciones tributarias, diseñadas para incentivar actividades económicas o favorecer grupos específicos. Cuando estos beneficios no cumplen sus objetivos originales y solo enriquecen a los beneficiarios, se convierten en privilegios fiscales.
2. Legislación Vigente:
   • Guatemala cuenta con múltiples leyes que otorgan beneficios tributarios, como exenciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y a sectores como maquilas, zonas francas, energía renovable y minería.
   • La Ley de Supresión de Exenciones (1997) buscó eliminar privilegios injustificados, pero persisten tratamientos diferenciados que reducen la recaudación estatal.
3. Impacto Fiscal:
   • Los gastos tributarios (pérdida de recaudación por beneficios) representaron en 2009 el 8% del PIB. El 77.7% corresponde a impuestos directos como el ISR.
   • La metodología de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) clasifica estos gastos, pero su eliminación no garantiza un aumento equivalente en recaudación debido a posibles cambios en el comportamiento de los contribuyentes.
4. Propuestas de Reforma:
   • Limitar incentivos a sectores como maquilas y zonas francas.
   • Aprobar la Ley Antievasión II para fortalecer la SAT.
   • Cumplir con estándares internacionales de transparencia tributaria (OCDE).
   • Evitar nuevos privilegios injustificados y evaluar periódicamente los existentes.

Guatemala es cuna de una rica diversidad cultural y lingüística; según datos del INE[1]se calcula que el 44 %[2] de su población se reconoce como indígena en otras palabras 1 de cada 2 personas en nuestro país es indígena. Este bono demográfico está distribuido en los 340 municipios con un total de 22 idiomas mayas, además del Xinca y Garífuna. Pero a pesar de este enorme capital cultural, los pueblos originarios enfrentan serias barreras para ejercer plenamente su derecho a justicia. Haciendo fundamental el explorar cómo las limitaciones lingüísticas – las cuales se abordarán en este documento más adelante – además del racismo y discriminación[3] estructural dentro del sistema de justicia penal de Guatemala, hacen que la exclusión institucional de las comunidades indígenas tenga un mayor impacto. Pero sin embargo existen propuestas para avanzar hacia un enfoque de justicia intercultural y de derechos colectivos que reconozca las especificidades culturales y lingüísticas de estos pueblos.

El estado de Guatemala ratificó el Convenio 169 el 5 de junio de 1996, y el 4 de marzo de 2010 la Corte de Constitucionalidad[4] determinó que sus disposiciones —incluidos los derechos colectivos y la consulta previa— tienen jerarquía constitucional en el país.

Ahora bien para darnos cuenta del impacto a nivel nacional sobre el componente lingüístico, en el censo del año 2018[5] se registraron 6,207,503 millones de personas como hablantes de idiomas mayas, resaltando el departamento de Alta Verapaz, con un total de 1,129,369 habitantes (18.19%), seguido de Quiché con un total de 846,500 habitantes (13.64%) y Huehuetenango con 760,871 (12.26%).

Tabla No. 1- Total de población pueblo Maya por departamento

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Grafica No. 1 – Mapa de población

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Ahora bien, dentro de la diversidad de barreras lingüísticas a lo interno del sistema judicial, han existido iniciativas o propuestas desde la institucionalidad publica para cerrar estas brechas, dentro de ellas podemos mencionar que en el año 2019 fue aprobada la Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (POJAJPI), por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde indica que su fin primordial es la “Atención con Pertinencia Cultural”. Derivado de esta política, el Organismo Judicial creó el Sistema Nacional de Intérpretes, constituida por una red de intérpretes que facilitan la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas, especialmente en contextos judiciales y administrativos, garantizando el acceso a la justicia y otros servicios públicos para personas hablantes de idiomas mayas, garífuna, xinca, o con discapacidad auditiva. 

La POJAJPI- 2019-2029 describe los principios rectores de la política, tales como: el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, identidad cultural, igualdad y no discriminación, pluralismo jurídico, derecho propio, pertinencia cultural y lingüística. Se organiza en cinco Ejes de trabajo:

• Reconocimiento
• Acceso
• Atención con pertinencia cultural
• Seguimiento y monitoreo
• Rendición de cuentas y participación.

Otra unidad creada por el OJ fue la constitución de la Secretaría de Pueblos Indígenas Organismo Judicial, que apoya técnicamente la ejecución de la Política del OJ sobre Pueblos Indígenas, esto según con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para estos pueblos. Esta política busca asegurar que los pueblos indígenas tengan acceso a un sistema de justicia respetuoso de sus derechos y de su cultura. 

Sin embargo, aún existen brechas: en departamentos como Quiché y Totonicapán, las variantes en los idiomas locales impiden que un solo intérprete satisfaga todas las necesidades lingüísticas de las comunidades; en Alta Verapaz e Izabal, la oferta de intérpretes es insuficiente, de modo que muchos juicios se realizan con la traducción literal “aproximada” o directamente en español, lo que limita la comprensión real del proceso por parte de los acusados o testigos indígenas.

Aunado a esto, la infraestructura judicial es escasa en áreas rurales. Muchas comunidades deben viajar largas distancias para llegar al juzgado más cercano, lo que implica gastos de transporte y jornadas enteras fuera de sus hogares. Cuando no hay intérprete disponible, los vecinos se ven obligados a llevar a un familiar que hable español o renunciar a su derecho a testificar en su lengua materna, dejándolos en una posición de vulnerabilidad frente a la autoridad.

Dentro de la diversidad de manifestaciones de racismo judicial se puede hablar como elemento de análisis las acusaciones y el contexto en el que se dan estas, por tomar un caso emblemático que recién sucedió, es el del mes de abril de 2025, fueron arrestados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, del colectivo indígena Los 48 Cantones. Fueron acusados por el Ministerio Público de delitos como terrorismo, asociación ilícita, obstrucción a la justicia, sedición y asociación ilícita, supuestamente por su participación en protestas y bloqueos durante las manifestaciones de 2023.

La motivación de las acusaciones y defensa, como lo han indicado organizaciones nacionales e internacionales relacionadas a la defensa de derechos humanos y defensa de activistas, diversas autoridades y asambleas indígenas denunciaron que esta persecución representa una criminalización de la protesta indígena, atentando contra su autonomía.

En este caso y otros se puede identificar un claro patrón de discriminación y práctica judicial, este caso fue el uso político del sistema judicial, que favorece a actores con poder económico o político a costa de líderes indígenas. Se trata de una práctica denunciada por estudios internacionales que advierten sobre el uso indebido de leyes antiterroristas para reprimir protestas pacíficas

Es en este elemento de exclusión institucional y falta de reconocimiento de derechos colectivos que el sistema judicial tradicional reconoce un único marco normativo, pero ignora los sistemas de justicia comunitaria que conviven en las comunidades del interior del país. En departamentos como Quiché y Totonicapán, algunas autoridades municipales indígenas han incorporado prácticas de mediación basadas en normas consuetudinarias para resolver conflictos internos, reconocidos por la Constitución art. 66 y 203 y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a aplicar justicia ancestral, siempre que no contravenga estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.  Sin embargo, si el caso trasciende a delitos tipificados como “graves” (homicidio, violación, violencia intrafamiliar) no pueden ser juzgados por autoridades comunitarias y se reservan exclusivamente al sistema judicial estatal, sin coordinación efectiva con los mecanismos ancestrales.

Esto ha generado algunas tensiones en las comunidades indígenas que sostienen que sus normas ancestrales priorizan sanciones reparadoras (restitución de tierras, ceremonias, reparación del daño) y fomentan la reintegración comunitaria, en lugar del sistema punitivo del Estado.

Este modelo de justicia, efectivo en conflictos menores, no se articula adecuadamente con el Estado cuando ocurren delitos graves, lo que provoca tensiones, sensación de desconexión y deslegitimación comunitaria, ya que se da por sentado que solo la penalización estatal responde a su proceder.

Lo anterior solo ha generado desconfianza en el sistema estatal ha fortalecido los mecanismos de justicia comunitaria, pero al mismo tiempo profundiza la exclusión, pues quienes recurren a sus propios sistemas carecen de reconocimiento legal pleno y quedan al margen de procesos penales formales. La falta de articulación provoca que delitos graves —como despojo de tierras, violencia de género y extracción ilegal de recursos— queden impunes o se resuelvan de maneras que no satisfacen los estándares internacionales de derechos humanos.

Se podrían detallar muchas propuestas de enfoque de derechos colectivos e iniciativas de justicia intercultural que permitan fortalecer e institucionalizar el Sistema Nacional de Intérpretes y traductores, se debe iniciar por el reconocimiento legal de la jurisdicción comunitaria. así como la creación de juzgados móviles interculturales que permitan el acceso pronto y justo a las comunidades alejadas del país. E implementar una fuerte campaña de sensibilización y capacitación a jueces y fiscales, por medio de programas continuos de formación en derechos indígenas, diversidad cultural y estándares internacionales.

El promover la participación ciudadana y veedurías o auditoria social comunitaria a organizaciones de la sociedad civil, juntas de acción comunal y asociaciones de abogados mayas pueden integrar comités de vigilancia que acompañen audiencias y den fe pública de la correcta traducción y trato digno.

Pero no bastan propuestas de fortalecimiento, que tienen el objetivo de garantizar una justicia equitativa, capaz de reconocer el idioma, cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas. La mirada colectiva, al considerar la reparación del tejido social y no solo la sanción individual, puede transformar gradualmente un sistema marcado por la exclusión. Sino que deben de tener un fuerte componente de voluntad política para su realización.

[1] Instituto Nacional de Estadistica

[2] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

[3] El racismo se basa en la creencia de la superioridad de un grupo étnico sobre otro, lo que a menudo conduce a la discriminación, la exclusión y la persecución. La discriminación, implica la desigualdad de trato o el trato desfavorable hacia una persona o grupo debido a características específicas como la raza, el origen étnico, la religión, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. 

[4] Sentencia 2009-1551: reconoció la jerarquía constitucional del Convenio 169, estableciendo que sus disposiciones tienen rango constitucional y deben ser aplicadas en Guatemala.
Esta sentencia enfatizó la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad cultural, tierras, y participación en asuntos que les afectan.

[5] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

En Guatemala, donde el sistema de justicia enfrenta constantes presiones políticas, retrocesos democráticos y ataques sistemáticos contra operadores judiciales independientes, la defensa de la independencia judicial se ha convertido en una causa urgente. En este contexto adverso, una nueva generación de actores está emergiendo con fuerza: jóvenes abogados, estudiantes de derecho y colectivos ciudadanos comprometidos que no solo denuncian los abusos, sino que también proponen soluciones, observan, auditan y acompañan procesos judiciales de alto interés público. Colectivos organizados en la ciudad capital y organizaciones juveniles del interior del país están demostrando que la juventud vinculada a la problemática social y principalmente en el sector justicia, no es indiferente. Muy por el contrario, se posicionan como una generación clave para revitalizar la lucha por un sistema judicial independiente, imparcial y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

La independencia judicial en Guatemala no es únicamente un principio constitucional; es también una trinchera de resistencia democrática.

En los últimos años, diversas voces nacionales e internacionales han denunciado la creciente captura del sistema de justicia por redes político-económicas ilegales, manifestada en la persecución de jueces independientes, fiscales anticorrupción y defensores de derechos humanos. Frente a este panorama sombrío, las juventudes organizadas han decidido no permanecer al margen. Agrupadas en colectivos, redes universitarias y grupos territoriales, estas nuevas generaciones están asumiendo un rol protagónico en la defensa del Estado de derecho, empleando herramientas como la auditoría social ciudadana, el litigio estratégico, las campañas de comunicación y el monitoreo constante del sistema judicial. Este espacio analizamos su papel en el fortalecimiento democrático y los múltiples desafíos que enfrentan en un entorno marcado por la conflictividad institucional y la represión.

La independencia judicial es un valor en disputa, principio fundamental del Estado de derecho, implica que jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones sin interferencias indebidas, presiones políticas ni represalias. Sin embargo, en Guatemala este principio ha sido reiteradamente vulnerado. Casos paradigmáticos como la criminalización de jueces independientes, la manipulación en la elección de cortes y la instrumentalización del derecho penal para perseguir a operadores de justicia, reflejan una justicia cooptada por intereses paralelos.

Según informes[1] que abordan como la justicia ha sido capturada, al menos 25 operadores de justicia independientes se han exiliado desde 2018 debido a amenazas o procesos penales espurios. Esta situación ha generado un profundo desencanto en la ciudadanía, pero también ha despertado nuevas formas de organización y resistencia, especialmente desde las juventudes.

En una nueva narrativa generacional Justicia Ya[2] es uno de los colectivos juveniles más visibles en la escena guatemalteca. Nacido en el contexto de las protestas ciudadanas de 2015, este grupo ha evolucionado desde el activismo digital hacia una incidencia más articulada en temas de justicia. Conformado por jóvenes profesionales —principalmente abogados— su trabajo combina análisis jurídico, comunicación estratégica y movilización ciudadana.

Estos colectivos tanto de la ciudad capital como del interior del país han acompañado procesos clave como las elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, promoviendo una mayor transparencia en las comisiones de postulación. Inclusive ciertas organizaciones han impulsado campañas educativas sobre independencia judicial, corrupción y acceso a la justicia, acercando estos temas a audiencias jóvenes a través de redes sociales, podcasts, videos y actividades presenciales.

Un sector para resaltar en esta nube de colectivos es el de jóvenes del interior, que con muchas limitaciones no solo de distancia, sino financieras, técnicas, entre otras, se han embardado en procesos formales de auditoría ciudadana desde los territorios.

En donde más allá de la capital, en departamentos como Quetzaltenango, Alta Verapaz y Huehuetenango, han surgido colectivos juveniles que integran estudiantes de derecho, abogados recién graduados y activistas comunitarios. Estas agrupaciones, la mayoría de las veces con apoyo de universidades o redes de organizaciones de sociedad civil, realizan auditorías sociales a juzgados locales, dan seguimiento a casos de interés comunitario, e impulsan debates públicos sobre la justicia en sus territorios.

Un ejemplo destacado es el Grupo de Apoyo Xela (GAX ONG)[3], una organización de base comunitaria legalmente establecida en Quetzaltenango ha impulsado la creación del Observatorio de Justicia Abierta desde Sociedad Civil. Este observatorio se centra en abrir datos del sector justicia en Guatemala, facilitando acciones de veeduría social desde la sociedad civil y promoviendo la transparencia en el sistema judicial. Estos procesos contribuyen no solo a visibilizar malas prácticas judiciales, sino también a construir una cultura de exigencia y vigilancia desde lo local.

Casos emblemáticos

• En 2023, adolescentes y jóvenes organizados en cinco municipios de Quetzaltenango se expresaron y promovieron sus derechos a través de diferentes acciones, como parte de sus planes de trabajo. Estas actividades fueron parte de iniciativas apoyadas por organizaciones como PAMI[4] Guatemala.
• En Cobán existen iniciativas relevantes que involucran a estudiantes de Derecho en actividades relacionadas con la promoción de la justicia y los derechos humanos. Taller Jurídico en Cobán: La sede de Cobán de Nueva Acrópolis Guatemala inició un Club Jurídico con talleres sobre ética en las profesiones legales, desarrollados por abogadas voluntarias[5].

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala – Sede Cobán: Ofrece programas académicos en Ciencias Jurídicas y Sociales, formando profesionales éticamente responsables y socialmente comprometidos.

Los ejemplos anteriores resaltan un tema fundamental que es la educación jurídica y compromiso cívico, que son un binomio necesario para reducir las brechas no solo educativas sino de igual manera digitales.

La formación académica en derecho ha sido tradicionalmente formalista y alejada de una perspectiva crítica sobre el rol del sistema de justicia en la democracia. Sin embargo, universidades públicas y privadas están comenzando a abrir espacios donde los estudiantes pueden reflexionar sobre la justicia como bien público, desarrollar pensamiento crítico y vincularse con procesos de auditoría social, litigio estratégico o comunicación para la incidencia. Es de resaltar que estos espacios si bien son a nivel universitario muchas iniciativas nacen desde los estudiantes y no de la institucionalidad de las universidades.

La Fundación Myrna Mack[6] ha publicado diversos informes y estudios relacionados con el sistema de justicia guatemalteco, como «Justicia en cifras: Analizando el desempeño de la institucionalidad del sistema de justicia», que analiza la capacidad de respuesta de instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial entre 2018 y 2022. Sin embargo, estos estudios no incluyen encuestas dirigidas a estudiantes de Derecho ni datos específicos sobre su interés en participar en iniciativas ciudadanas relacionadas con el sistema de justicia.

Un componente para tener presente es ver que han implementado en otros países como experiencias regionales dirigidas o enfocadas a jóvenes por la justicia en América Latina, Guatemala no está sola en esta lucha por la independencia judicial y el involucramiento de este bono demográfico de juventudes. Por ejemplo:

Existen iniciativas en Perú que promueven la participación de estudiantes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos. Como:

• Red ESPAZ[7] Perú: La Red Internacional de Estudiantes por la Paz (Red ESPAZ Perú) tiene como objetivo capacitar a jóvenes estudiantes en temas relacionados con la cultura de paz, liderazgo, educación, derechos humanos y desarrollo sostenible. Si bien su enfoque principal no es la independencia judicial, su labor en derechos humanos es relevante.
• Programa Secigra Derecho[8]: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de Perú implementa el programa Secigra Derecho, que en 2024 contó con la participación de 2,302 estudiantes de 90 universidades del país. Estos estudiantes realizan prácticas profesionales en diversas instituciones públicas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de justicia.

En cuanto a Colombia y Honduras, se han identificado movimientos juveniles que han participado activamente en la defensa de la independencia judicial y la promoción del Estado de derecho. Por ejemplo:

• Colombia: Aunque no se ha encontrado información específica sobre una organización llamada «De justicia» que forme generaciones de jóvenes investigadores y litigantes, existen diversas iniciativas y programas académicos que promueven la formación de jóvenes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos.
• Honduras[9]: El «Movimiento de las y los indignados» ha liderado protestas masivas en varias ciudades del país, exigiendo transparencia y justicia. Estas movilizaciones han sido impulsadas en gran medida por jóvenes, quienes han desempeñado un papel crucial en la defensa de la independencia judicial.

Estas experiencias regionales demuestran que las juventudes pueden ser agentes de cambio significativos en la promoción y defensa de la independencia judicial, incluso en contextos adversos y que puedan promover iniciativas de auditoria social al sistema de justicia penal de Guatemala.

En ese sentido, los colectivos guatemaltecos deben de fortalecer estas alianzas regionales, crear espacios para el intercambio de metodologías en procesos de auditoría social o ciudadana y construir una red que permita obtener una radiografía ciudadana del sistema de justicia nacional. Y si este esfuerzo nacional se le suma organizaciones de sociedad civil latinoamericanas y la cooperación internacional quienes juegan un rol clave en apoyar este tipo de articulaciones, los cambios necesarios puedes esperarse que sean a mediano plazo y de beneficio para nuestro país.

Pero en el contexto actual que enfrentamos como país, se tienen escenarios diversos y adversos en muchas áreas que se convierten en desafíos para el compromiso juvenil con la justicia, ya que pese al entusiasmo y la innovación de este bono demográfico de juventudes, su camino no está libre de obstáculos. como:

• La criminalización del activismo juvenil, especialmente en contextos rurales o indígenas, donde la defensa de los derechos suele ser estigmatizada.
• La falta de una oportunidad laboral, que desincentiva la participación en actividades no remuneradas como la auditoría social.
• La falta de acceso a información pública de parte del poder judicial clara, actualizada y en formatos editables y amigables para el monitoreo ciudadano.
• El escaso reconocimiento institucional, ya que muchos operadores judiciales no consideran a las juventudes como interlocutores legítimos en la discusión sobre justicia.

Pero el superar estos retos implica una acción coordinada entre universidades, organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional y entidades que conforman el sistema de justicia penal y que estén comprometidas con la transparencia y la participación ciudadana.

Una nueva generación, una nueva esperanza las juventudes, jóvenes abogados y abogadas están demostrando que la independencia judicial no es solo un principio abstracto o una preocupación de ciertas élites o grupos sociales aislados. Sino que se  ha convertido en una condición necesaria para construir y contribuir a una sociedad más justa, donde las leyes no sean un instrumento de persecución sino de protección.

Aunque se enfrentan enormes desafíos, su creatividad, valentía y compromiso los convierten en actores imprescindibles para el presente y el futuro del sistema de justicia guatemalteco. Escucharlos, apoyarlos y visibilizar su trabajo es clave para transformar la relación entre ciudadanía y justicia en el país.

[1] https://www.wola.org/es/

[2] linktr.ee/justiciayagt

[3] https://gaxong.gt/justicia-abierta-gax

[4] https://pami-guatemala.org/2023/07/12/adolescentes-y-jovenes-organizados-se-expresan-y-promueven-sus-derechos-en-5-municipios-de-quetzaltenango

[5] https://www.nuevaacropolis.org.gt/taller-juridico-en-coban

[6] https://myrnamack.org.gt/justicia-en-cifras-analizando-el-desempeno-de-la-institucionalidad-del-sistema-de-justicia

[7] redespazperu.org

[8] https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/906816-minjusdh-mas-de-2-mil-estudiantes-universitarios-participan-en-programa-secigra-derecho-2024

[9] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12049.pdf

Un conflicto entre el Estado y los derechos ancestrales

Guatemala, donde el 44% de la población se identifica como indígena según el censo de 2018[1], enfrenta una tensión persistente entre los derechos colectivos de sus pueblos originarios, reconocidos en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT[2] y la Constitución Política de la República de Guatemala, tensión provocada por proyectos económicos extractivistas respaldados por decisiones judiciales. Las consultas comunitarias, como mecanismos ancestrales de decisión que han sido ejercidas masivamente por las comunidades para reivindicar sus derechos políticos y ambientales, han sido sistemáticamente deslegitimadas por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual, bajo argumentos técnicos, ha ignorado su valor cultural y jurídico. Mientras en años pasados la CC declaró «ilegales y arbitrarias» las licencias mineras sin consulta, sus fallos entre 2016 y 2018 relativizaron el alcance de estos procesos, declarándolos no vinculantes y eliminando su poder de veto efectivo.

Este giro judicial no solo debilita los derechos de las comunidades en un contexto de creciente conflictividad socioambiental, sino que también incide en la criminalización de sus líderes, evidenciando la contradicción entre los estándares internacionales y la aplicación práctica de la justicia local.

Este conflicto ancestral no es solo legal, es político, histórico y ambiental. Desde 2005, más de 100 consultas se han realizado en Guatemala, principalmente contra minería, hidroeléctricas y monocultivos. El 90% ha rechazado estos proyectos, según la Plataforma Internacional contra la Impunidad (2020). Pero la CC, en vez de proteger estos procesos, los ha declarado «no vinculantes», «informales» o incluso «ilegales», como en San Juan Sacatepéquez, donde una minera de cemento operó por años pese al rechazo masivo de las comunidades.

Sin embargo, en la década reciente ha persistido un vacío normativo, Guatemala carece de una ley general de consulta indígena. En ausencia de un marco legal claro, las comunidades han apelado al Código Municipal (Decreto 12-2002[3]) para convocar referendos locales y respaldar sus asambleas. La CC ha reconocido que estos procesos existen como mecanismos de democracia directa, pero ha puntualizado que son “consultivos y no vinculantes” para el Gobierno​. En otras palabras, aunque el Estado debe escucharlos, los resultados de las consultas populares no obligan a modificar concesiones. Así, las resoluciones judiciales recientes limitan el impacto práctico de la consulta previa, pues dejan la decisión final en manos de autoridades nacionales.

En entrevista con Artucho Chub investigador y activista de derechos humanos al respecto sobre las consultas comunitarias nos indica que : “Son 3 cuerpos legales los que se invocan para ejercer el derecho a la Consulta: Constitución Política de la República, sobre la Preeminencia de los Tratados y Convenios Internacionales sobre DDDHH; el Convenio 169 sobre el derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados antes de la implementación de decisiones jurídicas y administrativas que les afecten; y el Código Municipal que habla sobre las Consultas a los Vecinos.”

Respecto a la convocatoria nos indica el entrevistado que: “En la práctica hay Consultas convocadas y realizadas por las Empresas que implementan proyectos extractivistas en las comunidades; Consultas convocadas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas; Consultas convocadas por algunas Municipalidades; y Consultas Comunitarias de Buena Fe, donde no hay intervención estatal de ninguna clase, porque éstas se niegan a realizar la misma.”

Respecto a la jurisprudencia de las resoluciones “La jurisprudencia de la CC indica que la Consulta es vinculante si la realiza la entidad del Ejecutivo vinculada, que puede ser el MEM[4]. También indica que es el Estado a través del Ejecutivo, el único actor obligado a realizar la Consulta, por lo tanto las Consultas hechas por las Empresas no tienen valor jurídico. Las consultas hechas por las Municipalidades son vinculantes en tanto se circunscriban a las obligaciones de la misma entidad, y, no pueden ser vinculantes cuando la materia de la consulta corresponde a una entidad como el MEM, puesto que supera el ámbito de su competencia. Las consultas comunitarias no son vinculantes, puesto que no media la participación del Estado.”

Como reflexión final el especialista indica que: “El Ejecutivo no necesita que mediante la otorgación de un Amparo se le obligue a realizar previamente la consulta, puesto que el Convenio 169 es ley nacional y de observación general. Es decir, el Estado, a pesar de que sabe que los Pueblos Indígenas tienen que ser consultados previo a la aprobación y ejecución de decisiones administrativos en su territorio, sistemáticamente, niega ese derecho,”

De tal cuenta exploraremos muy superficialmente cómo el sistema de justicia guatemalteco, lejos de ser un árbitro neutral, se ha alineado con intereses económicos, negando el derecho a la autodeterminación de los pueblos. A través de casos emblemáticos, análisis comparativos y propuestas concretas, revelando grietas de un sistema que necesita urgentemente reformas para cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Consultas comunitarias, más que un trámite, un derecho humano pero ¿Qué son y por qué son vitales?son procesos colectivos donde los habitantes de una comunidad deciden sobre proyectos que afectan a sus territorios, recursos o formas de vida. No son simples votaciones, sino son una serie de etapas diversas para su realización como en ciertas ocasiones la elaboración de rituales, asambleas y debates basados en el derecho consuetudinario.

El Convenio 169 de la OIT —ratificado por Guatemala en 1996— exige que estos procesos sean previos, libres, informados y culturalmente adecuados. Sin embargo, Guatemala carece de una ley específica para regularlas. Esto permite que la CC las juzgue bajo normas genéricas como la Ley de Minería o la Constitución Política, ignorando su naturaleza intercultural. Por ejemplo, en 2016, la CC dictaminó que las consultas deben ser «técnicas» y realizadas por el Estado, no por las comunidades, contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso de San Juan Sacatepéquez: Un laboratorio de resistencia

Entre 2006 y 2018, comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez realizaron 34 consultas para rechazar la minería de cal de Cementos Progreso. Con una participación del 98% en contra, el proceso fue ejemplar: incluyó traductores, asambleas en idioma kaqchikel y validación por autoridades ancestrales.

Pero en 2018, la CC declaró las consultas «inexistentes», argumentando que solo el Ministerio de Energía y Minas puede autorizar proyectos extractivos. La resolución no mencionó el Convenio 169 ni los estándares de la CIDH. Como consecuencia, la empresa continuó operando, y líderes comunitarios enfrentaron criminalización: 7 fueron encarcelados por «oponerse al desarrollo».

Un dato clave es que un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2021) señala que el 80% de los conflictos socioambientales en Guatemala involucran violaciones al derecho a la consulta.

La Corte de Constitucionalidad: ¿Garante de derechos o instrumento del poder económico? Como la Jurisprudencia en contravía de los estándares internacionales

La CC ha emitido una serie de resoluciones desde 2010 invalidando consultas comunitarias. Sus argumentos recurrentes son:

1. «Falta de regulación formal».
2. «Las comunidades no tienen competencia para vetar proyectos».
3. «El interés nacional prima sobre los derechos indígenas».

Estos criterios ignoran fallos clave de la CIDH, como el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra vs. Honduras (2015), donde se estableció que los Estados deben adaptar sus marcos legales para garantizar consultas culturalmente pertinentes, incluso si no existen leyes específicas.

Más allá de San Juan Sacatepéquez existen otros casos emblemáticos como:

• El Escobal (2013-2023): La mina de plata de Tahoe Resources, suspendida en 2017 tras protestas y consultas en Santa Rosa y Jalapa, ha sido reactivada pese a que la CC no ha resuelto sobre la consulta a comunidades xincas. En 2023, la CIDH admitió una demanda contra Guatemala por violar el derecho a la consulta en este caso.
• Hidroeléctrica Oxec (2017): La CC avaló la construcción en tierras q’eqchi’ sin consulta previa, argumentando que el proyecto era de «interés nacional». La comunidad denunció que la empresa usó firmas falsas para simular consentimiento.
• Polochic (2021): La CC negó una acción legal de comunidades q’eqchi’ contra una plantación de palma africana, pese a pruebas de desplazamiento forzado y contaminación de ríos.

Casos emblemáticos

Fuente: Elaboración propia

Si se ve desde una perspectiva crítica y objetiva se puede ver como la CC opera bajo una lógica colonial, donde el «desarrollo» se mide en megaproyectos, no en bienestar comunitario. Como señala el abogado indígena Juan Castro (2022): «La Corte exige que las consultas cumplan formalidades europeas, pero no entiende que para nosotros, la tierra es una madre, no un recurso».

Iniciativa de Ley 5450: Hacia una Regulación del Derecho a la Consulta en Guatemala

La Iniciativa 5450 fue presentada al Congreso de la República de Guatemala el 7 de agosto de 2018 por varios diputados, incluyendo a Amílcar de Jesús Pop Ac y Orlando Joaquín Blanco Lapola. Su objetivo principal es crear un instrumento jurídico que garantice el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de buena fe, de manera libre, previa e informada, especialmente en decisiones que afecten sus tierras, territorios y recursos naturales.

Objetivos y Contenido

La iniciativa propone:

• Establecer procedimientos claros y culturalmente adecuados para la realización de consultas a los pueblos indígenas.
• Garantizar que estas consultas sean vinculantes y respeten la autodeterminación de las comunidades.
• Armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Además, busca resolver la conflictividad social derivada de la falta de consulta en proyectos de desarrollo que afectan directamente a las comunidades indígenas.

Cuál es el estatus actual de dicha iniciativa (Trámite Legislativo)

Tras su presentación, la iniciativa fue remitida a las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de Pueblos Indígenas para su estudio y dictamen correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha avanzado en su aprobación, lo que refleja la falta de voluntad política para legislar en favor de los derechos de los pueblos indígenas.

¿Qué relevancia en él tiene esta iniciativa en el contexto actual?

La ausencia de una ley específica sobre consultas ha llevado a que las comunidades indígenas en Guatemala recurran a mecanismos alternativos, como las consultas comunitarias de buena fe, amparadas en el Código Municipal. No obstante, la Corte de Constitucionalidad ha declarado que estas consultas no son vinculantes, lo que debilita su efectividad y deja a las comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a proyectos que afectan sus territorios.

La aprobación de la Iniciativa 5450 sería un paso fundamental para reconocer y proteger el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, conforme a su cosmovisión y sistemas normativos propios, y para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado guatemalteco.

Pero revisando el estatus de esta iniciativa en la página web del Congreso de la República[5]  se observa que la Comisión de Pueblos Indígenas 04-12-2018 emitió Dictamen desfavorable[6] .

Las diversas lecciones de América Latina plantean el cuestionamiento de ¿Qué caminos alternativos existen?

Perú: Una ley de consulta previa con luces y sombras

En 2011, Perú aprobó la Ley de Consulta Previa, que reconoce el derecho vinculante de los pueblos indígenas a ser consultados. Aunque su implementación es desigual, ha permitido frenar proyectos como la expansión del lote petrolero 192 en Loreto (2015), donde comunidades achuar y kichwa lograron negociar compensaciones ambientales.

Bolivia: Autonomías indígenas en la Constitución

La Constitución boliviana de 2009 reconoce la «autonomía indígena» y el derecho a gestionar recursos naturales en sus territorios. Aunque persisten conflictos (como el polémico proyecto de la carretera del TIPNIS), las comunidades pueden apelar a normas propias. Por ejemplo, en 2020, la nación guaraní detuvo una exploración petrolera usando su estatuto autonómico.

De estos casos o ejemplos puntuales ¿Qué puede aprender Guatemala?

• Reconocer la pluralidad jurídica: Las consultas deben integrar sistemas normativos indígenas.
• Crear un protocolo intercultural: Con participación de líderes indígenas, académicos y jueces.
• Fortalecer la justicia ambiental: Tribunales especializados en conflictos socioambientales, como existen en Costa Rica.

Lecciones para Guatemala

Fuente: Elaboración propia

Para romper el círculo de conflictos, organizaciones como la Asociación de Abogados Mayas proponen:

• Ley de Consultas Comunitarias: Elaborada con participación indígena, que defina plazos, metodologías y consecuencias jurídicas.
• Reforma a la Ley de Amparo: Para que las acciones constitucionales protejan específicamente los derechos colectivos indígenas.
• Capacitación judicial: Talleres para operadores de justicia sobre estándares internacionales y cosmovisión maya.
• Observatorio de conflictos: Una entidad independiente que documente y medie en disputas socioambientales.

Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no solo violan derechos humanos: profundizan la desconfianza en un sistema judicial ya cuestionado por corrupción e impunidad. Según Latinobarómetro[7] (2023), el 88% de los guatemaltecos desconfía de los tribunales, cifra que llega al 95% en áreas indígenas.

Guatemala necesita un nuevo pacto social donde la justicia no sea un instrumento de exclusión. Esto implica:

• Reconocer las consultas comunitarias como actos jurídicos válidos.
• Sancionar a empresas que operan sin consentimiento libre.
• Priorizar diálogos interculturales, no fallos unilaterales.

Como expresa la líder kaqchikel María Pedro (2023): «Sin consulta, no hay paz. Solo habrá más resistencia».

Enlaces de interés:

• https://mem.gob.gt/consultas-a-pueblos-indigenas/
• https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5499

Referencias

1. CIDH, Caso Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador (2012).
2. OACNUDH, Informe sobre conflictos socioambientales en Guatemala (2021).
3. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, Reporte 2023.
4. Instituto Nacional Demócrata, Estudio sobre pluralismo jurídico (2022).

[1] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

[2] https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

[3] Articulo 17. Derechos y obligaciones de los vecinos.

[4] Ministerio de Energía y Minas

[5] https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5499

[6] https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/dictamen/1550256008_Dictamen%205450.pdf

[7] https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones y la toma de la presidencia marca un cambio importante en la política de Estados Unidos. Su enfoque en fortalecer la economía nacional, endurecer las políticas migratorias y abordar conflictos internacionales con métodos poco convencionales ha generado grandes expectativas y preocupaciones tanto dentro como fuera del país. El retorno de Trump al poder no solo afecta a Estados Unidos, implica presiones de varios tipos a nivel global y también al país.

1. Las Promesas Nacionales de Trump

Trump ha basado su campaña en un discurso centrado en el fortalecimiento de los intereses nacionales, enfocado en dos áreas principales:

Medidas migratorias estrictas: Durante su campaña, Trump enfatizó la necesidad de intensificar la lucha contra la migración indocumentada. Esto incluye una posible persecución y deportación masiva de inmigrantes indocumentados, lo que podría transformar el panorama social y económico de las comunidades migrantes. Aunque esta política cuenta con apoyo entre algunos sectores de la población estadounidense, también genera preocupación por sus implicaciones humanitarias.

Proteccionismo económico: Trump ha prometido implementar aranceles a productos extranjeros, especialmente aquellos provenientes de China, con el objetivo de fortalecer la industria y la economía nacional. Estas medidas también buscan disminuir la dependencia del comercio internacional y priorizar la producción local. Sin embargo, podrían afectar negativamente a las relaciones comerciales con socios tradicionales como México. Se teme que también que promueva aranceles a los productos que se exportan desde nuestro país hacia Estados Unidos siendo este uno de nuestros socios más importantes del país.

2. Efectos en Guatemala y América Latina

Las políticas de Trump tendrán un impacto significativo en Guatemala y otros países de la región, particularmente en tres áreas clave:

Deportaciones masivas: Una de las primeras medidas que se anticipan es el aumento en el número de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos. Esto podría sobrecargar los sistemas de apoyo social y generar tensiones económicas en Guatemala, un país que depende en gran medida de las remesas enviadas por los migrantes.

Riesgo para las remesas: Las remesas son una de las principales fuentes de ingresos para muchas familias guatemaltecas. Trump ha amenazado con imponer tarifas a estos envíos como parte de su estrategia para presionar a los países de origen a contener la migración. Aunque esta medida no se implementó en su primer mandato, su reintroducción genera incertidumbre económica en Guatemala.

Contención migratoria: La región podría enfrentar una mayor presión por parte de Estados Unidos para actuar como barrera de contención de los flujos migratorios. Esto implicaría un aumento en las responsabilidades y tensiones diplomáticas para países como Guatemala y México. El país desde el triunfo de Trump en las elecciones sufrió un incremento en el número de deportados, el presidente Arévalo es consiente de este problema por lo que ha preparado “estrategias”. Se prevé en el corto plazo el aumento de ingresos al país por remesas dada las amenazas de poner tarifas por envío de remesas, y en el largo plazo la disminución de remesas provocando grandes impactos en el crecimiento económico del país.

3. Perspectivas Globales: Un Mundo en Tensión

El regreso de Trump también tendrá profundas repercusiones en la política internacional, marcando un alejamiento de la postura tradicional de Estados Unidos como líder global:

Fin de los conflictos internacionales: Una de las promesas más ambiciosas de Trump es poner fin a las guerras en Ucrania y Gaza. En el caso de Gaza, solo con su reelección y amenazas han facilitado acuerdos para un cese al fuego y la liberación de rehenes. Sin embargo, su retirada del apoyo a Ucrania y Europa genera incertidumbre sobre el futuro de estos conflictos y podría fortalecer a potencias como Rusia.

Impacto en la OTAN: Los países europeos miembros de la OTAN ya han comenzado a aumentar sus presupuestos de defensa, preocupados por la reducción del respaldo estadounidense. Esto podría llevar a una Europa más militarizada y menos dependiente de Estados Unidos, pero también más vulnerable a tensiones regionales.

Nuevas dinámicas de poder: La postura proteccionista de Trump también podría distanciar a Estados Unidos de los foros multilaterales, debilitando la cooperación internacional en temas críticos como seguridad, comercio y cambio climático. Además, países como China y Rusia podrían aprovechar este vacío para consolidar su influencia global.

4. Las Decisiones de Biden Tras la Derrota Electoral

La derrota electoral de Joe Biden marcó un final tumultuoso para su administración. Durante sus últimos meses en el cargo, Biden implementó una serie de medidas que han generado un debate considerable sobre sus implicaciones:

Apoyo a Ucrania: Antes de dejar el poder, Biden autorizó el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania, una decisión que muchos consideran un intento de contrarrestar la influencia de Rusia y asegurar su legado como defensor de la democracia en Europa. Sin embargo, esta medida también incrementó las tensiones con Moscú y generó temores de una escalada en el conflicto.

Decisiones migratorias: Biden también relajó ciertas restricciones migratorias como parte de un esfuerzo por cumplir con sus promesas de campaña. No obstante, estas medidas fueron aprovechadas por los republicanos para reforzar su narrativa sobre la necesidad de un mayor control fronterizo.

Relaciones exteriores: La administración Biden buscó fortalecer alianzas tradicionales, especialmente con la Unión Europea y la OTAN, para contrarrestar a potencias como China y Rusia. Sin embargo, estas acciones fueron vistas como insuficientes para evitar la consolidación de nuevos bloques de poder.

Conclusión

El segundo mandato de Trump promete ser un período de cambios profundos y, en algunos casos, controversiales. Mientras que sus políticas buscan priorizar los intereses nacionales de Estados Unidos, las repercusiones para países como Guatemala y la comunidad internacional serán significativas. Por otro lado, las decisiones de última hora de Joe Biden resaltan los esfuerzos por asegurar su legado centrado en el apoyo a Ucrania, indultos y decisiones cuestionables. A medida que Estados Unidos redefine su rol en el escenario mundial, el equilibrio global se enfrenta a nuevas dinámicas que podrían marcar el inicio de una era de incertidumbre y transformación con impactos en países como el de Guatemala.